¿Cuál fue el daño?
— La pregunta no es mía. Es del próximo jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, al referirse a la posibilidad de allanar una casa sin orden judicial… aunque no se encuentre nada.
— La frase no es menor. Tampoco es un exabrupto. Es, más bien, una ventana bastante clara a una forma de entender el poder.
— Repasemos.
— Durante una entrevista en Interferencia de Radio UCR, Acosta defendió la idea de que, en un eventual escenario de suspensión de garantías, el Estado podría ingresar a domicilios sin autorización de un juez. Para justificarlo, planteó un caso en el que una orden tardía permitió decomisar droga días después de un primer intento que no obtuvo el visto bueno judicial.
— Hasta ahí, el argumento clásico: la burocracia estorba, la urgencia manda.
— Pero el punto crítico vino después.
— La periodista Hulda Miranda le consultó: “¿qué pasa si entran a una casa sin orden judicial… y no encuentran nada?”.
— “Perdón, ¿cuál fue el daño?”, respondió Acosta.
— Conviene detenerse ahí.
— Porque la respuesta no es anecdótica. Es conceptual.
— En un Estado de derecho, el problema de un allanamiento sin orden judicial no depende de si había o no droga dentro de la casa. Depende de que el Estado, sin control previo, decidió entrar.
— El daño no se mide por el resultado del operativo. Se mide por la violación de la garantía.
— Dicho en sencillo: el derecho no existe solo para cuando todo sale bien. Existe, precisamente, para cuando el poder se equivoca.
— La inviolabilidad del domicilio —ese principio que impide que el Estado entre a su casa sin autorización judicial— no es un tecnicismo ni un capricho. Es un límite. Un freno. Una línea clara que separa a una democracia de algo más peligroso.
— Porque si el criterio pasa a ser “no hubo daño porque no encontramos nada”, entonces el derecho deja de ser una protección y se convierte en una apuesta: que ojalá el Estado acierte, que ojalá no se equivoque.
— Y ese es un terreno resbaloso.
— Ahora bien, para que esto siquiera entre en juego, no estamos hablando de una decisión menor.
— La posibilidad de allanar viviendas sin orden judicial solo sería viable si la Asamblea Legislativa aprueba la muy comentada suspensión de garantías constitucionales, una medida extrema que requiere al menos 38 votos y que la propia Constitución reserva para situaciones excepcionales.
— ¿De qué estamos hablando exactamente?
— De suspender, entre otros, derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad y las garantías contra detenciones arbitrarias. Es decir: no es un ajuste técnico. Es un rediseño temporal —pero profundo— de los límites del poder estatal.
— En ese contexto, la afirmación de Acosta no aparece en el vacío. Forma parte de una tesis más amplia: que, frente a la inseguridad, el país debe flexibilizar esas garantías para poder actuar con mayor rapidez.
— El argumento es seductor. También es añejo.
— Cada vez que una sociedad enfrenta picos de violencia, aparece la tentación de sacrificar controles en nombre de la eficacia. Reducir trámites. Acelerar decisiones. “Desatarle las manos” al Estado.
— El tema es que esos controles no están ahí por casualidad.
— El control judicial previo —esa exigencia de que un juez autorice un allanamiento— no es un formalismo incómodo. Es una salvaguarda diseñada precisamente para evitar abusos, errores o excesos en el uso del poder.
— No perdamos de vista algo elemental: ejemplos de abuso del poder ante la falta de límites sobran. Sin ir muy lejos, recordemos un titular de esta semana en el Semanario Universidad: “PANI calificó como “prioridad 1” la investigación sobre hija de Álvaro Ramos, mientras 327 casos de 2025 de ese nivel seguían rezagados a febrero de 2026”.
— Aterricemos con claridad en lo que esto implica: el Patronato Nacional de la Infancia determinó que un video de la hija de un candidato de oposición criticando al presidente Chaves ameritaba la prioridad 1, reservada por la institución para casos de riesgo inminente para la vida o integridad de una persona menor de edad.
— No hace falta subrayar lo problemático, es absolutamente inaceptable que esto haya ocurrido y deberían rodar cabezas. Pero sucedió y, como suele pasar, es poco probable que haya consecuencias proporcionales.
— Entonces sí, quitar el filtro de la orden judicial en casos de allanamiento implica trasladar la decisión desde un tercero imparcial hacia quien ejecuta la acción. Es decir: el mismo actor que sospecha, decide.
— Y cuando eso ocurre, la frontera entre investigar y vulnerar derechos se vuelve peligrosamente difusa.
— Por eso la reacción desde futuras curules no tardó en llegar.
— Desde Liberación Nacional, el próximo jefe de fracción (Álvaro Ramírez) calificó la propuesta como “propia de las dictaduras”. Desde el PUSC, Abril Gordienko la señaló como inconstitucional y advirtió que eliminar el control judicial previo “socavaría peligrosamente” la protección de los ciudadanos frente al poder del Estado.
— Más allá del tono —que podrá ser más o menos enfático— el fondo del cuestionamiento apunta a lo mismo: una democracia no se define solo por su capacidad de perseguir el delito, sino por los límites que se impone al hacerlo.
— Y aquí es donde conviene hacer una pausa incómoda.
— Porque sí, Costa Rica enfrenta un problema serio de seguridad. Nadie lo discute. La frustración es real. La presión por resultados, también.
— Pero justamente por eso el debate exige calma, mesura y precisión, no comparaciones forzadas ni atajos discursivos importados.
