Medidas cautelares incluyen suspensión de autorizaciones de construcción y actos administrativos basados en normativa cuestionada.
El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), Fernando Cruz Castro, dictó medidas cautelares dentro de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que reformó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo, ordenando una moratoria total sobre permisos de tala y la suspensión de autorizaciones de construcción en esa zona mientras se resuelve el fondo del caso.
La medida cautelar se otorga luego de que esta semana se diera a conocer que la empresa Enjoy Hotels & Resorts recibió la autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la corta de árboles en el área de su proyecto. La resolución corresponde al expediente 25-024408-0007-CO, en la cual Cruz Castro es el magistrado instructor, y fue emitida este 17 de abril de 2026.
Según el documento, debido a que se encuentra en trámite una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 44448-MP-TUR que permite trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas (incluso cuando no son colindantes) y a que los permisos de tala fueron otorgados con base en ese decreto, corresponde suspender los efectos de la normativa cuestionada para evitar daños ambientales irreversibles.
En la resolución, el magistrado Cruz Castro indicó que la Procuraduría General de la República ya rindió criterio señalando la posible inconstitucionalidad de trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas, y que, ante ese escenario, corresponde aplicar el principio pro natura para evitar “daños graves e irreparables al ambiente” mientras se resuelve el fondo del caso.
La resolución dispone:
- Una moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
- La suspensión de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en la zona.
- La suspensión de actos administrativos, en particular los emitidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuando se fundamenten en la normativa cuestionada.
La resolución advierte que el incumplimiento de las medidas cautelares puede acarrear sanciones conforme a la legislación vigente.