Se dice que los monjes tibetanos advierten que la única obligación del ser humano es la búsqueda de la felicidad. En ese sentido, Costa Rica pareciera —casi de manera inadvertida— cumplir con ese cometido año tras año, como lo reflejan mediciones como el Informe Mundial de la Felicidad 2026.
Pero la felicidad no proviene de una sola fuente. Es el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. No es un estado permanente, sino un equilibrio dinámico que se construye.
Desde la psicología positiva, Martin Seligman sostiene que el bienestar depende de múltiples dimensiones —emociones, relaciones, sentido y logros— y no de una sola variable. Mucho antes, Aristóteles afirmaba que la felicidad (eudaimonía) no es un estado pasajero, sino una forma de vivir.
Estas consideraciones llevan a preguntarse por la naturaleza de cierta “felicidad” que hoy se percibe en el ámbito político nacional.
Hay sectores relevantes de la clase media costarricense que no dejan de admirar, cada día con mayor intensidad, al mandatario saliente Rodrigo Chaves Robles. Junto a ellos, un segmento importante de la clase baja también se mantiene deslumbrado. En ambos casos, las supuestas bondades de la administración encuentran altos niveles de aprobación. En contraste, en segmentos de la clase alta el respaldo tiende a ser más matizado, cuando no abiertamente crítico.
Lo llamativo es que, sin siquiera haber asumido funciones la presidenta electa, muchos dan por descontado que esa misma racha de aprobación se mantendrá en el gobierno entrante.
Sin embargo, cuando se formula la pregunta esencial —¿por qué?— las respuestas suelen ser difusas, incompletas o simplemente inexistentes. El apoyo, al parecer, se sustenta más en percepciones que en indicadores verificables; responde más a factores emocionales que a una evaluación objetiva de políticas públicas.
No es un fenómeno aislado. Tras años de cuatrienios marcados por corrupción política, engaños y promesas incumplidas, se ha configurado una crisis de valores y de educación cívica que ha desviado la atención de lo esencial. En su lugar, se han normalizado —e incluso celebrado— comportamientos chabacanos, vulgares, violentos, irrespetuosos, machistas y autoritarios.
Este patrón guarda similitudes con expresiones de populismo contemporáneo como las de Donald Trump, con procesos como la Cuarta Transformación mexicana y con ciertos espejismos bolivarianos en Suramérica. En muchos de estos casos, lejos de mejorar los regímenes que pretendían transformar, se profundizaron problemas estructurales, generando empobrecimiento, migraciones forzadas, violaciones de derechos humanos y la desintegración de miles de familias.
En Costa Rica, la bulla, el insulto y la incitación a quebrar el bloque de legalidad pretenden sustituir la cultura de respeto, diálogo y sujeción al derecho. Pero no todo vale en política, y menos aún a costa de abandonar la observancia del orden constitucional bajo el pretexto de la libertad de expresión.
Es cierto que la maraña administrativa del Estado costarricense se ha convertido en un verdadero nudo gordiano. Pero, lejos de abordarse con inteligencia técnica y gestión responsable, se intenta instalar una narrativa de emergencia permanente en la que todo se justifica. Bajo esa lógica, se promueve abandonar garantías, debilitar controles, relativizar reglas constitucionales en nombre de una prometida eficacia y hasta suprimir funcionarios que no se alinean a lo anterior.
Ese es el verdadero riesgo.
Adicional a lo anterior, se nos recomienda el “camino Bukele”, mismo que puede resultar atractivo para sociedades cansadas. Pero Costa Rica, pese a sus problemas, no es El Salvador, ni México, ni los países del eje bolivariano. Tampoco es Estados Unidos ni una idealizada realidad europea. Tiene su propia historia institucional, sus propios equilibrios y sus propias fragilidades.
La disyuntiva no es entre eficiencia e ineficiencia, ni entre acción y parálisis. Es, más bien, entre reformar —con rigor y dentro del marco constitucional— un Estado imperfecto, o ceder ante soluciones que, en nombre de la urgencia, terminan debilitando las mismas reglas que sostienen la democracia.
La advertida satisfacción inmediata comienza a confundirse con verdadero bienestar, y la emoción colectiva desplaza a la reflexión crítica que toda democracia requiere. En ese tránsito silencioso, lo que se percibe como felicidad deja de ser el resultado de una ciudadanía informada y exigente, para convertirse en una ilusión cómoda, sostenida más por percepciones que por realidades verificables. Y es precisamente ahí donde radica el mayor riesgo: en la normalización de un entusiasmo acrítico que, lejos de fortalecer el sistema democrático, termina debilitando sus fundamentos y abriendo espacio a decisiones que, bajo la apariencia de progreso, erosionan lentamente el Estado de derecho.
Nada de lo señalado resulta nuevo a estas alturas de la administración saliente, y menos aún a pocos días del inicio de un nuevo capítulo del periplo chavista en Costa Rica. Sin embargo, pretender normalizar lo ocurrido hasta ahora —a partir del ejemplo dado por Rodrigo Chaves Robles— constituye un flaco favor a una democracia que ya llega suficientemente golpeada. Nos esperan cuatro años inciertos: sabemos cómo iniciamos, pero resulta difícil anticipar en qué condiciones institucionales y democráticas estaremos al concluir el próximo gobierno.
Y es que, como advirtió Confucio, la ignorancia es la noche de la mente: una noche sin luna ni estrellas. Ninguna sociedad debería permitirse entrar en ella feliz, con aplausos y satisfacción.