— No se trata de escoger entre seguridad o derechos, como si fueran excluyentes o como si ya hubiéramos perdido el país. Se trata de entender que los derechos son, precisamente, las reglas bajo las cuales se ejerce esa seguridad.
— Cuando esas reglas se relativizan, lo que se pone en juego no es solo la eficacia del Estado, sino su legitimidad.
— Dicho sin rodeos: no todo lo que promete resultados rápidos fortalece al país. A veces lo erosiona. Sino, pregúntenselo a Trump.
— Y eso nos devuelve a la pregunta inicial.
— “¿Cuál fue el daño?”.
— El daño es normalizar la idea de que los derechos fundamentales dependen del resultado de una intervención.
— El daño es asumir que, si el Estado se equivoca, basta con pedir disculpas o pagar una reparación.
— El daño es abrir la puerta a que el poder actúe primero… y se justifique después.
— Porque una vez que esa lógica se instala, revertirla no es tan simple.
— Hoy puede ser un allanamiento sin orden judicial en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Mañana puede ser otra cosa. En otro contexto. Con otro objetivo. Bajo otra excusa.
— Las garantías no existen para el caso fácil. Existen para el difícil.
— Existen para cuando la presión política es alta, cuando la ansiedad colectiva aprieta y cuando el poder siente la tentación de ir más rápido de la cuenta.
— Por eso están en la Constitución. Por eso requieren mayorías calificadas para suspenderse. Por eso —precisamente— no se dejan al criterio volátil del momento.
— Costa Rica tiene todo el derecho de discutir cómo enfrentar su crisis de seguridad. Lo que no puede hacer es perder de vista, en ese proceso, qué tipo de Estado quiere seguir siendo.
— Porque si la respuesta a cada problema complejo va a ser correr los límites del poder un poco más allá, el riesgo no es solo equivocarse.
— Es acostumbrarse.
Bonus track: Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra su embajada en La Habana.
Hidden track: MOPT desobedece sentencia que obliga a construir pasos de fauna en la ruta 32.
Remix: Ejecutivo inaugura dos escáneres móviles en fronteras terrestres.
Asamblea Legislativa
Asamblea aprueba sesiones extraordinarias de plenario para tramitar 66 proyectos de ley
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles dos sesiones extraordinarias que se realizarán en las mañanas del lunes y miércoles de la próxima semana, para tramitar una agenda de 66 proyectos de ley. La medida responda a la paralización experimentada por el plenario desde hace varias semanas, donde no se han logrado aprobar proyectos de ley debido al trámite del proyecto para crear un fondo de apoyo a los arroceros, bloqueado por el oficialismo con más de 70 mociones; así como por el trámite de iniciativas que habían quedado congeladas durante meses a la espera de alcanzar consensos que permitieran su aprobación.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Estados Unidos flexibiliza sanciones y reabre el negocio petrolero con Venezuela
Estados Unidos autorizó a sus empresas a retomar negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tras una decisión del Departamento del Tesoro que flexibiliza las sanciones vigentes, aunque mantiene restricciones clave, en busca de aumentar la oferta global de crudo en un contexto marcado por la guerra contra Irán y el alza sostenida de los precios energéticos. Mientras tanto, Bolivia cerró este miércoles la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales del próximo domingo, en un escenario inédito marcado por la ausencia de una fuerza dominante tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por último, el presidente de la República del Congo, Denis Sassou N’Guesso, obtuvo la reelección para un quinto mandato consecutivo tras lograr el 94,82% de los votos, según resultados provisionales.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Sharon Herrera irá al Mundial de Marcha Atlética tras completar campaña de recaudación
La marchista costarricense Sharon Herrera Soto representará al país en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos 2026, que se disputará el próximo 12 de abril en Brasilia, Brasil. Además, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción para declarar el skateboarding como deporte de interés en el cantón central, mientras la gimnasta costarricense Luciana Alvarado Reid fue incluida en el Primer Equipo All-MAC como all-around, tras su desempeño durante la temporada 2026 con la Universidad Central de Michigan.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Cine: El programa Preámbulo anunció la realización de una retrospectiva dedicada a la cineasta belga Chantal Akerman, que se llevará a cabo los jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo en la Sala Gómez Miralles, con entrada gratuita para el público.
— Fotografía: El artista Luis Diego Ramos explora, a través de la fotografía, las huellas visuales que se acumulan en espacios desapercibidos de la ciudad y las convierte en un archivo contemporáneo de identidad urbana.
— Documental: El largometraje documental Las notas sentimentales de la memoria, dirigido por la cineasta costarricense Ana Lucía Jiménez Hine, tendrá su estreno en salas nacionales con una serie de funciones especiales acompañadas de cineforos en el Cine Magaly.
— Música: La Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la temporada 2026 de “Música en el Campus”, una iniciativa que reunirá más de 40 actividades gratuitas entre el 17 de marzo y el 9 de julio.
— Teatro: La obra teatral Madre carajo, un díptico escénico que aborda las complejidades familiares, la maternidad y la discriminación desde las vivencias de mujeres trans en Costa Rica, se presentará del 9 al 12 de abril de 2026 en el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica.
— La Telaraña: Esta semana, en el podcast en el que arte y ciencia convergen, el historiador David Díaz-Arias y el cineasta Andrés Heidenreich conversaron sobre conspiraciones. Escuche el episodio #162 en este enlace.