El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que, de cara a la próxima contienda electoral del 1.º de febrero, el padrón electoral costarricense incluye un dato que, aunque podría parecer anecdótico, encierra una profunda relevancia política, social y ética: existen personas de 100 años y más debidamente inscritas como votantes. Incluso, la persona de mayor edad registrada alcanza los 118 años.
Este hecho trasciende la mera longevidad biológica. Nos sitúa frente a un fenómeno que interpela directamente a la calidad de nuestra democracia, a la capacidad del Estado para planificar políticas públicas en una sociedad longeva y, sobre todo, a la manera en que comprendemos y garantizamos la ciudadanía en la vejez.
Una democracia que ya es longeva
Durante décadas hablamos de envejecimiento poblacional como una proyección futura. Hoy ya no es una hipótesis: más de 657 mil personas tienen 65 años o más en Costa Rica, y dentro de ese universo existe un pequeño, pero simbólicamente poderoso grupo de personas centenarias que no solo viven, sino que siguen siendo sujetas plenas de derechos políticos.
Que una persona de 100, 110 o 118 años esté empadronada significa que la democracia costarricense no tiene fecha de caducidad etaria. El derecho al voto no se extingue con la edad, ni con los años acumulados, ni siquiera con los prejuicios sociales que suelen asociar la vejez con pasividad o dependencia.
La ciudadanía no se jubila
En un país donde el grupo más numeroso del padrón ronda los 40 años, la presencia de votantes centenarios introduce una verdad incómoda pero necesaria: la ciudadanía no se jubila. Estas personas han atravesado casi todo el siglo XX y parte del XXI. Han vivido guerras mundiales, crisis económicas, reformas sociales, la consolidación del Estado social de derecho y profundas transformaciones culturales.
Su voto no es simbólico: es memoria histórica convertida en decisión democrática. Cada papeleta emitida por una persona centenaria es también un recordatorio de que las políticas públicas no pueden diseñarse con una mirada cortoplacista.
¿Estamos preparados para una democracia de 100 años?
La existencia de votantes de 100 años y más obliga a hacernos preguntas incómodas, pero urgentes.
¿Nuestros centros de votación son realmente accesibles?
¿El acompañamiento electoral respeta la autonomía sin caer en el paternalismo?
¿Comprendemos el envejecimiento avanzado como parte normal del ciclo de vida y no como una excepción?
Tener personas centenarias en el padrón no es solo un logro demográfico; es un test de coherencia democrática. Una democracia que se dice inclusiva debe garantizar condiciones reales para que todas las personas —independientemente de su edad— puedan ejercer sus derechos.
Planificar para una vida que puede durar 100 años
Si hoy hay votantes de 100 años, las decisiones que se tomen en este ciclo electoral no impactarán solo a quienes hoy tienen 40 o 50, sino a generaciones que podrían vivir tres o cuatro décadas más. Pensiones, salud, cuidados, vivienda, transporte y participación social ya no pueden pensarse desde la lógica de “última etapa”, sino desde una vida larga, diversa y cambiante.
La política pública tiene que asumir que la vejez no es un epílogo, sino una etapa extensa de la vida con necesidades, derechos y aportes propios.
Romper el mito de la vejez pasiva
Finalmente, este dato desmonta uno de los estereotipos más persistentes: que las personas mayores “ya no participan”. Los votantes centenarios son la prueba viva de que la participación política no tiene edad máxima y de que la vejez también es un espacio de agencia, decisión y responsabilidad cívica.
Una señal clara
Que Costa Rica tenga votantes de 100 años y más nos dice algo fundamental: somos una democracia que envejece, y eso no es una debilidad, sino una oportunidad. La oportunidad de construir un país que respete los derechos a lo largo de todo el curso de vida y que entienda que envejecer no es desaparecer del espacio público, sino seguir formando parte activa de él.
En una sociedad longeva, la pregunta ya no es si las personas mayores deben participar, sino si nuestras instituciones están a la altura de acompañarlas hasta el final del camino ciudadano.