Hablar hoy en día sobre la cultura política en Costa Rica se ha convertido en una conversación donde las palabras “continuidad” y “transformación” se ven envueltas en una tensión constante, entendiendo continuidad como ese mantenimiento de tradiciones que como país nos han compuesto por años en cuanto a nuestro modelo de Estado.
El país a lo largo de su historia ha construido una identidad política basada en la democracia como un principio irrefutable y la institucionalidad como la garante del orden social repitiendo estos valores como una parte de su memoria colectiva hasta la actualidad, estructurando de esta forma no solo al Estado, sino que también influyendo en la manera que se entiende la política y el poder en el país.
Sin embargo, es esa “continuidad” la que convive actualmente junto a transformaciones no solo del Estado, sino de la ciudadanía. Esto significa un cambio en la confianza hacia las instituciones, donde los costarricenses ya no confían a “ojos cerrados” en la institucionalidad como la base del orden social o las encargadas de mantener este existiendo, además del creciente desencanto hacía la democracia ideal que por años como ciudadanos costarricenses nos identificó. Crisis sociales, cambios económicos y generaciones cambiantes han reconfigurado el sentido de pertenencia en el país y con esto modificando la cultura política costarricense.
Esta transformación se manifiesta con claridad en la disminución de la confianza ciudadana en las instituciones, un fenómeno ampliamente documentado. Según el Latinobarómetro, aunque el apoyo a la democracia en Costa Rica sigue siendo de los más altos de la región (56%), la satisfacción real con su funcionamiento ha caído al 43%. Datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) refuerzan esta brecha, mientras la democracia es valorada en abstracto, la confianza en actores clave como la Asamblea Legislativa y los partidos políticos ha experimentado un deterioro sostenido, situándose históricamente en los niveles más bajos de aprobación. Esta distancia entre el apoyo normativo y la desconfianza en el desempeño institucional revela una cultura política más crítica y menos complaciente.
Uno de los indicadores más visibles de este cambio es el aumento del abstencionismo electoral. En el proceso de 2022, la cifra alcanzó un nivel histórico del 43,2% en segunda ronda, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este comportamiento, más que una simple apatía, representa lo que el Informe Estado de la Nación describe como un distanciamiento consciente frente a un sistema que muchos ciudadanos perciben como incapaz de responder a sus demandas sociales.
No obstante, las elecciones nacionales celebradas el primero de febrero de 2026 demostraron una leve recuperación en cuanto a la participación electoral. Ya que, según datos preliminares del TSE, el abstencionismo se situó alrededor del 30% del padrón. Este crecimiento, aunque insuficiente para revertir las tendencias del país a la desafección política, sí sugieren una reactivación del compromiso ciudadano más vinculado al contexto electoral actual que a un cambio estructural en la relación ciudadanía-política.
Paralelamente, se observa una transformación del sistema de partidos, marcada por la fragmentación y la volatilidad electoral. El Bertelsmann Transformation Index evidencia que Costa Rica ha transitado de un sistema estable hacia uno más plural pero inestable, donde el "voto cautivo" ha desaparecido y los liderazgos personalistas adquieren mayor relevancia sobre las estructuras partidarias. Este fenómeno erosiona los vínculos históricos entre ciudadanía y partidos, debilitando la mediación política tradicional.
A ello se suma la influencia creciente de los entornos digitales. La cultura política, asociada antes al diálogo institucional, se ve hoy atravesada por dinámicas de polarización y confrontación simbólica. Investigaciones recientes del PROLEDI-CIEP advierten que el uso de redes sociales ha ampliado la expresión ciudadana, pero también ha tendido a debilitar la deliberación informada y la confianza en fuentes institucionales de información, profundizando las grietas en la opinión pública.
Finalmente, los cambios socioeconómicos han profundizado esta transformación cultural. El Informe Estado de la Nación destaca los "agrietamientos del contrato social", impulsados por una desigualdad estancada y limitaciones fiscales que afectan la inversión social. El Estado, tradicionalmente visto como garante del bienestar, es hoy objeto de cuestionamientos más intensos, lo que redefine la relación entre ciudadanía y legitimidad política.
En conjunto, estas evidencias permiten afirmar que la cultura política costarricense no ha abandonado sus fundamentos democráticos, pero sí los ha resignificado. La continuidad institucional convive con una ciudadanía más desconfiada y menos identificada con los discursos del excepcionalismo democrático. Esta tensión entre herencia y cambio plantea el reto de repensar la participación en un contexto social profundamente transformado.