No soy analista político, ni pretendo serlo. Pero por deformación profesional, desde el mundo de la estrategia, me cuesta observar la realidad sin intentar leer patrones.
Cuando uno mira a Costa Rica entre 2018 y 2026, el patrón parece claro: el país no vive una ruptura democrática, pero sí atraviesa una ola acumulada de presión sociopolítica. Costa Rica sigue siendo, en términos comparados, una de las democracias más sólidas de América Latina. Mantiene elecciones competitivas, libertades civiles, alternancia en el poder, institucionalidad y Estado de derecho.
Ese reconocimiento externo es importante. Pero también puede ser peligroso si se convierte en complacencia. Una democracia puede ser fuerte y, al mismo tiempo, estar bajo presión. La ola que vivimos no nació de un solo evento. Se ha formado por una secuencia de tensiones: reforma fiscal, huelgas, pandemia, deterioro de confianza institucional, inseguridad, crimen organizado y conflictividad política.
A eso se suma una fatiga democrática creciente y un cuestionamiento más profundo del contrato social costarricense. El país no se quebró, pero sí se tensó.
El año 2018 fue un punto de inflexión. La discusión fiscal no fue únicamente un debate técnico sobre impuestos, gasto público o déficit. Fue también una señal de desgaste del modelo que durante décadas sostuvo la narrativa costarricense: educación pública, salud universal, movilidad social, institucionalidad democrática y paz civil.
Ese relato sigue teniendo valor. Pero empezó a chocar con una realidad más compleja: mayor costo de vida, empleo más incierto, desigualdad persistente y una ciudadanía cada vez menos paciente. El contrato social no se rompe de un día para otro. Se desgasta cuando sus promesas dejan de sentirse alcanzables para una parte creciente de la población.
A esta presión social y económica se sumó una presión institucional cada vez más visible. El problema de Costa Rica no es la ausencia de instituciones. El problema es la erosión gradual de confianza en ellas. Cuando la ciudadanía percibe que el sistema no responde con suficiente velocidad, se abre espacio para liderazgos más confrontativos.
También se abre espacio para discursos antiinstitucionales y soluciones de corto plazo. Esa es una señal que una democracia madura no debería ignorar. La inseguridad es otra variable central. El crimen organizado ya no puede verse como un problema aislado de policía o tribunales. Es una amenaza al desarrollo humano, a la convivencia y a la estabilidad democrática. Cuando una sociedad siente que el Estado pierde capacidad para garantizar seguridad, cambia también su psicología política. Aumenta la tolerancia hacia respuestas más duras, más rápidas y menos deliberativas. Ese giro no implica automáticamente autoritarismo, pero sí modifica equilibrios democráticos delicados.
También hay una presión discursiva. Costa Rica entró en una etapa de debate público más áspero, emocional y fragmentado. La crítica al sistema es indispensable; sin crítica no hay democracia viva. Pero existe una diferencia entre cuestionar instituciones para mejorarlas y convertirlas en enemigas permanentes del pueblo.
Aquí entra el capítulo del gobierno 2022–2026 de Rodrigo Chaves. Sería simplista afirmar que esta ola nació con Chaves. Las tensiones venían de antes. Pero su gobierno sí fue, a mi juicio, el principal catalizador político de la etapa más intensa de esta presión sociopolítica.
Tomó un malestar real y lo convirtió en narrativa de poder. Tomó la frustración ciudadana y la transformó en estilo de liderazgo. Tomó la desconfianza hacia las instituciones y la amplificó como herramienta de comunicación política. Durante ese período, la confrontación dejó de ser un episodio ocasional y pasó a ser método.
El discurso oficial conectó con una ciudadanía cansada, molesta y frustrada. Eso no debe subestimarse: una parte del país ya no quería explicaciones técnicas, quería alguien que señalara culpables. El problema no es que un presidente critique. Todo gobernante tiene derecho a defender sus posiciones y confrontar políticamente. El problema aparece cuando la crítica se convierte en estrategia permanente de deslegitimación institucional.
Cuando Asamblea, Corte, prensa, partidos, órganos de control o liderazgos opositores son presentados recurrentemente como obstáculos o enemigos, se erosiona algo más profundo que una coyuntura política. Se erosiona la confianza en las reglas del juego. Y cuando esa confianza se debilita, la democracia pierde parte de su capacidad para procesar el conflicto sin romperse.
Por eso, al analizar la ola 2018–2026, el capítulo Chaves no puede tratarse como una nota al margen. No fue el origen único del malestar, pero sí su principal acelerador político. Su mayor herencia no está solo en indicadores de gestión. Está también en haber demostrado que en Costa Rica se puede construir apoyo popular desde la confrontación permanente con el sistema institucional.
Entonces, ¿hay una ola peligrosa? Sí, pero debe formularse con precisión. No estamos frente a una ruptura democrática abierta. Estamos frente a una presión acumulada: confianza institucional deteriorada, malestar socioeconómico, inseguridad, polarización, fatiga ciudadana y uso político del enojo.
Costa Rica no debe sobrerreaccionar. Pero tampoco subestimar. El mayor riesgo de una democracia madura es creer que su historia la protege automáticamente. Las democracias no se sostienen solo por tradición. Se sostienen por desempeño, legitimidad, confianza y capacidad de adaptación.
La pregunta no es si Costa Rica resistirá por inercia. La pregunta es si sus liderazgos serán capaces de reconstruir confianza, enfrentar la inseguridad y reducir tensiones sociales. También deberán modernizar el contrato social y recuperar una conversación pública menos destructiva. Ese es, quizás, el verdadero desafío nacional después de esta ola.
La estabilidad democrática no se hereda. Se gestiona.