Rodrigo Chaves está jugando con un activo que no le pertenece: la relación estratégica entre Costa Rica y Estados Unidos. Esa relación no es un trofeo personal, ni una credencial electoral, ni una plataforma para insinuar que Washington respalda la continuidad de su proyecto político. Sin embargo, eso es precisamente lo que su narrativa pública ha comenzado a sugerir: que sus reuniones y su cercanía con autoridades estadounidenses pueden leerse en Costa Rica como un aval externo a la sucesión política que él impulsa. Ese uso político de la diplomacia no solo es imprudente y peligroso.
El problema no es la cooperación con Estados Unidos ya que Costa Rica necesita una relación sólida con Washington en seguridad, migración, comercio y defensa del orden democrático regional. El problema es que Chaves parece decidido a manipular ese vínculo para presentarlo ante la opinión pública costarricense como prueba de legitimidad para lo que él llama “continuidad”.
El propio Departamento de Estado presentó la visita de Marco Rubio a Costa Rica como parte de una agenda regional sobre cooperación hemisférica, seguridad y migración, no como intervención en la política electoral costarricense. Convertir esa relación institucional en propaganda doméstica distorsiona su naturaleza y contamina su propósito; así como a Laura Fernández la prensa internacional la describió como heredera política directa del proyecto de Chaves y su victoria fue leída como la continuidad de esa línea de poder. Además, su posterior regreso al gabinete como ministra de la Presidencia, ya siendo presidenta electa, fue reportado como un hecho inédito en Costa Rica y como una fórmula para administrar la transición desde el centro mismo del Ejecutivo saliente. Eso proyecta una imagen de mando compartido, anticipado y cuidadosamente administrado.
Ahí es donde el caso costarricense deja de ser una simple transición política y comienza a parecerse a otros procesos latinoamericanos, Nicaragua ofrece la advertencia más clara. En enero de 2025, el Congreso controlado por Daniel Ortega aprobó reformas constitucionales que formalizaron la figura de “co-presidente” para Rosario Murillo y profundizaron el control del Ejecutivo sobre el Estado. Costa Rica no está en ese punto, pero sería una irresponsabilidad esperar a llegar allí para reconocer las señales de deterioro como la personalización del poder, la erosión de contrapesos y la normalización de arreglos políticamente convenientes que difuminan la frontera entre un gobierno que termina y otro que apenas comienza.
La gravedad del momento radica en que según las fuentes públicas revisadas, es Rodrigo Chaves quien intenta imponer en sus declaraciones a Costa Rica la idea de que Washington acompaña, valida o bendice su continuidad política, siendo esa maniobra un riesgo directo para la estabilidad democrática del país. Porque cuando un presidente pretende vestir su sucesión con legitimidad geopolítica, desplaza el eje de la soberanía popular y sugiere que el poder interno se fortalece no solo en las urnas, sino también en los pasillos de la diplomacia; en una democracia constitucional, esa insinuación ya es corrosive, tanto como lo es para Estados Unidos, ya que Washington tiene intereses legítimos en cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, gestión migratoria y preservación de un socio democrático confiable.
Pero esos intereses se debilitan cuando gobernantes como Rodrigo Chaves y Laura Fernández intentan apropiarse simbólicamente de la relación bilateral para venderla como respaldo personal, incluso intimidando con represalías y amenazas de cancelación de visas. En ese momento, Estados Unidos deja de verse como aliado institucional del Estado costarricense y empieza a ser percibido por parte de la opinión pública como actor dentro de una disputa doméstica. Ese es exactamente el tipo de distorsión que alimenta polarización, sospechas de injerencia y narrativas antiestadounidenses en la región.
Costa Rica, además, no es cualquier país del hemisferio, su peso versa durante décadas en su institucionalidad electoral y en su reputación como democracia estable. La propia OEA, al desplegar su misión de observación para las elecciones de 2026, destacó la fortaleza y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones y la importancia de preservar la integridad del proceso democrático en un entorno polarizado. Por eso resulta aún más grave que el poder presidencial intente mezclar esa tradición institucional con una narrativa de continuidad reforzada desde el exterior con una doble representación (presidente- presidente electa- ministra) esto afecta la credibilidad de Costa Rica como un país estable.
Lo que hoy se observa en Costa Rica es una tentativa de convertir la diplomacia en un instrumento de poder personal, donde en una co-gobernanza ambos fueron a discutir temas de interés de soberanía nacional como la minería illegal a una mesa diplomática, cuando el contexto de Escudo las Américas, Doral 2026 era el marco geopolitico y seguridad de la región
Cuando un presidente intenta manipular las relaciones diplomáticas para torcer el sentido de la democracia interna, ya no está defendiendo la estabilidad de Costa Rica; está convirtiéndose en una amenaza para ella. La defensa de la diplomacia moderna exige reconocer que las relaciones internacionales no deben ser utilizadas como instrumentos de presión política interna ni como mecanismos de legitimación de proyectos o de continuidad personal.
En inglés se puede entender como “violating the spirit of the law while obeying the letter of the law” que sería la mejor forma de describir la re-incorporación de Fernández al gabinete de Chávez como ministra, luego de su renuncia y post-elección.
La estabilidad democrática depende de preservar con claridad la separación entre diplomacia de Estado y ejercicio constitucional del poder. Por ello, toda instrumentalización política de los vínculos internacionales especialmente cuando pretende presentarse como respaldo externo para los intereses internos debe ser analizada con rigor, pues no solo debilita la legitimidad democrática, sino que también compromete la credibilidad institucional de Costa Rica.