En recientes declaraciones el presidente Rodrigo Chaves Robles expresó:
Vamos a trabajar todos juntos y el gobierno de Estados Unidos para que nuestros poderes judiciales dejen de ser instrumentos politiqueros”
Esta afirmación merece una reflexión cuidadosa a la luz de nuestra tradición democrática. Y quisiera hacerla como alguien a quien en su propia vida pública le correspondió atravesar circunstancias difíciles –incluso arbitrarias y absurdas por parte de funcionarios judiciales.
Como se sabe, renuncié a la Secretaría General de la OEA y a la inmunidad del cargo para regresar voluntariamente a Costa Rica y enfrentar los procesos judiciales planteados en mi contra. Durante muchos años he comparecido ante los tribunales. He vencido en procesos que, con graves injusticias, se prolongaron inconstitucionalmente por años, y aún hoy —en medio de la dura enfermedad de mi amada esposa— comparezco a un juicio que inconcebiblemente ocurre veinticuatro años después de iniciada la investigación, doce años después de un sobreseimiento, y casi tres años después de que la Sala Constitucional declarara que este proceso viola mi derecho a una justicia pronta y cumplida.
Lo he hecho convencido de que la legitimidad de nuestras instituciones depende precisamente de la disposición de los ciudadanos —y con mayor razón de quienes ejercemos responsabilidades públicas— de someternos a ellas.
Costa Rica ha construido su estabilidad política sobre un principio fundamental: la independencia de los poderes del Estado. El Poder Judicial no es un actor político ni un adversario de los gobiernos. Es una institución republicana encargada de aplicar la ley con imparcialidad, aun cuando esa aplicación pueda incomodar a quienes ejercen el poder. Aun cuando, como institución humana, cometa errores y tenga fallas que deben corregirse pacientemente.
La independencia judicial no es negociable, ni dentro ni fuera del país.
Cuando desde la Presidencia se sugiere que gobiernos foráneos o acuerdos internacionales podrían influir de alguna manera en el funcionamiento de nuestro sistema judicial, es necesario recordar con claridad los límites que establece nuestro propio orden constitucional.
El artículo 19 de la Constitución Política de Costa Rica establece:
Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país.”
Este principio es un rasgo profundo de nuestra tradición republicana: las decisiones sobre nuestras instituciones democráticas deben determinarse en Costa Rica y conforme a nuestro Estado de Derecho.
Por supuesto, la cooperación internacional entre democracias es valiosa y necesaria en muchos campos. Costa Rica ha sido históricamente un país abierto al diálogo y a la colaboración con la comunidad internacional. Hemos recibido apoyo externo a nuestro sistema judicial, y lo hemos prestado a otras naciones. Pero esa cooperación nunca puede interpretarse como una vía para irrespetar la independencia del Poder Judicial.
La experiencia democrática enseña que cuando los gobernantes enfrentan cuestionamientos o investigaciones judiciales, el camino correcto no es desacreditar a los jueces ni insinuar presiones externas, sino acudir a los tribunales con respeto, presentar los argumentos y permitir que la ley siga su curso.
El derecho internacional ofrece mecanismos y tribunales reconocidos para dirimir controversias cuando los Estados, las personas o las instituciones consideran que se ha vulnerado el orden jurídico. Pero esos mecanismos existen precisamente para fortalecer el Estado de Derecho, no para erosionar la confianza en los sistemas judiciales nacionales ni para sustituirlos.
La democracia costarricense se ha distinguido en el mundo por la fortaleza de sus instituciones y por la madurez con que los ciudadanos y sus dirigentes hemos sabido respetarlas. Nuestra historia demuestra que las tensiones entre poderes son normales en una democracia, pero también que la prudencia y el respeto institucional son indispensables para preservarla.
Por ello, más que sembrar dudas sobre la legitimidad del Poder Judicial, lo que corresponde es defender su independencia con claridad y sin ambigüedades. La valentía en la vida pública no consiste en cuestionar a las instituciones cuando nos incomodan. Consiste en respetarlas, acudir a ellas y aceptar sus decisiones, porque de ese respeto depende la confianza de los ciudadanos en la democracia. También consiste en mejorar la institucionalidad por las vías que establece nuestro Estado de Derecho.
Costa Rica ha sabido construir, a lo largo de décadas, una república donde la ley está por encima de los hombres y de los gobiernos; donde los poderes se controlan entre sí y donde prevalecen, ante todo, los derechos fundamentales de las personas.
Esa es una conquista demasiado valiosa como para ponerla en duda.
Y es responsabilidad de todos —especialmente de quienes ejercen el poder— preservarla, respetarla y fortalecerla con prudencia republicana.