Propuesta mantiene la rectoría técnica del AyA, la regulación tarifaria de Aresep y el control sanitario del Ministerio de Salud.
El diputado oficialista, Daniel Vargas Quirós, presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente 25.395, que propone crear un nuevo marco jurídico para las asociaciones comunales encargadas de administrar acueductos, saneamiento de aguas residuales e hidrantes en Costa Rica.
La iniciativa parte del reconocimiento de que cerca de un tercio de la población del país recibe agua potable a través de estos sistemas comunales, lo que los convierte en actores estratégicos para el desarrollo social, la salud pública y la seguridad hídrica nacional.
El proyecto plantea transformar las actuales ASADAS en entes públicos no estatales, denominados “Acueductos Comunales”, con el objetivo de resolver la ambigüedad jurídica que hoy enfrentan estas organizaciones. Aunque operan como asociaciones sin fines de lucro, administran un servicio público esencial, manejan fondos de origen público y funcionan mediante convenios de delegación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La propuesta busca dotarlas de mayor autonomía operativa y claridad normativa, manteniendo la rectoría técnica del AyA, la regulación tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el control sanitario del Ministerio de Salud.
Entre los principales cambios, la iniciativa establece obligaciones más estrictas en materia de planificación, rendición de cuentas y control financiero, incluyendo la presentación periódica de estudios técnicos y financieros, estados auditados y planes de inversión.
Además, fija como regla general un mínimo de 150 conexiones para garantizar la sostenibilidad operativa de los acueductos comunales, aunque contempla excepciones justificadas para zonas de baja densidad poblacional o territorios indígenas. En los casos en que no se alcance ese umbral, se promueven procesos de fusión, integración o gestión compartida entre operadores.
El proyecto también introduce un canon anual de hasta un 1% de la tarifa por la prestación del servicio, cuyos recursos se destinarían exclusivamente a fortalecer la rectoría y regulación a cargo del AyA y la Aresep.
Según la exposición de motivos, este canon tendría un impacto limitado en las tarifas domésticas, pero permitiría mejorar la capacidad institucional para supervisar y acompañar a los acueductos comunales. Adicionalmente, la iniciativa refuerza el papel de estas organizaciones en la protección del recurso hídrico, obligándolas a desarrollar acciones de conservación, vigilancia de fuentes, reforestación y gestión ambiental, como parte integral del derecho humano al agua y al saneamiento.