En medio de la contienda electoral en Costa Rica, el tema de seguridad se convirtió en una divisa muy rentable para la campaña. No porque la ciudadanía sea punitivista por naturaleza, sino porque vive una acumulación de años violentos que erosiona la confianza cotidiana, con 873 homicidios en 2025, 876 en 2024 y el pico histórico de 905 en 2023, la promesa de “mano dura” se vende fácil.
El problema es que, en campaña, la seguridad tiende a convertirse en moneda de cambio; se ofrece lo que suena fuerte, visible y rápido, como una megacárcel o penas más altas, aunque la evidencia muestre que muchas de esas medidas tienen poco impacto sostenido, o incluso daños colaterales, si no van acompañadas de investigación, prevención y control inteligente del delito.
¿Qué proponen algunas candidaturas?
Con algunas diferencias, los candidatos Eliécer Feinzaig, José Aguilar Berrocal, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos y Claudia Dobles proponen acciones como sumar policías y reforzar fronteras y costas, operar con control territorial focalizado, el uso de datos y tecnología, la intervención prioritaria en cantones con alta criminalidad, programas preventivos, financiamiento extraordinario para la seguridad, entre otras.
Con un mayor énfasis en políticas de prevención, la reapropiación de espacios públicos y el control territorial, se encuentran Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles, Fernando Zamora, Ana Virginia Calzada y Álvaro Ramos. Este último incluye en su propuesta centros comunitarios para la atención de la salud mental como una acción de salud pública, pero también para prevenir la violencia en las comunidades.
Con propuestas punitivistas, se encuentran candidatos como Fabricio Alvarado, Fernando Zamora, José Berrocal, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Laura Fernández, entre otros, que proponen endurecer las penas para delitos vinculados con el sicariato y el narcotráfico. A esto se suma la idea de infraestructura carcelaria como símbolo político, donde el oficialismo ha anunciado ya la creación de la megacárcel CACCO.
Como se puede observar, hay candidatos en ambos lados del espectro, con propuestas enfocadas en control territorial, mayor presencia policial, políticas preventivas y también aumento de penas como el caso de Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, José Berrocal, Fernando Zamora, entre otros.
Es importante además señalar que los candidatos Fabricio Alvarado, Laura Fernández y José Berrocal han manifestado públicamente declarar un estado de emergencia o excepción y suspender garantías individuales para situaciones graves de seguridad. Esto significa suspender ciertas garantías constitucionales (por ejemplo, libertad de reunión, movilidad o incluso derechos procesales).
Una medida similar se implementa en El Salvador desde el 2022, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en este contexto se han dado violaciones a derechos humanos por parte de agentes estatales como: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas, el allanamiento ilegal de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, recibió información sobre desafíos específicos en el acceso a la justicia frente a las detenciones realizadas y sus implicaciones en la garantía de los derechos.
Populismo punitivo: cuando el Derecho Penal pasa del fin último a eslogan de campaña
Lo punitivo no es solo “mano dura”, es, muchas veces, populismo punitivo. Es decir, convertir el castigo en un atajo discursivo para transmitir control, aunque la política pública real (investigación, prevención, desarticulación financiera, inteligencia criminal) sea más compleja y menos “vendible”. En Costa Rica, este debate ya está sobre la mesa: se ha advertido el riesgo de que el derecho penal opere como primera respuesta en lugar de una última medida.
El punto no es negar la necesidad de sanción. Es evitar que el sistema penal sea usado como espectáculo: más años de cárcel, sin más certeza de captura y condena, termina siendo una promesa cara, lenta y con efectos marginales.
Los especialistas George Antunes y Lee Hunt publicaron una investigación realizada en Estados Unidos donde concluyeron que la percepción de mayor certeza de castigo, más que la simple severidad de las penas, tiene un impacto más claro en la reducción del delito, mientras que prolongar o aumentar penas por sí solo muestra efectos débiles o inconsistentes en la disuasión del comportamiento delictivo.
En una revisión amplia de la evidencia empírica publicada en 2009, Nagin, Cullen y Jonson analizaron numerosos estudios, incluidos datos fuera de Estados Unidos, sobre el impacto del encarcelamiento en la reincidencia. Los autores concluyen en su estudio que, en comparación con sanciones no privativas de libertad, la prisión no reduce de manera significativa la probabilidad de que una persona vuelva a delinquir. En cambio, subrayan que lo que verdaderamente inhibe la conducta delictiva no es el temor a castigos más severos, sino la expectativa concreta de ser atrapado.
Entonces, ¿qué políticas sí muestran resultados?
La evidencia comparada muestra que las políticas de seguridad más efectivas no se basan en el endurecimiento simbólico del castigo, sino en aumentar la certeza de la intervención estatal y reducir las oportunidades para delinquir, lo que exige también un Poder Judicial fortalecido, independiente y con capacidad real para conducir investigaciones criminales eficaces.
En este marco, distintas estrategias respaldadas por estudios empíricos apuntan en la misma dirección: las intervenciones focalizadas en puntos críticos de criminalidad (hot spots policing) logran reducciones modestas pero consistentes del delito en los territorios intervenidos, sin generar desplazamientos masivos; la disuasión focalizada (focused deterrence) ha demostrado reducciones significativas de la violencia cuando se dirige a los grupos y actores de mayor riesgo, combinando aplicación de la ley, servicios sociales y mensajes claros sobre consecuencias reales; y la política orientada a la resolución de problemas (problem-oriented policing) presenta una evidencia sólida de efectividad al diagnosticar causas concretas del delito y actuar sobre ellas.
A estas medidas se suman las políticas de prevención vinculadas con deporte, arte, cultura, apropiación de espacios públicos, oportunidades de empleo y desarrollo en las comunidades, entre otras. Aunque son menos atractivas para la tarima electoral, son significativamente más eficaces para construir seguridad con bases institucionales y democráticas.
En este sentido, la pregunta no es si Costa Rica debe ser firme, la pregunta es si queremos respuestas fáciles para el miedo o soluciones reales para la violencia.