Cada cierto tiempo aparece una palabra nueva para convertir el progreso en sospecha. Hoy una de esas palabras es “gentrificación”, usada con frecuencia para condenar casi cualquier transformación en las zonas costeras. Si aparece un hotel, es amenaza. Si se construye un condominio, es despojo. Si llega inversión extranjera, es invasión. Si una comunidad cambia, se declara que el cemento derrotó a la patria verde.
Esa lectura puede ser cómoda, pero es incompleta.
Guanacaste, Puntarenas y Limón han cargado durante décadas con rezagos profundos: empleo estacional, baja formalidad, infraestructura limitada, servicios públicos insuficientes y pocas oportunidades para sus habitantes. Cuando no hay empleo, la postal no alcanza. Una playa hermosa no sustituye un ingreso estable, una carretera funcional, un sistema de agua confiable o una economía local capaz de sostener a sus familias.
Entonces aparece el desarrollo turístico e inmobiliario y, de pronto, quienes nunca ofrecieron una alternativa real descubren que todo cambio es pecado. Durante años se lamentó el abandono de las costas. Ahora que hay inversión, empleo, servicios y encadenamientos productivos, se nos dice que eso también está mal. Pareciera que algunos prefieren conservar territorios pobres, siempre que se vean auténticos desde lejos.
No se trata de negar los problemas. La presión sobre el agua, los caminos, los servicios públicos, el precio de la tierra y la identidad local existe. Hay zonas que necesitan mejor planificación, vivienda accesible, alcantarillado, seguridad, control ambiental efectivo y reglas urbanas claras. Pero una cosa es exigir orden y otra muy distinta es satanizar cualquier proyecto como si todo inversionista fuera un invasor.
El caso de Papagayo debería obligarnos a una reflexión más seria. No hablamos de una improvisación cualquiera, sino de una zona creada bajo una ley especial y un mandato estatal orientado al desarrollo turístico. Allí el Estado promovió inversión, firmó compromisos, cobró cánones, exigió estudios y sometió a los proyectos a años de tramitología. Cuando después se paralizan derechos y obligaciones frente al Estado mediante decisiones inciertas o contradictorias, el mensaje para la inversión es grave. No es planificación ambiental. Es inseguridad jurídica con apariencia de prudencia.
El inversionista nacional o extranjero no debería pedir licencia para destruir. Debe cumplir reglas estrictas, someterse a controles ambientales y aportar al desarrollo local. Pero también tiene derecho a reglas claras. Si un país invita capital, firma contratos, exige permisos y cobra por ellos, no puede cambiar el tablero cada vez que la discusión pública se vuelve emocional. Proteger el ambiente es una obligación constitucional. Respetar la seguridad jurídica también lo es.
Costa Rica no puede creer que sus costas deban permanecer congeladas en una postal rural. La pobreza con vista al mar sigue siendo pobreza. Una playa sin hoteles no garantiza justicia social. Muchas veces, un pueblo sin desarrollo solo conserva su falta de opciones.
Además, pocas cosas son tan democráticas en Costa Rica como la playa. Aunque la mayoría no pueda comprar una casa frente al mar, la arena sigue siendo un espacio donde las diferencias se diluyen. Llegamos en bus, bicicleta, carro o caminando. Allí conviven el empresario, el guarda, el turista, el pescador, el estudiante, el vendedor ambulante y la familia que hizo un esfuerzo para pasar el día.
La discusión seria no es si debe haber desarrollo. La pregunta correcta es qué tipo de desarrollo queremos, con qué reglas, con qué infraestructura, con qué protección ambiental y con qué beneficios para las comunidades locales. Alrededor del turismo de alta gama no viven solo los dueños de casas de lujo. Vive una economía entera: construcción, mantenimiento, seguridad, transporte, restaurantes, supermercados, proveedores, técnicos y pequeños emprendedores.
El ambientalismo serio es indispensable. El ambientalismo de consigna, no. El país debe proteger sus ecosistemas, pero también debe crear empleo. La sostenibilidad no puede convertirse en una excusa para inmovilizar territorios enteros ni para imponer una visión donde cualquier transformación se interpreta como pecado.
Se habla mucho del desarrollo costero como amenaza. Se habla menos de la pobreza, de la informalidad, de la falta de infraestructura y de las pocas oportunidades que durante años han limitado a muchas comunidades fuera del Valle Central.
El reto no es frenar las costas. Es hacerlas mejores, más inclusivas, más ordenadas y más inteligentes. Frenarlas por prejuicio ideológico sería una irresponsabilidad histórica.
Las costas no necesitan nostalgia. Necesitan futuro.