La medida, de 24 meses prorrogables, responde a la preocupación de comunidades y ASADAS por 11 solicitudes de concesión minera que afectan más de la mitad del cauce.
El Concejo Municipal de Puntarenas aprobó de forma unánime una moratoria que suspende la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes para extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes dentro del cantón central.
Según informó el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la decisión se adoptó en la sesión extraordinaria número 171, realizada ayer 27 de abril.
La moratoria surge de una solicitud presentada en noviembre de 2025 por comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral (ASADAS) y otras entidades ante el aumento de peticiones de concesiones para extraer piedra y arena.
Según datos de la Dirección de Geología y Minas de 2025, existen 11 solicitudes de concesión entre Guacimal y Chomes. Dos de ellas ya operan y el resto se encuentran en trámite. En conjunto, abarcarían cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, más de la mitad del río.
Mapa de permisos de extracción aprobados o en trámite.
El regidor Mario Rodríguez Morales recordó durante la sesión que la moción responde a la petición de las comunidades y destacó que la abogada Gabriela Cruz Alaniz elaboró el estudio jurídico sobre su viabilidad técnico-legal.
"Creo que lo más importante es ver el impacto real que se está causando en el río Guacimal, y lo que esto conlleva no solo a los vecinos sino a nosotros. Es hora de hacer conciencia del aprovechamiento responsable del recurso hídrico", dijo Rodríguez durante la sesión.
No podemos seguir pensando que todas las empresas privadas, aunque se revistan de un bien público en algunos casos, quieran venir a usufructuar los recursos de manera indiscriminada".
La medida se plantea como acción preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental ante riesgos razonables de daños graves o irreversibles al recurso hídrico, la salud pública, los medios de vida y las comunidades. Tendrá vigencia de 24 meses, prorrogables por acuerdo municipal, y solo se podrá levantar si existen estudios técnicos integrales que demuestren la capacidad de carga del río, evalúen los riesgos ambientales, hídricos, geomorfológicos y socioeconómicos, y confirmen la ausencia de daños graves o irreversibles.
"La moratoria ordena suspender la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes municipales relacionadas con la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, mientras se mantenga vigente la moratoria", indica el acuerdo municipal.
Esta decisión municipal se suma a la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que admitió una solicitud de la Alianza Hídrica (Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua). Mediante los oficios 04900-2026-DHR y 04901-2026-DHR, ambos del 27 de abril, la Defensoría pidió informes a la Municipalidad de Puntarenas y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre la situación del río, las concesiones en trámite, los posibles impactos acumulativos y el estado de los recursos de nulidad contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de WSP Constructora S.A.
La Defensoría solicitó a Setena detalles sobre el estado de los recursos de nulidad contra la resolución 0100-2025-SETENA, las medidas preventivas adoptadas, copia del Estudio de Impacto Ambiental del expediente D1-0483-2023, eventuales revisiones o anulaciones de la viabilidad ambiental y si se ha realizado o se prevé una evaluación de impactos acumulativos.
A la Municipalidad le requirió referirse a la moratoria solicitada, detallar acciones ante el riesgo de extracción, informar sobre análisis técnicos, jurídicos o ambientales realizados y señalar mecanismos de coordinación interinstitucional para proteger el río y el abastecimiento de las ASADAS río abajo.
Las comunidades destacaron que el río Guacimal garantiza la seguridad hídrica de más de 4000 personas usuarias de ASADAS locales y forma parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, que conecta bosques nubosos con manglares y facilita el movimiento de especies silvestres, algunas en categoría de amenaza.
También expresan preocupación por el proyecto de WSP Constructora S.A., que incluye un quebrador y planta de concreto en una finca colindante con el río, además de la concesión para extracción en el cauce. En los documentos enviados a la Defensoría señalan posibles vicios de forma y fondo en el expediente ambiental, como inconsistencias en la información del proyecto, ausencia de consulta pública y deficiencias en la evaluación de impactos acumulativos.
Las organizaciones solicitantes pidieron a la Municipalidad actuar con diligencia, garantizar el acceso a la información pública y adoptar decisiones basadas en criterios técnicos y participación ciudadana.