Costa Rica vive un hecho inédito: por primera vez en su historia, la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones estarán en manos de mujeres. A esto se suma una Asamblea Legislativa con mayoría femenina—30 diputadas frente a 27 diputados, el 52,6% de las curules— y todo apunta a que elegirá también una presidenta en su directorio el próximo 1 de mayo. La dimensión de este momento se entiende mejor en perspectiva: en 1953, cuando las mujeres participaron por primera vez en elecciones nacionales apenas tres lograron una curul. Setenta y tres años después, son mayoría.
El dato es histórico, pero el momento exige algo más que celebración. Porque, al final, lo verdaderamente relevante no es quién ocupa el poder, sino en qué condiciones lo recibe y ejerce.
El país que heredará la nueva administración no es neutro. Es un país marcado por cuatro años de confrontación política sistemática, donde el discurso de odio dejó de ser excepción para convertirse en herramienta, donde la institucionalidad fue cuestionada desde el propio poder político y donde la descalificación sustituyó al argumento, instalando la tensión como forma de gobierno.
Esa es la herencia: una conversación pública degradada, una ciudadanía polarizada y una institucionalidad golpeada, no solo en su funcionamiento, sino también en su legitimidad.
Reducir este momento a un hito de representación femenina sería, por eso, quedarse corto.
Costa Rica no llega a este punto por una ausencia histórica de mujeres en el poder. Las hubo antes, y muy buenas: ministras, magistradas, presidentas legislativas, presidenta del Poder Judicial, candidatas presidenciales. Incluso una presidenta de la República, Laura Chinchilla. Lo nuevo no es la presencia, sino la coincidencia, y esa coincidencia ocurre en un contexto particularmente frágil.
Sería deshonesto tratar este momento como si todas sus protagonistas llegaran al poder con las manos limpias de cuestionamientos. Entre quienes integran este cuadro histórico hay figuras que cargan con procesos abiertos ante la justicia, con investigaciones legislativas que remitieron expedientes al Ministerio Público, con señalamientos por presunta manipulación de información institucional en una de las entidades más sensibles del país —la seguridad social—, así como otra con antecedentes documentados en el extranjero por presunta falsificación de documentos para acceder a cargos públicos. Nada de eso desaparece por el carácter histórico del momento.
Porque el poder no llega en abstracto. Llega con historia, con vínculos y con continuidades.
La presidenta electa, Laura Fernández, no es ajena a ese contexto. Llega al cargo como la figura política más cercana al presidente saliente, Rodrigo Chaves. Fue su ministra de mayor confianza, primero en Mideplán y luego en el Ministerio de la Presidencia. Fue la persona que él proyectó como continuidad de su proyecto político, y fue ella misma quien asumió ese rol durante la campaña.
Su candidatura no representó una ruptura, sino una transición. Por eso, la pregunta de fondo no es simbólica, es política: ¿habrá un cambio real en la forma de ejercer el poder o una prolongación de lo que ya vimos?
Durante los últimos años, instituciones clave fueron sometidas a narrativas que erosionaron su credibilidad. La Caja Costarricense de Seguro Social —uno de los pilares históricos del país— fue presentada como inviable bajo argumentos que posteriormente fueron cuestionados por instancias técnicas internacionales. Al mismo tiempo, el debate público se desplazó hacia la confrontación constante, las redes sociales se convirtieron en espacios de ataque sistemático y el tono del poder político fue permeando hacia abajo, debilitando la calidad del diálogo democrático.
El discurso de odio se instaló como herramienta política y la división se convirtió en método. Ese es el ambiente que hoy el país necesita superar, no solo por la salud democrática, sino también por la oportunidad que tiene la nueva presidenta de no quedar atada a esa forma de hacer política.
Ese es el punto de partida del nuevo ciclo político. Ese es el país real que recibirá la nueva presidenta el 8 de mayo: no un lienzo en blanco, sino una institucionalidad lastimada que necesita ser reconstruida, no continuada.
En este contexto, el hecho de que el poder esté en manos de mujeres es, sin duda, significativo. Pero lo que realmente marcará la diferencia será la forma en que ese poder se ejerza.
En el fondo, lo que se pone a prueba es la capacidad de reconstruir confianza, de restablecer límites, de devolverle sentido a la institucionalidad y de reencauzar la conversación pública.
Costa Rica necesita que sus nuevas autoridades gobiernen bien: que sepan marcar distancia cuando sea necesario, que ejerzan independencia real y que comprendan que el poder no se legitima por su origen, sino por la forma en que se ejerce.
Este momento histórico no será definido por la coincidencia de mujeres en el poder, sino por lo que se haga con él. Porque la historia no se escribe cuando se llega, sino cuando se decide qué hacer después de llegar.
Y si algo ha demostrado la historia —en los hogares, en las aulas, en los consultorios, en las trincheras silenciosas del trabajo cotidiano— es que cuando las mujeres asumen un compromiso, lo asumen entero. Su capacidad para gestionar lo urgente sin perder de vista lo importante, para sostener lo que otros abandonan y para avanzar incluso cuando el reconocimiento no llega, es una realidad que no necesita demostración.