Costa Rica no necesita decretar la dolarización, aunque nada le impediría hacerlo. Lo que necesita, más bien, es dejar de obstaculizarla allí donde la propia realidad económica le ha ido abriendo paso.
Ese es el mérito principal del expediente 24.877, que propone otorgar poder liberatorio al dólar estadounidense para transacciones con el Estado. La iniciativa no obliga a nadie a abandonar el colón ni sustituye por decreto la moneda nacional. Lo que hace es algo mucho más simple: permitir que ciudadanos y empresas puedan cumplir obligaciones públicas en la moneda en la que ya generan ingresos, ahorran, invierten o calculan sus costos.
Ese cambio merece apoyo por razones de sensatez económica e institucional.
El dinero es, ante todo, un instrumento de cálculo económico. Empresas y familias toman decisiones todos los días sobre precios, contratos, ahorro, inversión, deuda y consumo. Cuando la moneda en la que se recibe el ingreso no coincide con la moneda que el Estado obliga a utilizar para extinguir obligaciones, el cálculo se vuelve más costoso, menos preciso y más incierto. Se multiplican conversiones innecesarias, se introducen riesgos artificiales y se encarece la coordinación económica.
Desde hace mucho, Friedrich Hayek propuso que la moneda también debe estar sujeta a competencia. Si una parte creciente de la sociedad costarricense ahorra, calcula, invierte, se endeuda o comercia en dólares, el papel del Estado no debería ser bloquear esa evolución, sino reconocerla y permitir que sus implicaciones se expresen de forma abierta y ordenada.
Aquí conviene hacer una precisión importante. La Ley Orgánica del Banco Central no le asigna al BCCR como objetivo combatir la dolarización ni forzar la colonización de las transacciones. Su mandato es preservar la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión ordenada a otras monedas. Entre sus objetivos subsidiarios figuran promover el desarrollo ordenado de la economía y moderar tendencias inflacionarias o deflacionarias. Pero la ley no convierte al Banco Central en custodio de una demanda artificial por colones ni le ordena impedir, por principio, que los agentes económicos utilicen otras monedas cuando ello les resulte funcional.
Sin embargo, el statu quo costarricense hace exactamente eso. Obliga a numerosas personas y empresas a pasar por el colón aun cuando sus flujos relevantes estén denominados en dólares. Esto crea una demanda artificial por colones que no responde a una preferencia genuina. Y, al mismo tiempo, genera una oferta adicional de dólares en un mercado cambiario pequeño, poco profundo y particularmente sensible a grandes jugadores.
Aquí aparece con claridad el problema descrito por Robert Mundell en la llamada Trinidad Imposible. Un país no puede mantener simultáneamente un tipo de cambio fuertemente administrado, movilidad relevante de capitales y una política monetaria plenamente independiente. Puede aspirar a dos de esos objetivos. A los tres, no.
Costa Rica ha intentado durante años convivir con esa contradicción. El resultado es un régimen híbrido: por un lado, se reivindica la meta de inflación; por otro, se opera un esquema de flotación administrada en un mercado cambiario tan reducido que la intervención oficial moldea el precio en lugar de simplemente suavizar su volatilidad. En esas condiciones, sostener que el tipo de cambio refleja la libre interacción de la oferta y la demanda resulta, como mínimo, difícil. ¡Llevamos casi 20 años “aprendiendo a flotar”!
A ello se suma un hecho incómodo: ya casi son tres años desde que el Banco Central abandonó, en la práctica, la meta de inflación como guía efectiva de su política monetaria. Formalmente, el esquema sigue vigente. Pero cuando la inflación permanece durante un período tan prolongado por debajo del rango de tolerancia, mientras el debate monetario gira cada vez más en torno al tipo de cambio, la intervención oficial y las restricciones de un mercado cambiario ineficiente y poco profundo, resulta difícil sostener que la meta de inflación siga siendo la verdadera brújula del sistema.
Por eso, el debate no debe reducirse a si uno está a favor o en contra del colón. La discusión de fondo es si el Estado debe seguir imponiendo una arquitectura monetaria que distorsiona precios relativos, castiga sectores generadores de divisas y complica innecesariamente el cálculo económico.
Persistir en el esquema actual tiene consecuencias concretas
La primera es que empeora la calidad de las decisiones económicas. Empresas exportadoras, operadores turísticos, profesionales independientes y muchos ahorrantes deben dedicar recursos a cubrir riesgos cambiarios y a ejecutar conversiones que no nacen de la lógica de sus negocios, sino de exigencias institucionales. Eso significa menos eficiencia, menor horizonte de planeamiento y un costo adicional sobre la inversión.
La segunda es que mantiene una demanda artificial por colones. Cuantas más transacciones sean forzadas a pasar por la moneda nacional, más fácil es preservar la apariencia de una demanda monetaria robusta aun cuando parte de esa demanda no sea espontánea, sino legalmente inducida.
La tercera es que profundiza el conflicto político en torno al tipo de cambio. Cuando el mercado es tan pequeño y las reglas de intervención se mantienen ocultas, cada movimiento del dólar se vuelve objeto de sospecha, presión sectorial y disputa pública. Eso no fortalece la credibilidad del régimen; la erosiona.
La cuarta es que posterga una adaptación institucional que Costa Rica ya necesita. Somos una economía abierta, intensamente vinculada al turismo, la exportación, la inversión extranjera y los flujos internacionales. Pretender que la relación monetaria entre ciudadanos y Estado siga organizada como si esa realidad no existiera solo aumenta la brecha entre la norma y la vida económica real.
Otorgar poder liberatorio al dólar en transacciones con el Estado no resolverá por sí solo todos los problemas del régimen cambiario. Pero sí corregirá una distorsión importante: la de obligar a miles de agentes económicos a convertir moneda por mandato legal, incluso cuando esa conversión carece de justificación económica. Será un paso hacia una mayor neutralidad monetaria del Estado y hacia una relación más honesta entre la ley y la realidad.
Si el colón necesita protección legal para sostener su uso, entonces el problema no es la competencia, sino la confianza. Al final, la fortaleza de una moneda no se proclama: se demuestra. Y ha llegado el momento de permitir que el colón la demuestre por sí mismo.