El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) se desmarcó del expediente 23.566, “Ley de Modernización del Icoder”, y rechazó que el texto vigente cuente con aval técnico de la institución o del ministro de Deporte.
En un comunicado oficial, el ministro de Deporte y director nacional del Icoder, Donald Rojas Fernández, indicó que el proyecto es una iniciativa exclusiva de la diputada Rosaura Méndez Gamboa y que su contenido es responsabilidad política y legislativa de la congresista.
Rojas afirmó que ni el actual ministro ni su antecesor consensuaron, avalaron o respaldaron técnicamente el texto vigente. Señaló que la participación institucional durante el trámite respondió únicamente a un deber de respeto hacia la Asamblea Legislativa.
El jerarca cuestionó disposiciones como el aumento en el régimen de dietas de la eventual junta directiva y la propuesta de un impuesto del 10% a bebidas carbonatadas. Según el comunicado, estas medidas no cuentan con criterio favorable de la autoridad rectora y presentan objeciones en materia de técnica normativa, coherencia institucional y sostenibilidad financiera.
El proyecto plantea transformar el Consejo Nacional del Deporte en una junta directiva de siete miembros y modificar el esquema de dietas, que pasaría de equipararse con las del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) —actualmente 52.241,76 colones por sesión, con un máximo de cuatro ordinarias y dos extraordinarias al mes— a un equivalente del 10% del salario de la contralora general de la República por sesión.
Por su parte, Méndez defendió la iniciativa y aseguró que todo proyecto de ley puede ajustarse. Indicó que el texto se construyó con actores del movimiento deportivo, incluidos el entonces ministro Royner Mora Ruiz y el actual jerarca Donald Rojas cuando fungía como director del Icoder.
Sobre el aumento de dietas, la diputada reconoció que la propuesta omitió fijar un máximo de sesiones ordinarias remuneradas, lo que generó un vacío. Anunció que impulsará una modificación para mantener el esquema vigente, equiparado al INA y con un límite de cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias por mes.
En cuanto al impuesto del 10% a las bebidas carbonatadas, Méndez informó que presentó una moción sustitutiva para eliminar ese artículo del proyecto.
La iniciativa enfrenta más de 500 mociones de fondo en la Comisión de Asuntos Sociales y deberá superar esa etapa antes de llegar al plenario legislativo.