En las últimas semanas, el debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha ocupado una parte importante de la conversación pública en Costa Rica. Sin embargo, gran parte de esa discusión se ha desarrollado entre desinformación, discursos polarizados y percepciones negativas hacia las universidades públicas y sus estudiantes.
Actualmente, pareciera existir una narrativa que presenta la inversión en educación superior como un gasto innecesario, ignorando el impacto histórico que las universidades públicas han tenido en el desarrollo social, económico y democrático del país. Esta visión resulta preocupante porque reduce la educación a un tema presupuestario, dejando de lado su papel como herramienta de movilidad social, pensamiento crítico y participación ciudadana.
Costa Rica ha sido reconocida históricamente por apostar por la educación como base de su estabilidad democrática. Tras la abolición del ejército en 1948, el país fortaleció la inversión social y educativa como parte de un proyecto nacional orientado al desarrollo humano. Gracias a esa decisión, miles de personas pudieron acceder a oportunidades académicas y profesionales que anteriormente estaban limitadas a ciertos sectores privilegiados.
Las universidades públicas continúan cumpliendo un papel fundamental dentro de la sociedad costarricense. Además de formar profesionales, desarrollan investigación científica, proyectos comunitarios y programas regionales que benefician a poblaciones vulnerables y territorios fuera del Gran Área Metropolitana. Según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), miles de estudiantes dependen de becas y apoyos institucionales para poder continuar sus estudios superiores.
Debilitar la educación pública no solamente afecta a las universidades; también limita las oportunidades de las futuras generaciones. Una sociedad con menor acceso a educación crítica e inclusiva se vuelve más vulnerable a la desigualdad, la desinformación y la concentración del poder.
Desde una perspectiva democrática, la educación pública permite formar ciudadanos capaces de cuestionar, analizar y participar activamente en los asuntos públicos. Por esa razón, reducir el apoyo a las instituciones educativas puede tener consecuencias que van más allá de lo económico. El debilitamiento de espacios académicos y de pensamiento crítico también impacta la calidad del debate democrático.
Esto no significa que las universidades públicas no deban ser fiscalizadas o mejoradas. Como cualquier institución pública, deben rendir cuentas y responder a las necesidades sociales actuales. Sin embargo, el debate sobre educación superior debe desarrollarse desde el análisis informado y no desde discursos que simplifican o desacreditan el papel histórico de estas instituciones.
En un contexto internacional marcado por el aumento de la desigualdad y la polarización política, la educación continúa siendo una de las principales herramientas para fortalecer la democracia y ampliar oportunidades. Costa Rica no debería alejarse de ese modelo que históricamente le permitió diferenciarse en la región.
Defender la educación pública no significa defender privilegios, sino proteger el derecho de las personas a acceder a oportunidades, conocimiento y participación dentro de una sociedad más justa y democrática.