En los últimos años, el océano ha comenzado a ocupar un lugar central en la agenda ambiental global. Frente al deterioro acelerado de los ecosistemas marinos, la sobrepesca, la contaminación y los efectos cada vez más visibles del cambio climático, gobiernos, organismos multilaterales y grandes fundaciones internacionales han anunciado importantes recursos financieros destinados a la protección del mar.
La llamada economía azul ha emergido como uno de los grandes marcos conceptuales para enfrentar este desafío. Bajo ese concepto se han promovido instrumentos financieros innovadores como bonos azules, fondos de conservación marina, mecanismos de carbono azul y programas internacionales asociados a la meta global de proteger el 30% de los océanos al año 2030.
En este escenario, Costa Rica ha sido presentada reiteradamente como uno de los países líderes en gobernanza ambiental. El país ha ampliado significativamente su superficie marina protegida y ha asumido compromisos internacionales ambiciosos que han sido reconocidos en diversos foros globales.
Sin embargo, detrás de esta narrativa surge una pregunta que merece ser planteada con claridad y transparencia: ¿Cuánto dinero ha ingresado realmente al país bajo el concepto de financiamiento azul y cuánto de ese dinero se ha traducido en acciones concretas para proteger el océano?
Responder esta pregunta no busca debilitar el liderazgo ambiental del país. Por el contrario, busca fortalecerlo. Porque la credibilidad del liderazgo ambiental depende, en última instancia, de la transparencia, la eficacia y los resultados.
Al revisar algunos de los principales instrumentos financieros asociados a la agenda oceánica reciente en Costa Rica, aparecen cifras que invitan a reflexionar.
Uno de ellos es el denominado Fondo Azul de Costa Rica, creado con aportes de fundaciones internacionales como Bezos Earth Fund, Wyss Foundation y Moore Foundation, entre otras, con el objetivo de apoyar la gestión de las áreas marinas protegidas y contribuir al cumplimiento de la meta 30x30. Este fondo ha alcanzado aproximadamente 10 millones de dólares en compromisos iniciales destinados a iniciativas vinculadas con la conservación marina.
A este mecanismo se suma la emisión reciente del primer bono azul del país, impulsado por el Banco Nacional con el apoyo de BID Invest, por un monto cercano a 50 millones de dólares. Este instrumento financiero fue presentado como una herramienta para promover proyectos relacionados con la economía azul, incluyendo iniciativas vinculadas al manejo de residuos, agua y actividades productivas en el ámbito marino-costero.
Diversos programas de cooperación internacional también han canalizado recursos hacia iniciativas relacionadas con carbono azul, restauración de manglares, planificación marina y fortalecimiento institucional. Entre ellos se encuentran aportes recientes de agencias europeas de cooperación por cerca de 700.000 euros destinados a proyectos vinculados con ecosistemas costeros.
Asimismo, el país ha movilizado recursos adicionales asociados a la implementación de la meta internacional de protección marina 30x30, con inversiones estimadas en alrededor de 7 millones de dólares dirigidos al fortalecimiento de áreas marinas protegidas.
Sumados, estos instrumentos financieros representan más de 65 millones de dólares vinculados en los últimos años a iniciativas relacionadas con el océano en Costa Rica.
Y esta cifra no incluye otros recursos provenientes de programas internacionales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, cooperación bilateral histórica o proyectos financiados por organismos multilaterales de desarrollo.
La cifra total, si se analizara con mayor profundidad, probablemente sería considerablemente mayor.
La pregunta entonces es inevitable: ¿Cómo se están utilizando realmente estos recursos?
Desde la perspectiva de muchas organizaciones que trabajan directamente en el mar, la respuesta genera inquietudes legítimas.
Mientras se anuncian millones de dólares en financiamiento azul, muchas áreas marinas protegidas del país continúan enfrentando limitaciones significativas de personal, equipamiento y capacidad de vigilancia.
La pesca ilegal sigue siendo una amenaza persistente en amplias zonas del territorio marino nacional.
Los programas de monitoreo científico dependen con frecuencia de proyectos temporales o del apoyo de organizaciones externas.
Y numerosas iniciativas de conservación marina desarrolladas por organizaciones no gubernamentales y centros de investigación continúan operando con presupuestos extremadamente limitados.
En otras palabras, existe una percepción creciente de que una parte importante del financiamiento destinado al océano no está llegando directamente al mar.
En muchos casos, los recursos terminan concentrándose en procesos administrativos, estudios técnicos, consultorías, estructuras institucionales o programas conceptuales cuyo impacto directo en la protección efectiva de los ecosistemas marinos resulta difícil de medir.
La preocupación sobre la transparencia y la eficacia en el uso de estos recursos no es exclusiva de organizaciones ambientales. Análisis del Estado de la Nación han señalado en diversas ocasiones debilidades estructurales en los sistemas de gobernanza pública, particularmente en lo relacionado con la coordinación institucional, la gestión de recursos y la capacidad de implementación de políticas públicas.
Más recientemente, un reportaje del noticiero Noticias Repretel también planteó interrogantes sobre el manejo y la efectividad de ciertos fondos vinculados a iniciativas ambientales, reflejando una preocupación que empieza a emerger en el debate público nacional.
Estas inquietudes plantean preguntas fundamentales que merecen respuestas claras:
- ¿Cuánto financiamiento internacional ha ingresado realmente al país bajo el concepto de economía azul?
- ¿Qué instituciones administran esos recursos?
- ¿Qué porcentaje se destina a costos administrativos, consultorías o estructuras institucionales?
- ¿Y cuánto llega efectivamente al mar en forma de vigilancia, restauración de ecosistemas, investigación científica o apoyo a comunidades costeras?
Responder estas preguntas no debería interpretarse como una crítica al compromiso ambiental del país. Más bien debería verse como una oportunidad para fortalecer la transparencia y la eficacia de los esfuerzos de conservación.
Porque el desafío que enfrenta el océano hoy es demasiado serio para conformarnos únicamente con discursos, compromisos internacionales o nuevas etiquetas financieras.
El océano enfrenta amenazas concretas: pesca ilegal, sobreexplotación de recursos, degradación de ecosistemas costeros, contaminación y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
Frente a esta realidad, la verdadera medida del liderazgo ambiental no se encuentra en los anuncios, sino en los resultados.
Costa Rica tiene hoy la oportunidad de demostrar que su liderazgo ambiental no es solo una narrativa internacional, sino una realidad tangible en sus océanos.
Para ello, el primer paso es simple pero poderoso: transparentar los recursos y asegurar que el financiamiento destinado a proteger el mar llegue realmente al mar.
Cerrar esa brecha entre el discurso internacional de la economía azul y la realidad que enfrentan nuestros ecosistemas marinos es uno de los desafíos más importantes de nuestra generación.
En ese contexto, iniciativas como la propuesta de Paz para el Océano, presentada por el Gobierno de Costa Rica en foros internacionales como una visión para fortalecer el liderazgo ambiental del país, adquieren un significado aún más profundo.
Porque hablar de paz para el océano implica reconocer que la verdadera protección de la vida marina no se logra únicamente con compromisos internacionales o instrumentos financieros, sino con una gobernanza transparente, responsable y orientada a resultados.
Solo cuando los recursos destinados a salvar el océano lleguen realmente al mar podremos comenzar a hablar con legitimidad de una verdadera Paz para el Océano y para la vida marina.