El proyecto, convocado por el Ejecutivo en extraordinarias, divide a sectores empresariales que lo ven como una modernización necesaria y a organizaciones sindicales, ambientales y políticas que advierten riesgos para el ICE, las tarifas y la seguridad energética.
Durante los primeros días del nuevo gobierno, la agenda legislativa ha estado cargada de proyectos de alto voltaje político: tren eléctrico, Ciudad Gobierno, marina de Limón, Crucitas, concesión de obra pública, defensa de funcionarios públicos asumida por las instituciones y jornadas de 12 horas, entre otros. En medio de ese ruido, un expediente que venía arrastrándose desde la administración anterior volvió a aparecer en el radar público con fuerza: el 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
El proyecto fue presentado originalmente por el Ejecutivo de Rodrigo Chaves Robles y ahora fue convocado por la administración de Laura Fernández Delgado en sesiones extraordinarias. No ha sido votado en plenario, pero sí se encuentra en una etapa avanzada: ya superó el plazo para nuevas mociones y podría entrar este lunes en discusión.
Hay, además, un punto procedimental clave. Un informe jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que, al crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) como institución autónoma, el proyecto requeriría aprobación por una votación no menor de dos tercios del total de diputaciones, conforme al artículo 189 inciso 3) de la Constitución Política. En cristiano: 38 votos.
Ese detalle cambia la lectura política. Si el proyecto requiere mayoría calificada, la posición del Partido Liberación Nacional (PLN) no es accesoria: puede ser determinante. Pronto quedará claro por qué aludo a esto, por ahora lo que hay que establecer es que este proyecto pasó de “no logra avanzar un paso” en la anterior conformación de la Asamblea a “lo podríamos sacar en dos toques” en esta.
Eso explica por qué, de pronto, comenzaron a surgir comunicados, conferencias de prensa y llamados a movilización. En un audio atribuido a la exdiputada Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio, se advierte que el proyecto podría votarse este martes 26 y se llama a la ciudadanía a presionar por WhatsApp, redes sociales, barras legislativas y vigilias.
El jueves pasado, la fracción del Frente Amplio, junto con sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Liga Cívica Nacional, FECON y otras organizaciones, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Ahí rebautizaron el proyecto como “Ley Apagón” y advirtieron que su aprobación podría traer aumentos tarifarios, debilitamiento del ICE, mayor riesgo de racionamientos y presión sobre ríos y territorios.
Mientras tanto, los defensores del proyecto manejan un encuadre opuesto: modernización del sistema, reglas claras, incorporación de nuevas tecnologías, eficiencia, competitividad y energía confiable para producir, exportar y atraer inversión. Esta misma semana, en un artículo publicado en Delfino.CR, Rodney Salazar Campos, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), planteó la reforma como una conversación estratégica para la competitividad del país.
Ahí está el eje de la disputa y sobra decirlo: no es una discusión sencilla. Haremos, pues, el mejor esfuerzo por ayudar a contextualizarla. Aquí vamos.
Qué propone el expediente
El expediente 23.414, como ya dijimos, tiene un nombre sereno: Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Pero su contenido es estructural. No estamos ante una reforma cosmética ni ante una simple actualización administrativa. De hecho, en Delfino.CR cada vez que lo hemos aludido usamos la etiqueta “Apertura del Mercado Eléctrico”, porque escapamos de los eufemismos y preferimos llamar a las cosas por su nombre. Si visitan la etiqueta, podrán darse una buena idea del ambiente que ha tenido el proyecto —tanto en respaldo como en oposición— desde que empezó a caminar en la Asamblea Legislativa.
¿Qué plantea el 23.414? El texto vigente crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una institución autónoma que asumiría funciones centrales de operación, planificación y administración del sistema eléctrico y del nuevo Mercado Eléctrico Nacional. En otras palabras: ECOSEN pasaría a operar el sistema, administrar el mercado, planificar la expansión, realizar el predespacho, despacho y posdespacho, coordinar con el mercado eléctrico regional y garantizar el libre acceso a las redes.
