Históricamente, la comunidad internacional reconoce a Costa Rica como uno de los países con mejor sistema democrático, por la construcción y fortaleza de las diferentes instituciones y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos.

Uno de los sistemas, que destaco en estas líneas, en el ámbito de la institucionalidad es la definición de los presupuestos anuales. En el caso del Poder Judicial, inicia con un análisis y proyección para el siguiente año de acuerdo con lo solicitado por los diferentes órganos, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Judicatura, ámbito administrativo y el programa de protección a víctimas y testigos.

La Dirección de Planificación compila y revisa el gasto variable institucional, la Dirección de Gestión Humana hace una estimación de las remuneraciones, todo se integra y posteriormente se lleva a conocimiento de las y los integrantes del Consejo Superior, así como de las organizaciones gremiales en la denominada Comisión de Presupuesto.  Después de una semana de sesiones extraordinarias se logran acuerdos con las dependencias citadas, pues es necesario ajustarse al límite presupuestario fijado por el Ministerio de Hacienda, que en los últimos años no ha crecido y en algunas subpartidas, incluso es más bajo al año anterior.

Posteriormente, se pasa a conocimiento de la Corte Plena, máximo órgano jerárquico, que analiza la propuesta de formulación, la aprueba y finalmente se presenta al Ministerio de Hacienda el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.

Al ingresar el presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa, concretamente a la Comisión de Asuntos Hacendarios, inicia un camino para la defensa de los montos solicitado por el Poder Judicial.

Otra fase no menos importante de la responsabilidad del Poder Judicial es la fase de ejecución presupuestaria, aquí se proyecta cómo se puede aprovechar al máximo los recursos. Pero para la ejecución de este presupuesto es necesario que el Ministerio de Hacienda gire los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa, posiblemente no todos los aprobados por la Corte Plena y menos de lo propuesto por la Comisión de Presupuesto y mucho menos de los solicitado por las diferentes instancias.

Este es un breve resumen de la metodología utilizada para la definición del presupuesto del Poder Judicial, señalando que me salto mucho trabajo de planificación y coordinación interna.

Ya en la cara visible de este ejercicio democrático de frenos y contrapesos, muy probablemente el ministro de Hacienda con el presidente de la república; sin respetar todo el trabajo anterior, el cual se realiza de manera minuciosa y técnicamente respaldado, a efecto de identificar con certeza las necesidades reales mínimas para brindar un adecuado servicio público y conservar la administración de justicia con las condiciones requeridas para el mantenimiento de nuestro Estado de Derecho, junto a todos sus principios democráticos; definen políticamente para qué proyectos y o actividades se giran los dineros y a cuáles no, dado que el presupuesto es solo “una promesa del legislativo”.

Este trabajo que realiza a lo interno el Poder Judicial es poco conocido o incluso ignorado. En el marco de la discusión política se percibe el poco valor que se da este proceso, reitero de responsabilidad democrática del Poder Judicial y sus jerarcas.

Durante este año 2024 los recursos en el presupuesto para las sustituciones, horas extra y otros no serán suficiente, no alcanzará, por ello se proyecta que las labores del Poder Judicial en los últimos meses del año se verán afectados, así como proyectos institucionales donde es imperante la figura de la sustitución. El panorama para el año 2025 no es muy diferente al actual e incluso puede ser más ajustado aún.

Finalmente reflexiono en este entorno crítico por la falta de recursos para hacerle frente a las obligaciones dados por ley, que rumbo lleva la estabilidad y fortalecimiento de esta democracia costarricense bicentenaria, tenemos retos y desafíos en un futuro no muy alentador. Pero si tenemos un Poder Judicial comprometido con la democracia y su fortaleza.

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