La Contraloría emitió una opinión adversa a la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República 2025.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una opinión adversa a la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República 2025, al considerar que la información reportada "no se presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los criterios normativos y técnicos aplicables".
Entre las inconsistencias identificadas por la Contraloría para emitir su opinión adversa, destacó ₡530.437 millones no registrados ni pagados como gasto en la partida de transferencias corrientes, de los cuales el rubro principal fueron ₡450.621 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según detalló la Contraloría, este monto se divide en:
- ₡149.042 millones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
- ₡85.923 millones de Regímenes Especiales de Pensiones.
- ₡215.656 millones del Ministerio de Salud; principalmente por cuotas estatales para trabajadores del sector privado y sector público descentralizado, leyes especiales, pago complementario de servicios prestados a trabajadores independientes y cuota complementaria de asegurados voluntarios.
La liquidación también identificó ₡10.331 millones no registrados por concepto de indemnizaciones, prestaciones legales y cuotas estatales a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), así como ₡68.925 millones no registrados en la partida de remuneraciones, principalmente por falta de contenido presupuestario y situaciones relacionadas con errores de registro y la falta de parametrización del Sistema Integra II administrado por el Ministerio de Hacienda.
Según el informe de la Contraloría, también se determinaron errores en el reconocimiento y registro de ingresos por ₡28.724 millones, correspondientes a recursos que no fueron incorporados al Presupuesto de la República, a pesar de corresponder a montos efectivamente recaudados y transferidos a terceros o administrados mediante mecanismos extrapresupuestarios.
Adicionalmente, la Contraloría encontró que, a partir de la implementación del sistema TRIBU-CR, el Ministerio de Hacienda identificó la existencia de ₡1.681.587 millones por concepto de créditos o saldos a favor de los contribuyentes, de los cuales aproximadamente un 40% presentaba algún grado de inconsistencia. Durante el último trimestre de 2025, la Administración aplicó de oficio saldos a favor por ₡234.826 millones para la cancelación de obligaciones tributarias, los cuales no coinciden con otra base de datos suministrada al ente contralor.
El informe también identificó problemas recurrentes en el Ministerio de Educación Pública (MEP), debido a reclamos administrativos y procesos judiciales que afectan la razonabilidad del saldo devengado en remuneraciones y cargas sociales, mientras que en el Poder Judicial se encontraron "situaciones que limitan la trazabilidad y verificación razonable de los pagos realizados en cumplimiento de las disposiciones salariales de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y su reglamento".
En el caso del MEP, la Contraloría detalló que se identificaron:
- 51.902 reclamos administrativos, interpuestos por 31.615 personas funcionarias por pagos salariales incorrectos, pendientes de realizar el estudio técnico para darles validez y determinar el monto a pagar.
- ₡486 millones correspondientes a 5.225 casos resueltos, que no se ejecutaron debido a que las resoluciones administrativas de pago fueron devueltas por inconsistencias o porque fueron firmadas después de la última fecha autorizada para la carga en Integra II.
- 699 sentencias judiciales laborales, pendientes de análisis técnico para determinar los montos de indemnización a pagar.
- ₡1.272 millones asociados a 264 casos de prestaciones legales con dictamen en firme, pendientes de la emisión de la resolución administrativa de pago al cierre del ejercicio.
Por su parte, en el caso del Poder Judicial, el informe detalla que se identificaron:
- 984 personas funcionarias presentaron un salario compuesto inferior al global, por lo que no recibieron el incremento anual correspondiente al 2025, por un monto estimado de ₡196 millones.
- 853 servidores judiciales a quienes se les reconocieron salarios globales, sin que la información suministrada por la administración permita la trazabilidad de las acciones de personal.
- 297 casos de servidores judiciales que recibieron ajustes salariales o incrementos anuales, aun cuando sus salarios compuestos eran superiores al global; asimismo, a personas ascendidas no se les aplicaron las reglas de transición al salario global.
- Remuneraciones por al menos ₡18 millones que no son consistentes con la escala de salario global definitivo con factores de trabajo sujetos a condición o término. Esta situación incluye a 160 personas funcionarias que recibieron salarios globales diferenciados no contemplados en la escala vigente, además de 10 puestos no incluidos en dicha escala y 20 personas funcionarias que percibieron pagos que no les correspondían.
- ₡7.507 millones corresponden a diferencias entre el monto devengado por concepto de salarios y el reportado a la CCSS. Esta situación obedece a que el Poder Judicial pagó el 100% del salario al personal incapacitado, para luego gestionar la recuperación del subsidio de la CCSS mediante rebajo salarial.
- ₡251 millones corresponden a sumas giradas de más por concepto de salarios pagados a servidores judiciales con incapacidades durante el 2025, las cuales no fueron recuperadas al cierre del ejercicio económico, aunque el Poder Judicial indicó que mantiene una gestión de recuperación durante el periodo 2026.