Sector empresarial pide archivar proyecto que da manejo especial a botellas de plástico de un solo uso

Cámaras advierten que iniciativa duplica regulación vigente y generaría inseguridad jurídica.

Organizaciones representativas de la producción y el comercio nacional solicitó a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto de ley 24.509 del diputado socialcristiano Carlos Felipe García Molina, que declara las botellas plásticas de un solo uso como residuos de manejo especial.

Las cámaras privadas sostienen que la iniciativa “colisiona frontalmente” con la Ley 9786, normativa vigente para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, actualmente en proceso de reglamentación por el Ministerio de Salud.

En una carta dirigida a jefes de fracción y diputados independientes, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), junto con la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara Costarricense Norteamericana, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara de Detallistas, la Asociación Costarricense de la Industria Plástica y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, afirmaron que el proyecto no aporta valor jurídico ni ambiental y genera duplicidad normativa.

La propuesta de ley declara como residuos de manejo especial las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes, y establece obligaciones para los productores, importadores, comercializadores y distribuidores, incluyendo asegurar la recuperación de al menos el 60% de las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes introducidos al mercado nacional durante el primer año tras la entrada en vigencia de esta ley, e incrementar la tasa de recuperación en un 5% cada año, hasta alcanzar una tasa de recuperación anual del 90%.

El sector empresarial cuestionó que la propuesta establece metas de recuperación de desechos plásticos sin base técnica, impone sanciones desproporcionadas e incluso abre la posibilidad de que el incumplimiento de esas metas se configure como delito para productores y comerciantes.

Además, señalaron que la iniciativa elimina la opción del uso de resina reciclada, lo que consideran un retroceso respecto a la legislación actual.

Las cámaras advirtieron que aprobar una ley paralela sobre la misma materia aumentaría la burocracia, encarecería el cumplimiento regulatorio y debilitaría la gobernanza ambiental al crear un sistema paralelo.

Ante esto, piden a las diputaciones archivar la iniciativa y concentrar los esfuerzos institucionales en fortalecer la aplicación y reglamentación de la Ley 9786, con el fin de garantizar seguridad jurídica y protección ambiental efectiva.

El pasado 10 de febrero la iniciativa fue dictaminada de manera afirmativa en la Comisión de Ambiente.