La periodista Vilma Ibarra divulgó, el pasado jueves, en su programa Hablando Claro detalles de los procesos interpuestos ante la Sala Constitucional contra el concurso de frecuencias de radio y televisión. En su intervención, hizo referencia a información presuntamente filtrada desde la propia Sala Constitucional, un hecho preocupante que merece especial atención.
En ese espacio se dio información que no es pública y que evidenciaría una peligrosa convergencia entre ciertos sectores de la prensa y un sector politizado dentro de la Sala Constitucional. Se mencionó incluso la oposición de un magistrado a votar el fallo, desacreditándolo como “filibustero”, no por violentar la ley, sino por no alinearse con la prisa ni con la narrativa que algunos desean imponer antes de que finalice enero, coincidentemente en la antesala del proceso electoral.
Esta reciente divulgación de información, así como la presión pública por acelerar resoluciones judiciales, generan serias dudas sobre la independencia del proceso relacionado con dicho concurso.
Destaca la premura atribuida al magistrado Rueda para votar un fallo, junto con la imposición de una medida cautelar sin audiencia previa al Estado, lo cual limita su derecho de defensa.
Este contexto coincide con una ofensiva mediática y judicial de sectores históricamente beneficiados por concesiones otorgadas durante más de 70 años bajo condiciones laxas, con costos risibles y derechos de uso gratuitos, además de obligaciones mínimas de cobertura y calidad de servicio.
El espectro radioeléctrico es un bien público estratégico, no un derecho privado perpetuo, el cual debe asignarse mediante concursos transparentes, con el objetivo principal de garantizar cobertura nacional y calidad del servicio.
El actual proceso de reasignación de frecuencias contempla concesiones de hasta 25 años, así como facilidades de pago que permiten distribuir la inversión en el tiempo, por lo que resulta insostenible afirmar que el precio del espectro sea inviable para una industria con ingresos significativos.
Mientras tanto, amplias regiones del país —como la Huetar Norte y el Pacífico Central— presentan coberturas de televisión digital inferiores al 6%, evidenciando un rezago que afecta directamente el derecho a la información y obliga a estas comunidades a vivir un apagón informativo.
No se trata de libertad de expresión, sino de establecer reglas claras para el uso de un bien público. La pluralidad, la competencia y la mejora del servicio fortalecen la democracia; la defensa de privilegios históricos no.
El Estado actuará conforme a derecho, pero también debe señalar el uso del poder mediático para presionar decisiones o frenar reformas necesarias, recordando que los criterios de los magistrados deben guiarse exclusivamente por su deber de ser garantes de los derechos consagrados en la Constitución Política, sin atender presiones externas ni preferencias políticas.
La libertad de expresión no es un derecho supeditado al uso de frecuencias, por lo que invocarla para frenar este proceso es un error de concepto. Lo que aquí se discute es el fin de una gestión irresponsable del espectro que ha beneficiado a unos pocos sobre el interés general. La democracia se fortalece cuando un recurso que nos pertenece a todos se administra con transparencia y apertura, y no cuando se perpetúan ventajas que ignoran la realidad de las comunidades.