La organización presentó una propuesta de reforma al Reglamento legislativo para establecer un procedimiento "uniforme, objetivo y transparente" en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.
El Foro de Justicia advirtió que la Asamblea Legislativa mantiene una “deuda histórica” en el nombramiento de magistraturas, al no contar con un procedimiento uniforme, objetivo y transparente para designar tanto magistrados propietarios como suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
A pocos días de concluir el actual cuatrienio constitucional, la organización señaló que durante este y anteriores periodos legislativos se han aplicado metodologías variables según cada concurso, sin criterios previamente definidos ni estándares claros de evaluación.
Entre los cuestionamientos, el Foro indicó que el porcentaje asignado a la evaluación de entrevistas ha variado entre procesos y que en algunos casos ha alcanzado hasta un 55%, sin una estructura de ponderación ni obligación de justificación. Según la organización, esto amplía la discrecionalidad de las diputaciones para escoger o vetar candidaturas.
Baja participación y cuestionamientos éticos
El Foro ejemplificó la situación con la vacante titular de la Sala Tercera tras la salida del magistrado Jesús Ramírez, proceso en el que —según indicó— se registró la participación más baja de aspirantes, con cinco postulaciones masculinas, dos de las cuales renunciaron durante el trámite.
A criterio del grupo, la falta de reglas técnicas claras desincentiva la postulación de personas idóneas y afecta la legitimidad de quienes resultan electos. También cuestionó que la actual Asamblea haya reelegido magistrados pese a señalamientos éticos y sin realizar, según su valoración, una evaluación objetiva de desempeño.
Propuesta de reforma y advertencia sobre conflictos de interés
Con el fin de atender lo que califican como una deuda estructural, el Foro de Justicia presentó ante el Departamento de Participación Ciudadana una propuesta de reforma al Reglamento legislativo para establecer un procedimiento de valoración de candidaturas “con reglas claras, públicas y expresas sobre prevención de conflictos de interés”.
La organización recordó que la designación de magistraturas es una de las decisiones más relevantes del sistema constitucional costarricense y debe ajustarse al principio de idoneidad, al tratarse de cargos que resguardan derechos fundamentales y ejercen control sobre el poder público.
En ese contexto, el Foro sostuvo que diputaciones actuales y electas que enfrenten investigaciones penales abiertas —particularmente cuando exista solicitud de levantamiento de inmunidad— deberían abstenerse de votar en procesos de elección de magistraturas, al considerar que podrían estar eligiendo a quienes eventualmente conocerían sus casos.
Asimismo, reconoció como avances la adopción del voto público en estos nombramientos y la aprobación de un proyecto de ley sobre rendición periódica de cuentas de las magistraturas, aunque calificó estas medidas como insuficientes si no se acompañan de criterios objetivos y procedimientos uniformes.
Finalmente, el Foro reiteró su llamado a la Asamblea Legislativa para que tramite las reformas necesarias y fortalezca los estándares de transparencia e independencia judicial en los procesos de designación.