Nunca hubiera imaginado que para defender la seguridad social tendríamos que enfrentar la demagogia de la izquierda distribucionista, en vez que la demagogia de patronos acaparadores sin ninguna consciencia de solidaridad social.
Pero es necesario llegar a la conclusión de que hoy es así.
En Costa Rica la necesidad de luchar en favor de las pensiones para las personas en su vejez obliga a enfrentar el populismo económico de quienes para obtener apoyo popular aparentan buscar justicia social, y más bien pretenden debilitar la seguridad social.
Para obtener apoyo no les importa abusar de la irracional preferencia que tenemos las personas por el presente a costa del bienestar futuro. Por eso proponen medidas que técnicamente son muy perjudiciales para el bienestar de nuestros ancianos y ancianas.
Y tienen tal desfachatez que pretenden que los entes técnicos que se oponen a ese desmán les propongan alternativas para realizarlo.
Sería el colmo que eso sucediera.
Ya es una incongruencia enorme que alguna persona que en el pasado ha defendido el sistema multipilar de pensiones apadrine medidas para socavarle sus recursos.
Pero es todavía mayor descaro el de los diputados que pretenden que los organismos técnicos (SUPEN, BCCR, UCR etc) les sugieran maneras de repartir el ROP para mera ganancia suya política de corto plazo, a costa de resquebrajar nuestro sistema de pensiones.
Es un atentado contra la seguridad social pretender repartir los fondos del ROP que hacen posible complementar la pensión básica del régimen de IVM. Hacerlo es destruir el fruto privilegiado de la Concertación Nacional que ya hace 25 años nos permitió prever la necesidad de apoyar con nuevos recursos el sistema de pensiones evolucionando a un sistema multipilar.
Se dio el acuerdo entre las diversas fuerzas sociales y políticas para crear el Régimen Obligatorio Complementario de Pensiones ROP con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, en mucho como anticipación a los cambios demográficos que se avecinaban con menor natalidad, mayor esperanza de vida y los consiguientes efectos de envejecimiento de la población y disminución en la cantidad de trabajadores activos con relación a la cantidad de trabajadores jubilados.
Esos cambios demográficos se dieron de manera mucho más acelerada a lo que entonces se esperaba haciendo aún más necesaria la existencia del ROP. En efecto a principios de este siglo se estimaba que habría una relación del orden de 4 trabajadores activos por cada trabajador pensionado y ahora la relación es del orden de 3 a 1. Y seguirá agravándose de acuerdo con las últimas estimaciones de los factores demográficos del INEC: a mediados de siglo habría bajado a solo 1,43, menos de un trabajador y medio activo por cada adulto mayor. Para fin de siglo apenas habría 0,58 trabajadores por cada persona en capacidad de pensionarse con los parámetros de hoy.
También se dio el acuerdo de sindicalistas, patronos, cooperativistas, solidaristas y fuerzas políticas para aprobar el ROP como parte de la Ley de Protección al Trabajador en virtud de las estimaciones actuariales del futuro del régimen de IVM de que disponíamos durante mi gobierno. Era ya entonces previsible que con el aumento de la proporción de pensionados de este régimen básico y con los parámetros de edad de retiro y contribuciones de IVM, sería imposible mantener el monto de la pensión que entonces se daba.
De nuevo y como consecuencia -en parte- del cambio demográfico que acabo de referir, también se superaron las dificultades financieras del IVM que por los cálculos actuariales se predecían para estos años, y es en la realidad aún mayor a la que se preveía la necesidad de complementar las pensiones de este sistema a fin de evitar el empobrecimiento de los adultos mayores.
Basta para comprobarlo un dato que recientemente conmovió a la opinión pública y preocupa muy válidamente a los trabajadores. Pero que no parece importarles a algunos políticos y diputados. El año pasado 2025 la CCSS tuvo que acudir al uso de las reservas del régimen de IVM para pagar las pensiones en curso. Se había estimado que eso ocurriría dentro de 16 años en 2041.
Ni siquiera estos hechos, hechos y no meras especulaciones, hacen que tiemble la mano de quienes demagógicamente pretenden ganar favor político inmediato a costa de desfinanciar aún más las pensiones del futuro.
Si las fuerzas conscientes del país no se movilizan para parar estos despropósitos seguiremos el camino de países que se han repartido los fondos de pensiones y han visto como se incrementa la pobreza de sus adultos mayores.
Tenemos que manifestarnos con fuerza. No es justo que el aporte de los patronos se pierda sin lograr su objetivo de que los trabajadores tengan pensiones dignas. De los aportes mensuales casi tres cuartas partes provienen de aportes del empleador.
Esos aportes se generan para garantizar que las personas tengan una mejor pensión en su ancianidad. Son aportes para beneficio del trabajador en su vejez. Son aportes para beneficio de la sociedad porque evitan la pobreza de los adultos mayores. No son aportes del trabajador para su libre disposición.
Lo que ocurre cuando se debilitan los sistemas de pensiones es bien conocido. En Argentina el estado tomó los recursos para gasto propio. Hoy un 25% de los ancianos son pobres. En Bolivia eliminaron los fondos en cuentas individuales para pensiones y hoy la pensión promedio es de $50 al mes. En Perú se siguió un camino casi idéntico al que acá se propone, se repartieron entre 2020 y 2023 los fondos de pensión individuales y el resultado es que 3 de cada 4 personas se quedó prácticamente sin recursos para su pensión.
¿Y en Costa Rica?
En 2020 por una única vez y con motivo de la pandemia, ¿hay pandemia ahora?, se permitió un reparto del ROP. Más de la mitad de quienes lo retiraron -un 54%- lo gastaron en un año y tres años después menos de 1 de cada 6 personas tenía todavía alguna parte de esos recursos. Solo un 15% contó con algún recurso para los años de supervivencia después de la jubilación. ¿Será que es suficiente para los trabajadores una pensión de solo un 40% que es lo que podrá dar IVM?
Repartir el ROP es un crimen contra la justicia social, debilita fuertemente la seguridad social, es perjudicial para la generación de ahorro y el crecimiento económico y compromete las finanzas públicas del futuro.
La verdad es que los populistas económicos destruyen el bienestar futuro de las poblaciones de manera similar a como los populistas jurídicos destruyen la institucionalidad.
Yo no puedo guardar silencio.