• Los entes fiscalizadores del accionar público, tales como la Contraloría de la República, la Defensoría de los Habitantes, así como la propia Asamblea Legislativa, no tendrán información fidedigna y actual para realizar su labor.
  • Las nuevas autoridades deban basarse en información desactualizada para planificar y evaluar políticas y acciones en el ámbito nacional, regional, municipal y para áreas y poblaciones vulnerables.
  • No podrá darse seguimiento a los compromisos suscritos en la Agenda 2030 relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local y los organismos internacionales, entre ellos la OCDE, BID, FMI, Banco Mundial y ONU
  • No se contará con los indicadores actualizados sobre la situación del país, lo que podría limitar la inversión y la cooperación extranjera y el seguimiento a compromisos y convenios internacionales adquiridos por el país.