Iniciativa legislativa busca garantizar un monto mínimo inembargable para personas jubiladas, ante casos de afectación a su subsistencia básica.
La Defensoría de los Habitantes instó a la Asamblea Legislativa a aprobar con prontitud el proyecto de ley N.º 24.940, una iniciativa que pretende evitar que las personas pensionadas vean comprometida su sustento básico debido a deducciones desproporcionadas aplicadas a sus ingresos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la institución considera urgente la aprobación de esta legislación ante la situación de personas adultas mayores cuyas pensiones son objeto de rebajos directos por créditos, reduciendo sus ingresos a niveles insuficientes para cubrir necesidades esenciales como alimentación, servicios básicos y vivienda.
El ente defensor indicó que la propuesta cuenta con respaldo jurídico tras la resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual reconoce la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el tribunal, este concepto establece un límite de intangibilidad que busca asegurar el derecho de las personas pensionadas a una vida digna, incluso frente a obligaciones crediticias adquiridas previamente.
La Defensoría explicó que el proyecto, impulsado con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones han sido reducidas a montos ínfimos, sin contar con una protección mínima.
En ese contexto, la iniciativa propone establecer la "pensión mínima intocable", definida como un monto inembargable equivalente al límite de protección que actualmente se aplica a los salarios, con el fin de garantizar recursos suficientes para cubrir necesidades básicas.
Además, el proyecto plantea respetar la autonomía financiera de las personas pensionadas, permitiéndoles gestionar créditos mediante acuerdo de voluntades, pero dentro de un marco legal que prevenga el sobreendeudamiento.
Finalmente, el ente defensor señaló que la propuesta también busca fomentar la denominada "Economía Plateada", al brindar mayor seguridad jurídica sobre los ingresos de esta población, lo que podría incentivar su inclusión financiera, el emprendimiento y su participación activa en la economía nacional.