Consejo Universitario de la UCR apoyó un pronunciamiento respaldado por 80 organizaciones que rechaza la iniciativa de ley.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985 del 14 de abril de 2026, respaldó un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553).
El órgano universitario considera que la iniciativa podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.
El pronunciamiento, impulsado por el Programa Kioscos Socioambientales y respaldado por más de 80 organizaciones y 200 personas, advierte que el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”.
Según el documento, aunque la iniciativa se presenta como una propuesta de ordenamiento, en la práctica prioriza el desarrollo turístico e inmobiliario y abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral.
El texto cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para otorgar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la instalación de infraestructura con fines comerciales.
Además, el documento advierte sobre posibles impactos ambientales y sociales, como el debilitamiento de la protección de ecosistemas estratégicos como los manglares y el riesgo de desplazamiento de comunidades costeras.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, indica el texto.
Este proyecto fue propuesto en la anterior Asamblea Legislativa por el socialcristiano y hoy embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca Mora.
Posición histórica de la Universidad de Costa Rica
Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas.
En ese marco, destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148 (Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre), advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos.
Según Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.
Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la UCR y avanza con una celeridad "preocupante". Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Por su parte, Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: “un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura”.
