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Sala IV acoge amparo contra la CCSS por darle cita de Ortopedia hasta el 2047 a mujer de 63 años

Tribunal declaró irrazonable la espera de 22 años y exigió a la CCSS garantizar atención en abril de 2026.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, declaró con lugar un recurso de amparo en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por asignarle a una mujer de 63 años de edad una cita en Ortopedia hasta el año 2047.

Según informó la oficina de prensa del alto tribunal, los magistrados ampararon a la recurrente, quien padece de osteoartrosis de rodilla por genu varo, y a quien el Hospital de San Carlos la refirió al servicio de Ortopedia donde le programaron cita para dentro de 22 años, pese a padecer una condición que limita su movilidad.

La osteoartrosis de rodilla por genu varo es un desgaste articular acelerado debido a la forma en "paréntesis" de las piernas, donde las rodillas se separan y el peso se carga excesivamente en la zona interna. Esta desalineación crónica provoca dolor, desgaste asimétrico del cartílago y, frecuentemente, artrosis severa.

En la sentencia 2026-012127, dictada el 8 de abril, la Sala concluyó que el plazo dado por la Caja resultaba irrazonable, vulneraba el derecho a la salud y contradecía los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Las autoridades del hospital adelantaron la cita al 24 de abril de 2026 después de que el recurso se notificó. Sin embargo, el tribunal ordenó garantizar la atención en esa nueva fecha y definir el plan de manejo correspondiente conforme a la condición de la paciente.

La resolución dispone que las autoridades del centro médico giren las instrucciones necesarias para cumplir con la atención y, de ser necesario, coordinen con otros establecimientos de salud que cuenten con disponibilidad.

Además, la Sala advirtió que el incumplimiento de lo ordenado podría acarrear sanciones penales, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que contempla penas de prisión de tres meses a dos años o multas.