Contralora señaló que CNC no estaba utilizando los fondos para la fiscalización, mientras Japdeva carece de una visión estratégica para el uso de los recursos.
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, compareció este martes ante la Comisión de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, para referirse a la investigación que realiza ese órgano sobre el cumplimiento de los objetivos y compromisos del contrato de concesión de la empresa APM Terminals por operar la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
En su comparecencia, Acosta señaló los problemas que ha identificado la Contraloría en diversos procesos de fiscalización, destacando:
Más que un problema aislado de operación, lo que la fiscalización efectuada por la Contraloría ha evidenciado es que los principales retos de la concesión están en la capacidad institucional para controlarla, en la claridad de las responsabilidades a lo largo de sus fases y en la gestión adecuada de los recursos que la sostienen".
La contralora detalló que, según el contrato de la concesión de la TCM, APM Terminals debe pagar tres rubros a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y al Consejo Nacional de Concesiones (CNC):
- Canon de Fiscalización: equivalente al 1% de los ingresos brutos que se distribuyen en partes iguales entre Japdeva y el CNC.
- Canon de explotación para el desarrollo regional: equivalente al 5% de los ingresos brutos que se le transfiere a Japdeva para proyectos de desarrollo en la región.
- Contribución para desarrollo regional: equivalente al 2,5% de los ingresos brutos que se le transfiere a Japdeva como una contribución adicional para los proyectos de desarrollo en la región.
En cuanto al uso de los recursos, la Contraloría encontró, en una auditoría realizada en 2023, que el CNC estaba utilizando recursos de su presupuesto para cubrir los gastos propios de la fiscalización de la concesión, que debían ser cubiertos con los aportes del canon de fiscalización.
Según detalló Acosta, si los recursos del canon de fiscalización no se utilizan, deben reintegrarse a APM Terminals, por lo que a raíz de esa auditoría, el CNC calculó en ₡2.745 millones los gastos incurridos entre 2019 y 2023 por la fiscalización y el Consejo Directivo del CNC ya dio la orden de devolver esos recursos a las cuentas del Estado.
Adicionalmente, la contralora advirtió que, entre 2020 y 2025, tanto Japdeva como el CNC no ejecutaron por completo los montos del canon de fiscalización, con una ejecución del 77,33% y 67,92% respectivamente, y añadió:
De acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión, cuando proceda, lo que no se ejecute se le devuelve al concesionario. De ahí la importancia de un uso efectivo de los recursos disponibles para el control robusto de las obligaciones contractuales y cumplimiento de los fines de la concesión".
Sobre el uso de los recursos por el canon de explotación y la contribución para desarrollo regional, la contralora advirtió que, según una auditoría ejecutada en 2025, se encontró una falta de visión estratégica para el uso de estos recursos, y de los $101,9 millones ya disponibles, Japdeva solo había ejecutado el 2,67%. Acosta indicó:
En la auditoría se determinó que Japdeva carece de una adecuada visión estratégica, integrada y de planeamiento a largo plazo que defina proyectos específicos de impacto real para la vertiente atlántica".
La contralora detalló que en 2019, cuando se comenzaron a girar los recursos por parte de APM Terminals, Japdeva no contaba con un reglamento para definir la selección de los proyectos que se desarrollarían, y fue hasta el 2022 cuando se cumplió con ese requisito, necesario para que la Contraloría aprobara el presupuesto para la ejecución de los proyectos.
Adicionalmente, desde que se empezaron a aprobar presupuestos para los proyectos, la contralora advirtió que estos no responden a una visión integral, y más bien son seleccionados ante solicitudes de los gobiernos locales, sin una equidad territorial en la distribución de los recursos por cantón. Además, ningún proyecto cumple con los criterios de alto impacto para el desarrollo socio-económico de la vertiente Atlántica. Acosta agregó:
Cuando decimos que no hay una visión estratégica, es porque es básicamente según demanda. Sí, los distintos gobiernos locales presentan sus proyectos, pero no hay una visión integral. ¿Qué es lo que se quiere a largo plazo, al 2048? ¿Cómo queremos tener esa vertiente y cómo vamos a caminar en esa línea? Entonces, no digo que los proyectos no sean importantes, pero debería haber una visión integral donde todo encaje como en un rompecabezas".
La contralora finalizó su participación, recordando que los ingresos que tendrá Japdeva para el desarrollo de proyectos hasta 2048 "constituyen una fuente estratégica para el desarrollo económico y social de la región atlántica", y añadió:
Es imperioso que se aproveche esta oportunidad única en la selección y ejecución de proyectos que impacten la generación de empleo, la equidad y el desarrollo humano, tal y como lo estableció Japdeva en sus regulaciones".