El debate sobre los plaguicidas no es solo técnico: también es una cuestión de palabras. En los últimos días, calificar estas sustancias como “venenos” ha sido desestimado como preocupante, equivocado y alarmista por el director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA). Sin embargo, la controversia apunta a un problema más profundo: la inclinación a suavizar, a través del discurso, el carácter de compuestos diseñados para eliminar organismos vivos. Nombrarlos como venenos no distorsiona la realidad; la restituye en su dimensión esencial: el reconocimiento explícito del riesgo que debe guiar cualquier discusión seria sobre salud pública y sostenibilidad.
Quienes cuestionan ese uso suelen alegar que resulta incorrecto o que podría erosionar la confianza en la producción agroalimentaria. Pero la distorsión difícilmente radica en la palabra directa, sino en el recurso sistemático a eufemismos que atenúan —o incluso encubren— su condición biológica y sus efectos.
Llamar “veneno” a un plaguicida no es una simplificación vulgar, sino una descripción consistente con su naturaleza toxicológica. En términos técnicos, la categoría “producto fitosanitario” es, ante todo, administrativa y funcional: no describe la naturaleza de la sustancia, sino su uso. Un organofosforado, por ejemplo, no deja de ser un agente neurotóxico porque se aplique sobre un cultivo. Su mecanismo de acción —la inhibición de la acetilcolinesterasa— es una propiedad intrínseca que afecta procesos vitales. En ese sentido, el término “veneno” no constituye un error semántico, sino una forma de enfatizar un peligro inherente que debe anteceder a cualquier evaluación de riesgo.
Esta precisión encuentra respaldo incluso en la estructura del lenguaje. El sufijo “-icida”, presente en palabras como plaguicida, insecticida o herbicida, proviene del latín caedere (“matar”). Negar que un producto diseñado para eliminar organismos vivos posee una naturaleza venenosa no solo resulta problemático desde el punto de vista científico, sino también desde el lingüístico.
Con frecuencia, la discusión se desplaza hacia la conocida máxima de que “la dosis hace al veneno”. Lejos de refutar este argumento, esa afirmación lo refuerza: la toxicidad intrínseca es precisamente la condición que permite que una sustancia actúe como veneno en función de la dosis. El hecho mismo de que estos productos requieran equipos de protección para su aplicación, así como periodos de carencia para evitar riesgos al consumidor, evidencia que su manejo implica una peligrosidad reconocida.
Más allá del plano técnico, el problema adquiere una dimensión ética y comunicativa. El uso de términos como “fitosanitario” puede contribuir a suavizar la percepción del riesgo, sugiriendo una connotación casi terapéutica. En contraste, la palabra “veneno” activa una alerta cognitiva: recuerda que estamos ante sustancias diseñadas para interferir con procesos vitales. No se trata de generar alarma infundada, sino de evitar una falsa sensación de inocuidad.
Sostener que este lenguaje provoca un “temor injustificado” puede interpretarse como un intento de controlar el marco del debate. La confianza pública no se construye mediante la atenuación semántica, sino a partir de la transparencia. Lo que erosiona la credibilidad de los sistemas de control no es el uso de palabras contundentes, sino la persistente evidencia de residuos tóxicos en los alimentos y en el ambiente, así como las controversias científicas en torno a los límites considerados como “seguros”, como se documenta en el libro y el documental Nuestro veneno cotidiano.
En países con alta intensidad de uso de agroquímicos por hectárea, como el nuestro, este debate no es meramente académico. Tiene implicaciones directas para la salud pública, la calidad ambiental y la legitimidad de las políticas agrícolas. Reconocer la toxicidad inherente de estas sustancias no implica desconocer su utilidad en ciertos contextos, pero sí exige abordarlas con el nivel de precaución y honestidad que su naturaleza exige.
El rigor científico no consiste en suavizar la realidad, sino en describirla con precisión. Y esa precisión incluye reconocer que las sustancias que utilizamos para controlar organismos no deseados son, en esencia, agentes tóxicos diseñados para matar.
El problema es dejar de verlo como tal. Porque cuando el lenguaje se acomoda para tranquilizar, también puede desarmar nuestra capacidad de reconocer el riesgo. Y en ese punto, lo que está en juego ya no es una discusión semántica, sino la calidad misma de nuestras decisiones colectivas.