El diseño de políticas públicas debe empezar por una valoración de necesidades del público meta que se desea impactar con dicho instrumento. Este es un ejercicio que rara vez se realiza, tanto en lo público como en lo privado. Esto explica por qué muchas veces compramos productos que no necesitamos, que no mejoran nuestra vida, que tienen un impacto degradante en el medio ambiente y que nos desenfocan de nuestro quehacer prioritario.
En el proceso de diseño de políticas y proyectos de ley debe distinguirse con claridad la efectividad de la eficacia. Efectividad sería si tan pronto se divulgara un proyecto de ley, la ciudadanía tuviera claridad sobre cuál es el papel que debe desempeñar para que aquel programa sugerido tuviera el máximo impacto en la colectividad y, por ende, en su individualidad. Eficacia es medir dentro de 40 años ese impacto.
Para diseñar políticas públicas de desarrollo, debe aspirarse a que el impacto de la política llegue, lo antes posible, a la mitad de mayor vulnerabilidad del público meta. Por ejemplo, si la intención es mejorar el transporte público masivo de personas, la aspiración principal de la nueva ley o política sería llevarle el máximo beneficio posible a las personas que encuentran mayor dificultad en el uso del transporte público y que no tienen alternativa. Esto tendría, por lo menos dos consecuencias: la primera, es que quien tiene mayor necesidad la vería satisfecha más rápido; la segunda, es que la otra mitad del público meta también se vería beneficiada por los resultados de la política. Si todas las políticas públicas tuvieran este criterio de diseño, se aceleraría el desarrollo de las naciones.
La oportunidad que tiene el próximo gobierno de Costa Rica de acelerar el desarrollo socioeconómico, político y ambiental del país es única y enorme. Hace muchas décadas fue la última vez que la fracción oficialista en el Congreso tuvo el poder suficiente para promulgar leyes sin necesidad de negociar o transar con otras fracciones. Sin embargo, la capacidad de negociación que, poco a poco, hemos desarrollado a nivel legislativo en el transcurso de este siglo, podría ser muy útil en la gestión de acuerdos para sumar amplias mayorías – o incluso el consenso – en el diseño de leyes y políticas que nos catapulten hacia un futuro más próspero. Por supuesto, eso facilitaría la generación de un capital político necesario incluso, para hacerle reformas a la Constitución Política que amplias mayorías legislativas consideren necesarias.
Debemos recordar siempre que la identidad cultural también puede ser resultado de una reforma legal. Costa Rica es una reconocida cultura desmilitarizada y eso no va a cambiar aunque se instaure de nuevo un ejército militar. Han pasado tantas generaciones desde que un costarricense realizó el servicio militar que la cultura misma evolucionó hacia formas alternativas de gestionar nuestros conflictos domésticos e internacionales. En culturas desmilitarizadas es evidente que la manera más eficiente, efectiva y eficaz de gestionar conflictos es previniéndolos, no agravándolos con el uso de la fuerza.
Será importante entonces que elijamos los incentivos correctos a perseguir, sobre todo porque la Costa Rica que será cuando esta generación ciudadana se haya retirado resultará de esta gestión de diseño de políticas para el desarrollo que estamos a punto de emprender. Este país es ejemplo global y fuente de abundantísimo bienestar para millones de personas residentes, visitantes y miles de otras formas de vida gracias a que gobernar es enriquecer lo colectivo. De paso, sirva recordar también que gobernar es educar.
Escuche el episodio 307 de Diálogos con Álvaro Cedeño titulado “La oportunidad de gobernar”.
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