La construcción de la paz y el rechazo a los conflictos armados de cualquier naturaleza es el acuerdo social más sólido y firme que ha tenido Costa Rica en su historia. Nuestra Constitución Política proscribe el ejército como una señal indiscutible ante el resto del mundo, así como entre nosotros mismos. Sumado a ello, la proclama de la neutralidad activa, perpetua y no armada frente a conflictos internacionales e internos de otros países de 1983 consolidó el rechazo rotundo a la guerra como forma de resolver disputas de cualquier naturaleza, siendo éste un elemento central de la idiosincrasia nacional.
Por eso resulta un triste e irreparable golpe a esa historia, construida a lo largo de muchas décadas y por distintas generaciones, la adhesión que el presidente de la República y la presidenta electa han dado en nombre del país a la “coalición militar” anunciada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo. Esto sucede tan sólo unos días después de que uno de los asesores (así anunciado) de la administración entrante, propusiese la instalación de bases militares norteamericanas en territorio de Costa Rica. Ambas cosas bajo el pretexto de “combatir a los carteles y al crimen organizado”.
La militarización de las tareas de seguridad pública y la proclamada “guerra contra las drogas” es una receta añeja y con amplia evidencia de ser fallida en América Latina. No obstante, en el caso costarricense, adoptar ese modelo sería renunciar a los principios más básicos que han permitido la estabilidad, el bienestar y la protección de los derechos de nuestra gente.
Este episodio no es el primero dentro de la historia reciente. En 2003, en la que fue una las decisiones de política exterior más desastrosas jamás recordadas, el gobierno de turno dio su respaldo “de manera inequívoca” a la alianza internacional para llevar a cabo la guerra en Iraq. Entonces la Sala Constitucional fue tajante mediante su sentencia 09992-2004: el ordenamiento jurídico nacional impide avalar cualquier uso de la fuerza fuera o al margen de los procesos establecidos por el Sistema Internacional de Naciones Unidas, pues la paz es un valor con rango constitucional.
Aunado a lo anterior, la ley N°9288 sobre proclamación de la paz como un derecho humano y de Costa Rica como país neutral del 21 de noviembre de 2014 reza textualmente: “Costa Rica es neutral ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros Estados, de conformidad con lo que disponen esta ley y el derecho internacional.” Esto guarda consonancia con la proclama del presidente Luis Alberto Monge, quien bien señalaba que la neutralidad no es ausencia de criterio ni de posición ideológica, moral o política, sino la total abstención de conflictos bélicos que afecten a terceros Estados.
La conclusión es sencilla y no se presta para ambigüedades o interpretaciones de ninguna clase: por ley, Costa Rica no participa de guerras. Y el llamado “Escudo de las Américas” lanzado por Trump, y ante el cual nuestro Poder Ejecutivo se ha rendido sin condiciones junto con otros líderes latinoamericanos, no es más que otra versión de la guerra que por décadas ha enfrentado a los ejércitos contra sus propios pueblos. Su efecto, lejos de acabar con los carteles, ha sido más caos, sangre y una interminable violencia en las calles cuyas consecuencias pagan las personas más vulnerables.
Prueba fehaciente de que se ha lanzado de manera abierta y manifiesta un conflicto armado fue el ofrecimiento de “usar misiles” en países de la región. Por nuestra historia, por las enseñanzas que hemos dado al planeta entero, y por un respeto básico a la constitución, a las leyes y al Derecho Internacional, Costa Rica no debe prestarse para una alianza bélica que promete resultados devastadores sobre naciones ya de por si heridas por la violencia y las guerras internas.
Todo lo anterior no pretende desconocer los enormes problemas que tenemos en materia de narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, la cooperación internacional no es sinónimo de subordinación, ni mucho menos de adoptar un belicismo completamente ajeno a la identidad costarricense. Ya hemos demostrado que somos capaces de reducir la criminalidad de una manera distinta. Los problemas actuales del país en esta materia deben ser resueltos conforme a nuestras propias leyes y por parte de las autoridades nacionales.