Ese punto es el corazón político y técnico del proyecto.
Actualmente, buena parte de esa función operativa se encuentra dentro del ICE, particularmente en la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico, conocida como DOCSE. El texto vigente prevé que, una vez ECOSEN entre en operación, la relación laboral del personal del ICE a cargo de la operación del sistema y del mercado sea asumida por esa nueva entidad. También dispone que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) evalúe los activos del DOCSE necesarios para la operación integrada del sistema y vele por su traslado a ECOSEN.
Para quienes defienden el proyecto, este cambio permitiría separar funciones, crear un operador neutral e independiente y ordenar un sistema que debe responder a nuevas tecnologías, nuevos agentes y mayor complejidad. Para sus críticos, equivale a sacar del ICE una función estratégica acumulada durante décadas y trasladarla a una nueva institucionalidad más expuesta a presiones políticas y empresariales.
El proyecto también crea el Mercado Eléctrico Nacional (MEN), definido como un mercado eléctrico mayorista donde agentes públicos, privados o mixtos podrían realizar transacciones de compra y venta de energía, potencia, servicios de transporte eléctrico, servicios auxiliares, capacidad y desviaciones.
Entre esos agentes aparecen generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores, agregadores y grandes consumidores. El texto habilita también la figura del comercializador, es decir, una persona física o jurídica dedicada a comprar y vender bloques de energía eléctrica como intermediaria.
Además, el proyecto establece que las empresas distribuidoras deberán tener contratada, en periodos de uno a cinco años, al menos el 90% de su demanda mediante subastas convocadas por ECOSEN. También prevé subastas de capacidad, mecanismos de contratación entre agentes y reglas para que los excedentes de energía, una vez cubierta la demanda nacional, puedan comercializarse en el Mercado Eléctrico Regional.
Hay un matiz importante: el proyecto dice expresamente que la demanda nacional tendría prioridad. Los contratos regionales podrían interrumpirse si ECOSEN lo requiere para atender el consumo local. Ese punto es clave para no desdibujar el texto. Pero también es cierto que la reforma abre espacio a agentes privados en generación, comercialización, contratos, subastas y participación regional.
Por eso la pregunta de fondo no es si el proyecto “vende el ICE”. No lo hace. No privatiza formalmente la transmisión ni la distribución eléctrica. Tampoco dispone la venta de activos del Instituto. La pregunta más oportuna es otra: si el proyecto transforma el modelo eléctrico costarricense de tal forma que funciones hoy concentradas en una institucionalidad pública integrada pasarían a organizarse mediante un mercado mayorista, nuevos agentes y una entidad autónoma distinta al ICE.
Por qué sus críticos hablan de “privatización”
La palabra “privatización” suele funcionar como alarma y como consigna. A veces aclara; a veces oscurece. En este caso lo oportuno es usarla con precisión.
Los críticos del expediente no sostienen necesariamente que el proyecto “venda el ICE” de un día para otro. Su argumento es más bien que habilita una privatización funcional o de facto del mercado eléctrico. Es decir: que saca del ICE funciones estratégicas, reduce su papel como planificador central, crea un mercado de subastas donde competiría con privados y permite que generadores privados participen en condiciones más amplias, incluso en exportación de excedentes.
A grandes rasgos todo eso es cierto: el proyecto sí traslada funciones estratégicas del ICE a ECOSEN, reduce su papel como operador-planificador central, crea un mercado mayorista con subastas en el que participarían agentes públicos, privados o mixtos, y habilita una participación más amplia de generadores privados, incluyendo los excedentes para el mercado regional. Es por eso que sus críticos hablan de privatización funcional. Lo que está en disputa es si ese rediseño produciría eficiencia y modernización, como dicen sus defensores, o debilitamiento del ICE, tarifas más altas y riesgos operativos, como advierten sus opositores.
