Toda nación vive de las historias que se cuenta a sí misma. Durante más de cien años, Costa Rica eligió creerse una excepción.
Durante décadas, Costa Rica se contó a sí misma una historia: la de una democracia distinta, una isla de paz en una región convulsa, un país donde las instituciones funcionaban y la violencia era la excepción. Esa narrativa, construida parcialmente con base en logros reales y ficciones bien planteadas, hoy enfrenta una prueba incómoda: nuestra realidad en 2026.
Si en 1926, bajo el liderazgo de Ricardo Jiménez Oreamuno, el país era una república liberal, desigual y limitada en derechos —incluidos los ambientales, prácticamente inexistentes—, pero relativamente ordenada, en 2026, bajo Rodrigo Chaves Robles, Costa Rica es formalmente más avanzada, más consciente de su entorno natural, pero sustancialmente más tensionada.
El contraste no es menor: hace un siglo, gran parte del problema era la exclusión; hoy, es la fragilidad.
“Gobernar no es halagar, es prever.”; dictaba el presidente Jiménez Oreamuno hace 100 años.
Y esa es, precisamente, la pregunta que incomoda: ¿estamos previendo o simplemente reaccionando?
De recurso a patrimonio… bajo presión. En 1926, los recursos naturales no eran un tema jurídico ni político. Era simplemente un recurso. Se explotaba, se utilizaba, se transformaba. No existía una conciencia ambiental ni una estructura normativa que protegiera el entorno. Para ese entonces, dicho entorno apenas buscaba modernizarse, crecer, avanzar.
Hoy, Costa Rica ha construido una identidad internacional basada en la sostenibilidad. Pero también enfrenta tensiones reales entre desarrollo, desigualdad y protección ambiental. Ahí, como con el resto de la gestión de gobierno y la interacción del costarricense con el Estado, media una maraña interminable de burocracia, que pese a esfuerzos de varias administraciones, siguen ahogando a todo aquel que busca lograr el desarrollo propio y por ende social.
Narcotráfico: el problema que ya no se puede negar. Costa Rica ya no puede sostener la idea de que está al margen de las dinámicas criminales de la región y del resto del mundo. Por su ubicación geográfica y las ventajas que nuestra realidad sociopolítica y administrativa ofrecen, el narcotráfico es hoy una realidad interna, creciente y estructural. Está en las comunidades, en la economía informal, en la vida cotidiana de muchos jóvenes que encuentran ahí lo que el sistema y sus hogares no les ofrecen.
El aumento de homicidios no es casual. Es consecuencia. El mayor riesgo no es solo la violencia. Es acostumbrarse a ella, normalizarla, o incluso pretender que no existe, o que el panorama no resulta tan grave como se pinta. Finalmente, que no tocará enfrentarla.
Más derechos, mas frustración. Costa Rica ha avanzado enormemente. Nadie puede negar la construcción de un Estado social de derecho, la consolidación de garantías laborales y la expansión de derechos. Pero el ciudadano de hoy no mide el sistema por lo que promete, sino por lo que resuelve. Y ahí es donde aparece la tensión: Derechos que existen, pero no siempre se materializan, instituciones que funcionan, pero no siempre responden, un Estado presente en el papel, pero ausente en algunos territorios. La brecha ya no es jurídica. Es práctica.
Migración: integración, tensión y transformación social. La migración ha sido, en las últimas décadas, uno de los factores más determinantes en la transformación social de Costa Rica. Particularmente, la migración proveniente de Nicaragua, junto con flujos más recientes desde otras latitudes, ha contribuido de manera significativa al dinamismo económico del país, ocupando espacios clave en sectores como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y, más recientemente, ciertos segmentos de servicios.
Sin embargo, este fenómeno también ha puesto a prueba la capacidad institucional y la cohesión social, evidenciando tensiones en el acceso a servicios públicos, en la percepción de seguridad y en la convivencia cotidiana. El desafío no radica en la migración en sí misma —que históricamente ha sido un motor de desarrollo—, sino en la forma en que el Estado y la sociedad gestionan su integración.
En un país que se ha definido a sí mismo como excepcional, la manera en que aborda la diversidad, la inclusión y la equidad frente a poblaciones migrantes se convierte en un indicador decisivo de la solidez real de su modelo democrático.
No puede perderse de vista que, como resultado de estos procesos migratorios, muchos de sus descendientes ya son costarricenses; una realidad que a menudo se rehúye y que, sin duda, ha transformado la composición social y la propia noción de nación en la actualidad.
La pregunta inevitable. Durante buena parte de su historia republicana, Costa Rica fue percibida —y en no pocos sentidos se percibió a sí misma— como una excepción dentro de su entorno regional: una democracia temprana, relativamente estable, con una vocación institucional que privilegió el derecho sobre la fuerza y el acuerdo sobre la imposición.
Esa idílica excepcionalidad no fue un accidente. Por una parte fue el resultado programado de decisiones políticas, arreglos sociales y una cultura cívica que, con sus límites y contradicciones, apostó por la continuidad del orden jurídico y la “moderación” del poder. Coincidiendo con su mundo “chiquitico”, el poder de antaño quiso, supo y pudo construir un versión pacífica, homogénea y próspera de nuestro país.
Sin embargo, en el presente, esa condición ya no puede asumirse como un dato inmutable y menos como una herencia garantizada. Las tensiones contemporáneas —la polarización del discurso público, el cuestionamiento de las élites tradicionales, la presión sobre las instituciones y la creciente desigualdad— obligan a replantear aquello que durante décadas pareció incuestionable. En este contexto, la excepcionalidad deja de ser una categoría descriptiva para convertirse en una elección política y cultural.
La pregunta ya no es si Costa Rica fue una excepción. La pregunta es si quiere seguir siéndolo. Y esa interrogante no interpela únicamente al poder político, sino al conjunto de una sociedad más viva, activa y protagonista: a su disposición para sostener las reglas del juego democrático, a su tolerancia frente a la diferencia y a su compromiso con un modelo de convivencia que, más allá de sus imperfecciones, ha sido históricamente su principal rasgo distintivo.
El desarrollo económico y sus brechas persistentes. Reconocer las tensiones del presente no implica desconocer los avances significativos que ha experimentado Costa Rica en materia de desarrollo económico. En las últimas décadas, el país ha logrado diversificar su estructura productiva y posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, atrayendo a empresas multinacionales en sectores de alta tecnología, servicios y manufactura avanzada.
Este proceso ha generado nuevas oportunidades de empleo, ha impulsado la capacitación del capital humano y ha contribuido a mejorar, en términos generales, las condiciones de vida de amplios sectores de la población. La expansión de zonas francas, la integración a cadenas globales de valor y el fortalecimiento de sectores dinámicos han marcado una ruptura significativa con el modelo agroexportador tradicional. No obstante, estos avances también plantean desafíos persistentes en términos de desigualdad territorial, calidad del empleo, valores, educación y distribución de los beneficios del crecimiento.
Así, el desarrollo económico contemporáneo no puede entenderse únicamente como una historia de éxito, sino como un proceso complejo, cuyos logros y tensiones coexisten y exigen una gestión cada vez más estratégica y equilibrada.
Como advirtió Winston Churchill:
La dificultad no es predecir el futuro, sino evitar que suceda.”