Hablar de conspiración no es tema trivial. Es una palabra con peso histórico, jurídico y emocional. Evoca golpes de Estado, violencia organizada y amenazas existenciales al orden democrático. Por eso, cuando una autoridad la pronuncia —y más aún cuando la acompaña de micrófonos, cámaras y transmisión en vivo— el país se detiene a escuchar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana, cuando la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) denunció la existencia de un supuesto plan para asesinar al presidente de la República y, al día siguiente, amplió esa denuncia para advertir sobre una presunta conspiración para sustituirlo. La gravedad del señalamiento ameritaba máxima seriedad. Lo que atestiguamos, sin embargo, fue otra cosa.
Empecemos por lo básico: los hechos comprobables.
La DIS presentó una denuncia sustentada, inicialmente, en pantallazos de conversaciones digitales que atribuían a una activista famosa por su posición crítica del gobierno (Stella Chinchilla Mora) el pago a un supuesto sicario. Posteriormente, la denuncia se amplió para incluir a otras cinco personas —dirigentes sociales, exdiputados y creadores de contenido— a partir de un audio parcial de una reunión de agricultores. En ese audio, se escuchan frases dichas en tono de broma sobre nombrar a uno de los asistentes “presidente interino” o “dictador por 18 días” de la agrupación (no del país) en medio de risas.
Desde el inicio, los denunciados reaccionaron con sorpresa e indignación y ofrecieron el audio completo de la reunión a la Fiscalía. Dura casi dos horas y quien lo escuchó pudo confirmar por su cuenta que no hay planificación de atentados, ni llamados a la violencia, ni diseño alguno de ruptura institucional. Hay, sí, discusión política, organización sectorial, críticas al gobierno, análisis electoral y, al final, un comentario jocoso que fue aislado y reinterpretado como prueba de una conspiración.
Ese contraste entre lo denunciado y lo observable es el primer problema serio del caso.
El segundo problema es técnico y jurídico.
La denuncia habló, desde el inicio, de tentativa de homicidio. Pero la tentativa —en derecho penal— no se configura con ideas, conversaciones o actos preparatorios. Requiere actos de ejecución interrumpidos. Nada de eso ocurrió aquí. Incluso bajo la hipótesis más desfavorable para las personas señaladas (digamos, si el pantallazo de WhatsApp de procedencia desconocida y dudosa credibilidad fuera auténtico) lo que se describió no pasa de una etapa preparatoria.
Este no es un tecnicismo menor. Es la diferencia entre una imputación penal válida y una acusación jurídicamente insostenible. Cuando una autoridad (que se supone es experta en la materia) confunde —o mezcla— estos conceptos frente a la opinión pública, no solo alarma innecesariamente: erosiona la confianza en el uso legítimo del poder punitivo del Estado.
El tercer problema es operativo.
Las investigaciones preliminares, especialmente las que involucran la seguridad del Estado, se manejan con discreción extrema. No por capricho, sino porque la publicidad temprana puede destruir evidencia, alertar a sospechosos reales o comprometer diligencias clave. Aquí ocurrió exactamente lo contrario: filtraciones a la prensa, conferencias improvisadas, llamados públicos a detener personas y presión abierta sobre la Fiscalía.
Voces expertas en ciencias policiales lo han dicho con claridad: esto no es normal. No es así como opera una policía de inteligencia profesional. No es así como se protege, de manera efectiva, la vida de un mandatario.
Todo esto conduce inevitablemente a la pregunta incómoda: ¿Estamos ante una amenaza real mal manejada… o ante una narrativa oportunista y políticamente funcional?
El contexto importa. La denuncia estalla inmediatamente después del desafortunado debate de Laura Fernández, en una semana donde la atención pública empezaba a desplazarse de Zapote hacia las candidaturas. No es la primera vez que, en momentos de presión política, emerge el relato del complot, del golpe inminente o de la amenaza personal contra el presidente. La victimización ha sido un recurso recurrente desde el inicio de esta administración.
Nada de lo anterior implica minimizar una amenaza contra la vida del presidente. Todo lo contrario. Precisamente porque ese riesgo existe —y siempre debe tomarse en serio— su manejo no puede ser improvisado, ni mediático, ni jurídicamente endeble. La gravedad exige rigor, no espectáculo.
Pero hay un efecto adicional, quizá más preocupante, que no puede ignorarse: el daño colateral a la democracia.
Cuando ciudadanos críticos del poder (como la tiktoker Silvia Ziesing Camacho, una de las denunciadas) son públicamente señalados por delitos gravísimos a partir de pruebas frágiles (por no decir inexistentes); cuando se exponen nombres, rostros y reputaciones antes de que exista una imputación sólida; cuando se normaliza la idea de que opinar, organizarse o bromear en un espacio político puede convertirse en una denuncia penal… el mensaje es claro: mejor cállese.
Ese clima de miedo no surge de la nada. Se suma a otros episodios recientes: investigaciones administrativas que luego se archivan, hostigamientos institucionales sin sustento, campañas de intimidación digital, agresiones verbales a medios de prensa y una creciente autocensura ciudadana. Defender la democracia no es solo contar votos. Es garantizar que nadie tenga que medir sus palabras por temor a represalias.
Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿Conspiración o persecución política?
La respuesta honesta, hoy, es que no hay evidencia pública que sustente una conspiración real, pero sí abundantes señales de un uso irresponsable —cuando no político— del aparato de inteligencia del Estado. Si se trató de incompetencia, es grave. Si se trató de intencionalidad, es aún peor.
En cualquiera de los dos escenarios, el país pierde.
La democracia no se fortalece con relatos inflados ni con enemigos imaginarios. Se fortalece con instituciones sobrias, autoridades prudentes y ciudadanos libres de hablar sin miedo. Cuando el poder confunde crítica con amenaza, y disenso con conspiración, no se protege al Estado: se lo debilita.
Esa es una línea que nunca debería cruzarse, mucho menos en plena campaña electoral.