El propio universo ICE no habla con una sola voz
Un dato importante para ordenar la conversación: ni siquiera dentro del universo ICE hay una sola posición.
En enero de 2024, el ICE remitió a la Asamblea Legislativa un criterio técnico-jurídico sobre el expediente que originalmente presentado a la Asamblea. El oficio fue firmado por Lindsay Arguijo Vargas, directora de la División Jurídica del ICE, con instrucción de la Presidencia Ejecutiva y a partir de insumos técnicos de la Gerencia de Electricidad.
Ese criterio fue crítico. La institución advirtió que el proyecto no constituía una mera armonización regulatoria, sino la creación de un mercado mayorista de electricidad. También señaló que no era posible identificar beneficios claros para el consumidor final, que el traslado de la operación del sistema a ECOSEN podía romper la cadena de valor del modelo actual y que el ICE podría quedar con obligaciones de respaldo y suministro sin conservar herramientas suficientes de planificación, operación y control.
El documento también planteó preocupaciones sobre seguridad jurídica, competencia desigual entre actores públicos y privados, reglas del mercado, efectos tarifarios y la necesidad de una transición gradual. Su lectura, en síntesis, fue que el proyecto introducía un rediseño profundo sin resolver adecuadamente cómo se protegerían los beneficios del modelo actual.
Los sindicatos del ICE, por su parte, han sostenido una oposición frontal desde hace más de un año. En una conferencia realizada en 2025, cuatro organizaciones sindicales denunciaron que el expediente no “armonizaba” el sistema, sino que favorecía a grandes consumidores y generadores privados. También advirtieron que el ICE podría quedar reducido en su papel estratégico, con menores ingresos, pero manteniendo responsabilidades estructurales de respaldo del sistema.
La posición del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, ha sido más matizada. En un conversatorio organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, Acuña sostuvo que el país debe “hacer algo diferente” y que el modelo actual no es sostenible tal como está. También señaló que el proyecto contiene elementos importantes para la sostenibilidad del sistema eléctrico, del mercado y de la seguridad energética.
Acuña valoró positivamente figuras como el despacho vinculante, para que los generadores respondan por lo que declaran producir, y la separación de la administración comercial del mercado respecto del ICE, por razones de transparencia y objetividad. Pero también marcó límites: aclaró que eso no significa aceptar que la operación de las plantas del ICE pase a manos de un tercero y subrayó la necesidad de remunerar adecuadamente servicios como respaldo, reserva, control de frecuencia, potencia firme y servicios auxiliares.
La foto completa, entonces, es más compleja que “ICE contra apertura” o “ICE a favor de apertura”. Hay un criterio técnico-institucional crítico sobre el texto inicial, una posición sindical abiertamente opuesta al que actualmente se discute y una Presidencia Ejecutiva más abierta a reformar el modelo, pero con condiciones y advertencias.
Sofía Guillén: el rostro de la oposición
Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y de Ciencias Políticas de la UCR, sostiene que “la falta de discusión es una ventaja que ha tenido el proyecto porque falta fiscalización social (...) que la sociedad vea, que se organice, que opine y que haya más discusión alrededor del proyecto”.
En eso lleva razón. El proyecto en términos generales es desconocido por la opinión pública y ni siquiera cuando fue discutido en la Comisión Especial de Energía por la anterior Asamblea generó mayor debate público. En ese foro fue la exdiputada Sofía Guillén Pérez quien asumió de lleno la oposición al proyecto, con vehementes discursos y numerosas mociones que permitieron ralentizar el avance del expediente.
La tesis de Guillén fue —y sigue siendo— la misma dentro y fuera de la comisión. En distintas entrevistas ha resumido el impacto del proyecto en tres de sus mayores cambios: el traslado del DOCSE a ECOSEN, la creación de un mercado de subastas y la habilitación de exportación privada de electricidad.
