Hay temas que como país preferimos no mirar de frente... hasta que se vuelven imposibles de ignorar.
El estado de los hogares de larga estancia para personas adultas mayores es uno de ellos.
En los últimos días, el llamado de atención de la Defensoría de los Habitantes ha sido claro: existen debilidades en la supervisión, vacíos en la articulación institucional y riesgos reales en la garantía de condiciones adecuadas de atención en algunos centros. Órdenes sanitarias e inhabilitaciones por parte del Ministerio de Salud son la consecuencia visible de lo que viene acumulándose en silencio. No es un señalamiento menor. Es, en realidad, una advertencia sobre la fragilidad de un sistema que ha venido sosteniéndose más por compromiso social que por diseño estructural.
Y aquí es donde debemos hacer una pausa honesta.
Durante décadas, Costa Rica ha construido su respuesta al cuido de larga estancia sobre el trabajo de organizaciones de bienestar social —muchas de ellas asociaciones sin fines de lucro constituidas al amparo de la Ley 218— que han asumido una responsabilidad enorme: atender a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad. Lo han hecho con recursos limitados, juntas directivas que laboran ad honorem y equipos humanos que superan con compromiso las propias restricciones del sistema. Gracias a ese entramado solidario, miles de personas mayores no están en abandono.
Ese aporte no solo es valioso. Es fundamental. Y merece ser reconocido sin ambigüedades. Pero reconocer lo bueno no puede invisibilizar lo urgente.
En paralelo a los hogares de bienestar social con trayectoria y vocación de servicio, han surgido en los últimos años algunos centros de cuidado improvisados donde las condiciones no corresponden a lo que una persona mayor merece. La diferencia entre ambos no es menor: es la diferencia entre dignidad y riesgo.
El modelo en su conjunto presenta tensiones estructurales. Muchos hogares operan sin sostenibilidad financiera, dependiendo de transferencias públicas insuficientes, donaciones irregulares y estructuras de costos cada vez más exigentes. A esto se suma una realidad crítica: la dificultad para contar con personal debidamente capacitado, condiciones laborales competitivas y procesos de gestión profesionalizados.
Los desafíos no son únicamente de infraestructura. Son también de gobernanza, de gestión y, en algunos casos, de condiciones que podrían atentar contra la vida de las personas que ahí habitan.
Cuando el sistema depende del sacrificio constante, el margen de error se vuelve peligroso.
Desde un enfoque de derechos, la discusión cambia completamente. No estamos hablando de buena voluntad. Estamos hablando de obligaciones del Estado y de la sociedad frente a una población con derechos plenamente reconocidos en instrumentos como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y por supuesto la Ley 7935. Eso implica garantizar atención digna, autonomía, seguridad, acceso a servicios de calidad y condiciones que promuevan el bienestar integral.
El cuidado de larga estancia no puede seguir reduciéndose a un “servicio asistencial”. Debe ser reconocido y gestionado como un componente esencial del sistema de protección social y por lo mismo necesitamos avanzar en la implantación de la Política Nacional de Cuidados. En ese marco, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor está llamado a asumir un liderazgo real, con solidez técnica y capacidad de transformación, que impulse cambios estructurales de fondo. No basta con ajustes formales o cambios de nombre a programas que terminan reproduciendo las mismas limitaciones; se requiere una reforma sustantiva que fortalezca la calidad, la sostenibilidad y el enfoque de derechos en el sistema de cuidados. Y, precisamente por ello, si lo asumimos como tal —como país, como Estado y como sociedad— el siguiente paso resulta ineludible: profesionalizar la gestión de los hogares de larga estancia.
Esto implica avanzar hacia modelos de administración más robustos, con planificación estratégica, indicadores de calidad, gestión gerontológica, un sistema financiero sostenible y equipos interdisciplinarios debidamente formados. Implica procesos de supervisión efectivos y permanentes, no reactivos. Implica estándares claros que garanticen que todos los hogares —sin excepción— operen bajo criterios mínimos de calidad verificable.
No se trata de exigir más sin dar más. Se trata de alinear responsabilidades con capacidades.
Costa Rica enfrenta un cambio demográfico que ya está ocurriendo. Superamos las 800.000 personas mayores de 60 años —más del 15% de la población total— y para el año 2050, una de cada cuatro personas será mayor de 65. La demanda de servicios de cuidado no va a disminuir. Va a crecer de manera sostenida y acelerada. Por eso, pretender responder a ese escenario con estructuras débiles, supervisión esporádica y financiamiento precario es, sencillamente, insostenible.
Pero también hay una oportunidad. La transformación de los hogares de larga estancia puede convertirse en uno de los pilares de la economía plateada en Costa Rica. Un sector capaz de generar empleo de calidad, innovación en modelos de cuidado, desarrollo de talento humano especializado y nuevas soluciones centradas en la persona. Para eso, sin embargo, necesitamos cambiar la conversación: menos asistencialismo y más gestión. Menos improvisación y más profesionalización. Menos invisibilización más derechos. Apoyo real del Estado con corresponsabilidad familiar.
Al final, esta discusión no es solo sobre las personas mayores de hoy. Es sobre todos nosotros. Sobre el país que estamos construyendo. Y sobre el país en el que vamos a envejecer.