La Sugef afirma que identificó "defectos graves" en el diseño del proyecto que "impedirían que la ley cumpla la protección prometida".
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) remitió una solicitud expresa a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley del Expediente 23.908, que se ha presentado como una solución frente a las estafas electrónicas.
Tras analizar el texto, la Sugef identificó "defectos graves" de diseño que "impedirían que la ley cumpla la protección prometida".
La Sugef indicó que comparte la urgencia de proteger a las personas usuarias ante los delitos electrónicos. No obstante, considera que "toda política pública responsable debe traducirse en una ley aplicable y coherente con la legislación vigente".
La Sugef explicó, a su juicio, los principales riesgos en el proyecto:
- Traslada las disputas a un mecanismo que puede terminar en tribunales
El texto pretende que la Sugef “valide”, en plazos muy reducidos, casos complejos con base en expedientes técnicos elaborados por las entidades financieras, sin establecer un procedimiento claro que garantice un contraste adecuado de las posiciones de ambas partes y de la evidencia correspondiente.
"Esto puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas", agregaron.
- Desnaturaliza el rol de la SUGEF y tensiona garantías básicas
La Sugef es un ente supervisor prudencial, responsable de velar por la estabilidad y solvencia del sistema financiero. El proyecto le asigna funciones propias de un tribunal o una instancia de resolución de controversias caso por caso lo que es incompatible con las funciones que tiene asignadas por ley.
"Cuando se traslada a un órgano administrativo una intervención decisiva en disputas patrimoniales individuales, se generan riesgos para el debido proceso y la seguridad jurídica, lo cual suele terminar perjudicando precisamente a quien se pretende proteger", añaden.
- Puede dejar al usuario en desventaja práctica
Bajo la propuesta actual, una “ratificación” administrativa por parte de la Sugef puede inclinar el curso del caso desde una etapa temprana, y aumentar la desigualdad real entre las partes, considerando las diferencias de capacidad técnica y recursos para sostener un proceso.
- Promete más de lo que puede ejecutar
El proyecto promueve una "ilusión de seguridad que podría no materializarse", debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. "Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para la persona usuaria. Lo anterior se contrapone a los principios de una política pública responsable", advierten.
- Contraviene el marco institucional vigente
El proyecto le asigna a la SUGEF competencias regulatorias que le corresponden al CONASSIF y, atribuciones en materia de controversias individuales que son propias de instancias judiciales. "Esta incompatibilidad podría volver la ley más frágil, litigiosa y con mayor riesgo de impugnaciones", señalan.
Ante estos señalamientos, la Sugef solicita a la Asamblea Legislativa suspender el avance al segundo debate. Además, insta a someter el texto a consulta facultativa de la Sala Constitucional. La institución también llama al congreso a "corregir las inconsistencias para asegurar una ley efectiva, coherente y jurídicamente sólida".
La Sugef reitera su disposición a colaborar técnicamente con la Asamblea Legislativa para construir una alternativa "realista, implementable y efectiva, que proteja a la ciudadanía sin generar efectos adversos".