En Costa Rica nos enorgullecemos, y con razón, de nuestro sistema de salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una de las instituciones públicas más valiosas y emblemáticas del país. Durante décadas, la CCSS ha sido sinónimo de acceso universal, solidaridad y dignidad humana. Sin embargo, hoy ese orgullo corre un serio peligro.
No por falta de vocación médica. No por ausencia de talento joven. No por carencia de compromiso con la salud pública. El riesgo proviene de otro lugar: decisiones políticas mal diseñadas, autoritarias y profundamente inhumanas, como las que se pretenden imponer mediante el proyecto de ley 24.015.
Este proyecto se presenta ante la opinión pública bajo el argumento de “resolver el déficit de especialistas”. Pero una lectura honesta y responsable revela una verdad incómoda: no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava peligrosamente, sacrificando a quienes sostendrán el sistema de salud en las próximas décadas: los médicos jóvenes.
La realidad que el proyecto ignora deliberadamente
Graduarse de médico en Costa Rica no es un proceso sencillo ni rápido. Es, probablemente, una de las rutas profesionales más largas, exigentes, desgastantes y costosas del país:
- 6 años para graduarse como médico general.
- 3 a 6 años adicionales para completar una especialidad.
- 1 a 3 años más si se opta por una subespecialidad.
En términos reales, estamos hablando de 10 a 15 años de formación continua, con jornadas extenuantes, turnos interminables, enorme presión emocional y, en la mayoría de los casos, endeudamiento millonario con entidades financieras para financiar los estudios.
La pregunta es inevitable, y debería interpelar a cualquier legislador con un mínimo de conciencia social: ¿Qué otra profesión exige más de una década de formación para luego negar a quien la ejerce la libertad básica de decidir su destino profesional y personal?
La respuesta es clara y dolorosa: en ninguno. Solo en medicina.
Trabajo obligatorio, salarios miserables y una lógica abiertamente esclavizante.
Ya hoy, antes incluso de este proyecto, los médicos enfrentan condiciones que resultan difíciles de conciliar con un Estado social de derecho: un año de servicio social obligatorio, con asignación territorial impuesta, seguido de dos años en los que el médico, ya especialista y colegiado, queda laboralmente atado a la CCSS bajo salarios que no reflejan ni su nivel de formación ni la magnitud de la responsabilidad que carga sobre sus hombros.
Este esquema, lejos de fortalecer la CCSS, ya ha generado una deserción creciente y sostenida de especialistas a lo privado y al extranjero. Costa Rica forma talento humano altamente calificado durante más de una década, pero luego lo expulsa mediante condiciones laborales que vulneran su dignidad profesional.
Frente a este escenario, el proyecto de ley 24.015 opta por el peor camino posible: profundizar el castigo. Pretende prolongar y endurecer un modelo basado en la coerción, utilizando una fórmula abiertamente esclavizante, donde se obliga a trabajar bajo amenaza legal, sin negociación real y sin una remuneración justa.
No se trata solo de un debate técnico o presupuestario. Estamos ante un problema de derechos humanos, de legalidad constitucional y de principios democráticos básicos.
Un proyecto que fracasa en todo lo que promete
Conviene entonces preguntar, con total honestidad: Este proyecto no incentiva a más médicos generales a hacer una especialidad. No motiva a especialistas a formarse en subespecialidades; y mucho menos reduce las listas de espera.
Por el contrario, debilita todavía más a la CCSS que ya enfrenta graves problemas estructurales.
Estamos frente a un proyecto de ley que sugiere una forma de esclavización moderna que es totalmente incompatible con un Estado social de derecho para alcanzar el respeto mínimo a quienes dedican su vida en cuidar la salud de los demás.
En caso de que esta ley se apruebe, se quebraría el vínculo de confianza entre el Estado y quienes sostienen el sistema de salud.
No se fortalece la salud pública castigando a quienes la hacen posible. No se construye un sistema sólido desde la imposición.
Derechos humanos, Constitución y un límite que no debe cruzarse
El modelo que propone el Proyecto de Ley 24.015 no solo es ineficiente desde el punto de vista sanitario; es seriamente cuestionable desde la óptica de los derechos humanos y del marco constitucional costarricense.
La Constitución Política de Costa Rica protege el derecho al trabajo digno, a una remuneración justa, a la libertad de elección profesional y al libre desarrollo del proyecto de vida. Forzar a profesionales altamente calificados a laborar durante años bajo condiciones salariales degradantes, sin capacidad real de decidir sobre su destino, roza peligrosamente formas de trabajo forzoso incompatibles con esos principios.
La salud pública no puede sostenerse sobre la vulneración sistemática de derechos. Ninguna emergencia, déficit o mala planificación histórica justifica trasladar el costo completo a una sola generación de profesionales jóvenes.
Una advertencia necesaria en un momento político clave
Costa Rica aún está a tiempo de corregir este rumbo. Pero hacerlo exige algo básico: escuchar a quienes están en las aulas, en los hospitales, en las guardias interminables y en la primera línea de atención.
Persistir en este error no solo es injusto; es irresponsable y potencialmente inconstitucional.
Un país que normaliza la precarización forzada de sus médicos jóvenes está, en realidad, renunciando a su propio futuro sanitario.
Y ese es un costo que ninguna sociedad que se diga democrática, solidaria y humanista debería estar dispuesta a pagar.
Hoy, de cara a las elecciones nacionales, la ciudadanía tiene el deber de informarse bien antes de votar. Proyectos de ley que vulneran derechos humanos y debilitan a la CCSS, no solo afectan a los médicos, sino que ponen en riesgo a todos los pacientes. Elegir autoridades comprometidas con la democracia, la dignidad laboral y la salud pública no es opcional, es una responsabilidad país.