Acabo de publicar un libro sobre el sistema político costarricense. Lo hice no solo como académico, sino también como ciudadano. Soy costarricense naturalizado y tengo 18 años de vivir en este país, al que he llegado a conocer, estudiar y querer profundamente. Por eso me preocupa escuchar, de cara a las elecciones generales del 1 de febrero de 2026, a cada vez más candidatos y voces públicas afirmar con ligereza que “hay que cambiar la Constitución”.
No comparto esa visión. Y creo, con respeto pero con firmeza, que es una mala idea.
Una Constitución excepcional en el siglo XX
La Constitución de 1949 no es un texto cualquiera. Es uno de los diseños constitucionales más coherentes, previsores y progresistas que se produjeron en el siglo XX. No solo consagró derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales de primera y segunda generación, e incluso anticipó lo que hoy llamamos derechos de tercera generación, mucho antes de que esos conceptos existieran en el derecho internacional. Educación, trabajo, seguridad social, función social de la propiedad, protección de la familia, cultura cívica: todo eso está ahí, articulado de forma sistemática.
Gracias a esa Constitución, Costa Rica ha celebrado elecciones ininterrumpidas desde 1953. Eso la convierte en la democracia electoral más antigua de América Latina, no solo en términos procedimentales, sino también sustantivos. No es un dato menor. En una región marcada por golpes de Estado, autoritarismos, caudillismos y rupturas constitucionales, Costa Rica logró una continuidad democrática excepcional. Y eso no fue casualidad.
Equilibrio institucional y contrapesos reales
Lo más importante es que la Constitución de 1949 es profundamente equilibrada. Diseñó un presidencialismo con capacidad real de gobierno, pero limitado, mitigado, contenido. Un presidente con poder, sí, pero sin control absoluto. Un poder legislativo institucionalmente fuerte, de los más sólidos de América Latina. Un poder judicial independiente. Un poder electoral autónomo. Un entramado de instituciones autónomas que el Ejecutivo no controla a su antojo. Una separación de poderes real, no decorativa.
La resiliencia de la democracia costarricense se explica en gran medida por ese diseño institucional. Por la manera en que compartimenta el poder, tanto horizontal como verticalmente. Por la existencia de múltiples contrapesos que dificultan la concentración autoritaria. Desde la ingeniería constitucional comparada, el caso costarricense es un modelo de manual. No es que Costa Rica sea inmune al retroceso democrático, ningún país lo es. Pero aquí los daños suelen ser menores, más contenidos, precisamente porque el sistema está diseñado para resistir.
Una Constitución adaptable, no obsoleta
Algunos dicen: “sí, pero es una Constitución vieja”. Es un argumento superficial. En estos 75 años ha sido reformada más de 60 veces. Y esas reformas no han traicionado su espíritu, lo han perfeccionado. Hoy tenemos paridad de género en la representación, Sala Constitucional, derecho humano al agua, autonomía reforzada del poder electoral, mecanismos de democracia directa y participativa, derecho de acceso a la información, presupuesto constitucional para la educación. Eso se llama adaptabilidad.
No estoy diciendo que la Constitución sea intocable. Ningún texto lo es. Hay temas pendientes, hay aspectos mejorables, hay debates legítimos. Pero todo eso se puede y se debe hacer de manera orgánica, mediante reformas constitucionales incrementales, no mediante una ruptura total. La historia demuestra que este camino ha funcionado.
El mito del cambio constitucional como solución mágica
Hay además una expectativa peligrosa, casi mágica, de que cambiar la Constitución resolverá todos los problemas del país. Como si un nuevo texto fuera a acabar con la inseguridad, reactivar la economía, arreglar la educación, mejorar la salud, ordenar la infraestructura. Eso no es realista. Esos problemas se resuelven con políticas públicas de calidad, con gestión, con liderazgo, con acuerdos, con ejecución. No con asambleas constituyentes.
También se escucha que el problema de Costa Rica es el “estancamiento”, que cuesta que el presidente, la Asamblea Legislativa y las instituciones autónomas se pongan de acuerdo. Es cierto que cuesta. Pero eso no es un defecto accidental. Es un rasgo deliberado del diseño. Es así para evitar concentraciones de poder. Para obligar a negociar. Para impedir decisiones unilaterales.
La alternativa real
La pregunta honesta es: ¿preferimos un sistema lento pero plural, o un presidente todopoderoso con mayoría automática y sin contrapesos? Porque esa es la alternativa real. Y basta mirar la región para ver a dónde conduce ese camino.
Finalmente, hay que decirlo sin rodeos: una nueva Constitución también puede ser peor. No hay ninguna garantía de mejora. Al contrario, los precedentes recientes son preocupantes. El proceso constituyente fallido en Chile es una advertencia clara. El gran Giovanni Sartori, uno de los padres de la ciencia política contemporánea, decía en una entrevista que las asambleas son pésimas redactoras de constituciones. No lo decía por provocación, sino por experiencia comparada.
Cuidar lo que funciona
Costa Rica tiene algo muy valioso. Un pacto institucional que ha funcionado. Una arquitectura constitucional que ha dado estabilidad, inclusión, democracia y paz social. Eso no se tira por la borda a la ligera.
En vez de obsesionarnos con cambiar la Constitución, deberíamos concentrarnos en cumplirla mejor. En fortalecer sus instituciones. En exigir resultados dentro del marco que nos ha servido durante tres cuartos de siglo. En cuidar lo que tenemos.
Porque en política, y en derecho constitucional, no siempre lo nuevo es mejor. Y lo que funciona, se protege.