Su advertencia principal es que el ICE podría perder segmentos rentables de la demanda, mientras conservaría responsabilidades estructurales de respaldo, cobertura y seguridad energética. En esa lectura, el sector privado buscaría los contratos más lucrativos, mientras el ICE quedaría obligado a atender zonas, riesgos o inversiones que no necesariamente resulten atractivas para el mercado.
La conferencia de prensa del jueves pasado retomó esa misma línea. La diputada Sigrid Segura Hernández afirmó que el proyecto traslada el “cerebro” del ICE a una nueva institución, advirtió sobre eventuales aumentos tarifarios y cuestionó que se cambie un modelo eléctrico solidario que ha dado cobertura eléctrica a más del 99% del país.
José María Villalta Florez-Estrada, jefe de fracción del Frente Amplio, sostuvo que la reforma desmantela el modelo de generación y transmisión eléctrica del ICE, crea una nueva burocracia y podría trasladar costos a las tarifas. También anticipó que, si el proyecto avanza, promoverán una consulta de constitucionalidad.
Los sindicatos del ICE y la Liga Cívica Nacional agregaron otro argumento: la salida de grandes clientes del esquema actual podría erosionar el sistema solidario. Si grandes consumidores obtienen condiciones más favorables en el mercado, sostienen, los costos de infraestructura, cobertura rural y respaldo podrían recaer sobre el resto de usuarios.
Ese es uno de los puntos más sensibles de la discusión. La electricidad no se comporta igual en una zona industrial conectada a alta tensión que en una comunidad rural, montañosa o dispersa. Llevar el servicio a todo el territorio exige inversiones que no siempre son rentables por sí solas. El modelo actual compensa esas diferencias mediante integración, planificación y tarifas reguladas. El temor de los críticos es que un mercado más abierto rompa esa lógica.
El flanco técnico: planificación, solar y mercados liberalizados
Hay otra advertencia que es oportuno sumar porque no calza exactamente con la oposición sindical ni con la defensa institucional del ICE. En un webinar organizado por el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, titulado Riesgos del proyecto de Ley de Armonización del Sector Eléctrico, el ingeniero Fernando Lizana planteó una crítica desde la lógica de la transición energética.
Su tesis no es simplemente que abrir el mercado sea malo. Es más específica: en un sistema pequeño, renovable y vulnerable a sequías como el costarricense, pasar de una planificación directiva a una planificación indicativa puede generar riesgos si las decisiones de inversión quedan demasiado sujetas a señales de mercado.
Lizana introdujo un concepto técnico poco presente en la discusión pública: la canibalización de la energía solar. Según explicó, en mercados eléctricos liberalizados, la entrada masiva y desordenada de generación solar puede saturar ciertas horas del día, desplomar precios, generar precios cero o negativos, obligar a recortes de energía renovable, aumentar la volatilidad y requerir pagos adicionales por respaldo, capacidad y servicios auxiliares.
El punto no es que la energía solar sea indeseable. Al contrario: su abaratamiento es una buena noticia para la transición energética. El problema, según esa lectura, es que su incorporación masiva requiere planificación fina, almacenamiento, transmisión, respaldo y reglas técnicas robustas. De lo contrario, una fuente barata puede terminar generando costos sistémicos que no siempre aparecen en el precio simple del kilovatio hora.
Esa discusión es útil porque evita un falso dilema. No se trata de escoger entre pasado público y futuro renovable. Se trata de decidir qué tipo de gobernanza, planificación y regulación necesita Costa Rica para ampliar su capacidad eléctrica sin perder seguridad, estabilidad ni solidaridad tarifaria.
El flanco ambiental: ríos, territorios y generación privada
La oposición al expediente no viene solo del Frente Amplio ni de los sindicatos del ICE. También hay una capa ambiental y comunitaria.
En el programa Entramarnos por la defensa de la vida, de Canal 15 UCR, emitido este viernes 22 de mayo bajo el título “Armonización del Sistema eléctrico: ¿Se está privatizando el ICE?”, participaron voces de FECON, Ríos Vivos, Bloque Verde, Talamanca Siempre Verde y otros colectivos socioambientales. Su preocupación central no es solo tarifaria, también es territorial.
