A solo días de las elecciones nacionales, se ha instalado con fuerza la idea de que el resultado está prácticamente definido y que el país se encamina, de manera inevitable, hacia una victoria en primera ronda del oficialismo. Las encuestas, los titulares y parte del comentario político parecen reforzar esa percepción. Sin embargo, una revisión más detenida del momento electoral sugiere algo distinto: la elección sigue abierta y la segunda ronda continúa siendo un escenario plausible.
Razones para creer en la segunda ronda
La primera razón es estructural: la fragmentación del voto. Aunque existe una candidatura oficialista con ventaja relativa, el resto del electorado se distribuye entre varias opciones que, en conjunto, superan ampliamente cualquier candidatura individual. En un escenario así, alcanzar el 40% necesario para ganar en primera ronda no es automático, sino altamente exigente.
A esto se suma un rasgo bien conocido del electorado costarricense: su volatilidad. Una proporción significativa de votantes define su decisión en la recta final, cuando entran en juego factores que no siempre quedan bien capturados por las encuestas: desempeño en debates, errores no forzados, contradicciones discursivas o, simplemente, percepciones sobre liderazgo y carácter.
Conviene recordar algo básico, pero frecuentemente olvidado: las encuestas describen estados de opinión, no decretan resultados. En campañas cortas y emocionalmente intensas, los movimientos de último momento pueden ser determinantes.
Finalmente, hay un elemento histórico y cultural. Costa Rica es un país que suele reaccionar con cautela ante las certezas excesivas. Cuando se instala la idea de que “todo está decidido”, aparece con frecuencia una reacción silenciosa de corrección en el electorado, especialmente entre quienes valoran el equilibrio democrático y los contrapesos.
Señales del debilitamiento del oficialismo
Reconocer la posibilidad de una segunda ronda no implica negar la fortaleza del oficialismo. Implica, más bien, observar con atención algunas señales de desgaste que se han vuelto visibles en los últimos días.
Una de ellas ha sido la limitada capacidad de la candidata oficialista, Laura Fernández, para capitalizar los debates y sus intervenciones públicas. Más allá de afinidades ideológicas, el contraste con otros candidatos ha sido notorio en términos de claridad argumentativa, manejo de temas complejos y profundidad en los planteamientos. En una elección tan competida, estas percepciones pesan.
A esto se suma un problema más amplio de narrativa. El estilo confrontativo puede ser eficaz para consolidar apoyos, pero no necesariamente para ampliarlos de manera significativa. La fatiga del tono comienza a sentirse entre votantes indecisos o moderados.
Existe además un tema particularmente sensible —y deliberadamente incómodo— que ha emergido en declaraciones recientes de figuras del partido de gobierno, incluida la propia candidata: la apertura a la posibilidad de restringir libertades individuales mediante un eventual “estado de excepción” como respuesta a una hipotética ola criminal.
En Costa Rica, hablar de esto suele considerarse casi un tabú. Y no por casualidad. La defensa de las libertades públicas forma parte del núcleo de la identidad democrática del país. Cuando desde una candidatura presidencial se sugiere siquiera la relativización de esos principios, el mensaje genera inquietud, incluso entre personas que comparten la preocupación por la inseguridad.
No se trata de negar los problemas reales de criminalidad, sino de recordar que las soluciones excepcionales suelen tener costos permanentes. Históricamente, el electorado costarricense ha reaccionado con cautela ante este tipo de planteamientos, especialmente cuando provienen del poder o de quienes aspiran a ejercerlo.
Nada de esto implica un colapso del oficialismo, pero sí sugiere que su fortaleza tiene límites más claros de lo que aparenta en la superficie.
Perfiles opositores y escenarios posibles
En este contexto, la oposición aparece fragmentada, pero no irrelevante. La intervención de los candidatos opositores en las últimas instancias públicas, ha mostrado de ellos, fuerza, fondo intelectual y amplio conocimiento de nuestra actualidad. Su desempeño final dependerá en buena medida del escenario que termine imponiéndose en los últimos días.
En un escenario de voto reflexivo y correctivo, perfiles con alta preparación técnica y sensibilidad social, como Álvaro Ramos, pueden crecer entre electores que buscan solvencia, equilibrio y capacidad de gestión.
En un escenario más emocional y narrativo, candidaturas con mayor carisma y capacidad de conexión, como Claudia Dobles, tienen margen para capitalizar el deseo de cercanía y liderazgo empático.
Figuras intelectualmente consistentes como Juan Carlos Hidalgo enfrentan el reto de traducir claridad conceptual, en conexión emocional en esta recta final.
Otros perfiles, como Ariel Robles, parecen especialmente bien posicionados para un escenario de fortalecimiento legislativo, donde el electorado prioriza contrapesos y representación parlamentaria sólida, aun cuando la presidencia resulte cuesta arriba.
El punto no es determinar ganadores anticipados, sino reconocer que ningún escenario está cerrado y que el desenlace dependerá tanto de los errores como de los aciertos de la recta final.
La encuesta que parece cerrar la elección
En las últimas horas, el CIEP publicó una nueva encuesta que, a primera vista, parece poner en entredicho la tesis que sostengo en este artículo sobre la alta posibilidad de una segunda ronda. En ella, la candidatura oficialista alcanza un 43,8% de intención de voto, un porcentaje que inevitablemente genera impacto en el debate público.
Sin embargo, ese dato requiere ser leído con cuidado, como escribía en un artículo pasado. No se trata de un porcentaje calculado sobre la totalidad de la muestra, sino sobre un subconjunto específico: el 70% de las personas entrevistadas que afirmaron no solo que votarán, sino que están “totalmente decididas” a hacerlo. Sobre ese grupo reducido —aproximadamente 1.050 personas— se construye la estimación que ha dominado los titulares.
Este enfoque metodológico no es incorrecto, pero sí supone una hipótesis fuerte: que el 30% restante no votará, no se moverá o no incidirá en el resultado final. En una elección que se define en la recta final, y en un país donde el comportamiento electoral ha demostrado ser volátil hasta el último momento, ese supuesto merece cautela.
Más aún, incluso dentro del grupo considerado “decidido a votar”, la proporción de personas indecisas sigue siendo alta. Cerca de una cuarta parte de ese electorado no ha definido aún su preferencia, a solo cinco días de la elección. Esto introduce un nivel de incertidumbre que relativiza cualquier lectura concluyente.
A ello se suma el margen de error de la medición. Con un ±2,5%, el porcentaje atribuido a la candidatura oficialista se mueve en un rango que puede dejarla tanto por debajo como por encima del umbral requerido para ganar en primera ronda. Es decir, incluso bajo supuestos favorables, el resultado no está sellado.
La encuesta del CIEP no invalida la discusión sobre una eventual segunda ronda; más bien la traslada a otro plano. Lo que muestra es un escenario exigente para quienes aspiran a evitarla, altamente dependiente de que nada cambie en los últimos días. Y en política, especialmente en Costa Rica, ese es siempre un supuesto arriesgado.
En la recta final, conviene bajar el volumen de la certeza y subir el de la reflexión. Las encuestas no votan, los debates no eligen y los titulares no cuentan papeletas, porque en Costa Rica, las elecciones no se anticipan: se ganan cuando se cuentan los votos.