La empresa alemana afirmó que el inmueble debía funcionar como refugio para migrantes y cuestionó su uso para alojar a deportados de EE. UU.
La empresa alemana Faber-Castell, el mayor fabricante de lápices del mundo, acusó al Gobierno de Costa Rica de haber dado un uso distinto al pactado a una antigua fábrica que donó en 2018 para fines humanitarios, al emplearla como centro de alojamiento de personas deportadas desde Estados Unidos.
Según una noticia publicada por el medio británico The Guardian, la compañía cerró en 2013 su planta en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá, por razones económicas. Cinco años después, cedió las instalaciones al Ministerio de Seguridad Pública con la condición expresa de que funcionaran como albergue y espacio de asistencia humanitaria para personas migrantes que transitaban por la región.
El contrato entre Faber-Castell y el ministerio estableció que el inmueble debía "albergar un refugio para la atención de migrantes… sin posibilidad de cambiar el destino del bien". De acuerdo con la empresa, esa cláusula respondía al aumento de personas nicaragüenses que cruzaban hacia Costa Rica tras la represión de protestas en Nicaragua en 2018.
No obstante, en 2025 el Estado costarricense utilizó el recinto —rebautizado como Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Puntarenas— para alojar a unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de una nueva política de endurecimiento migratorio. Entre las personas trasladadas había migrantes de países de Asia, África y Europa del Este, incluidos más de 70 menores de edad.
Faber-Castell aseguró que desconocía ese uso hasta que fue contactada por el medio británico. En un comunicado enviado a The Guardian, representantes de su filial en Brasil señalaron:
Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio debía transformarse en un centro humanitario de refugiados, y bajo ninguna circunstancia se acordó que se utilizara como prisión”.
Las personas deportadas permanecieron en el Catem durante al menos dos meses, escoltadas por autoridades y sin libertad para salir, según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos y el propio medio. El Ministerio de Seguridad Pública negó “categóricamente” que se tratara de una detención.
La organización Human Rights Watch visitó el centro en la primavera de 2025 y concluyó en un informe posterior que las personas migrantes permanecieron allí durante meses, pese a que el lugar estaba diseñado para estancias de pocos días y sin una base legal para privarlas de libertad. El informe consignó también que el Gobierno rechazó esa interpretación.
En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvió que las personas alojadas en el Catem fueron privadas de su derecho a la libertad y determinó que su permanencia en un centro no concebido para detenciones, sumada a la falta de información y asistencia legal, constituyó una violación de derechos fundamentales. El fallo advirtió además sobre el riesgo de desaparición forzada y ordenó que las personas afectadas tuvieran derecho a una eventual indemnización.
El Ministerio de Seguridad Pública sostuvo, en respuesta enviada por correo electrónico al medio británico, que las personas deportadas provenían de países que requieren visa para ingresar a Costa Rica, pero que se les permitió el ingreso "por razones humanitarias" y se les trasladó al Catem debido al carácter temporal de su estadía. Añadió que las medidas buscaron proteger a personas vulnerables frente a redes de tráfico y trata, y reiteró que no existió violación a su libertad.
Uno de los deportados, un ciudadano ruso de 37 años identificado como Alexander para proteger a su familia, relató que él, su esposa y su hijo terminaron en el Catem después de que Estados Unidos cancelara su cita de asilo y los deportara. "Nos detuvieron allí sin nuestros pasaportes. Algunas personas querían irse y no se les permitió. Después entendimos que nos pusieron en esta prisión sin ninguna razón", dijo.
El Catem tiene capacidad para unas 300 personas. En lo que va de 2026, el Gobierno informó que alrededor de 60 migrantes pasaron por el centro y que, a finales de enero, no había personas alojadas en el sitio. Faber-Castell no respondió si evalúa emprender acciones legales o administrativas por el uso que Costa Rica dio a las instalaciones.