Malés Alvarado Barrantes, de Ríos Vivos y la Federación Ecologista (FECON), recordó la resistencia de comunidades de la Zona Sur contra 18 proyectos hidroeléctricos, 15 de ellos privados. Para esos movimientos, una apertura más amplia a generación privada podría reactivar una nueva ola de proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos o de otro tipo, con impactos sobre ríos, ecosistemas y comunidades.
Ese punto también fue planteado en la conferencia de prensa por Alberto Gutiérrez Arguedas, doctor en geografía y vocero de FECON, quien advirtió que la reforma podría incentivar un nuevo ciclo de conflictividad socioambiental alrededor de proyectos de generación.
Los defensores del proyecto responden que el texto prioriza fuentes renovables, mantiene regulaciones ambientales y establece que la generación nacional debe atender primero la demanda local. También que el país necesita ampliar capacidad, integrar nuevas tecnologías y prepararse para más demanda eléctrica por industria, electromovilidad, digitalización e inteligencia artificial.
Más allá de eso, la preocupación ambiental no es decorativa. Costa Rica ya vivió conflictos intensos por proyectos hidroeléctricos públicos y privados. Ignorarlo sería irresponsable.
¿Quiénes defienden la reforma?
Del otro lado, el sector empresarial ha empujado la discusión desde una lógica de competitividad.
La tesis favorable es sencilla: Costa Rica no puede sostener su reputación de país verde si no logra ofrecer electricidad confiable, suficiente, previsible y competitiva en costos. Para sectores exportadores, industriales, logísticos, tecnológicos y de servicios globales, la electricidad no es un insumo más. Es una condición de operación.
En su artículo publicado en Delfino.CR, Rodney Salazar Campos, presidente de Crecex, sostuvo que el costo, la calidad y la continuidad del suministro eléctrico inciden directamente en la posibilidad de producir, exportar, atraer inversión y generar empleo formal. En su criterio, elementos como ECOSEN, el desarrollo gradual del Mercado Eléctrico Nacional y la participación de nuevos agentes podrían mejorar la transparencia, facilitar inversiones y promover un uso más eficiente de los recursos.
En una línea complementaria, Sergio Capón Brenes, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, planteó en Delfino.CR que Costa Rica ya no solo debe aspirar a una matriz eléctrica limpia, sino también “inteligente”: capaz de responder al crecimiento de la demanda asociado a electromovilidad, semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos y nuevas industrias. Capón sostuvo que, según el propio ICE, el país deberá invertir más de $4000 millones en infraestructura eléctrica antes de 2030, y que la electrificación del transporte requeriría duplicar la capacidad actual de generación antes de 2050. Desde esa óptica, defendió el expediente 23.414 como una vía para ordenar, modernizar y abrir el sistema bajo reglas claras, con el objetivo de promover eficiencia, diversificación y precios competitivos.
El presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, Juan Ignacio Pérez, también ha sido enfático en la defensa del proyecto señalando que “el país debe estar avanzando a pasos agigantados en temas como apertura y eliminación de obstáculos y trabas a la competencia, descartando todo tipo de imposiciones tributarias y arancelarias a los insumos de producción, y particularmente, concretando la apertura de los mercados de abastecimiento energético como lo es la electricidad”.
La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones por su lado, expresó esta semana su respaldo al proyecto. Su presidente, Erick Rojas, indicó que “logramos un texto que preserva la solidaridad del modelo eléctrico costarricense, fija compromisos claros con la descarbonización y protege el papel de las distribuidoras de CEDET y aunque tiene aspectos de mejora en los que hay que seguir trabajando, reconocemos la importancia de impulsar esta iniciativa”.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Asociación Costarricense de Productores de Energía y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica también han defendido la necesidad de modernizar el sistema eléctrico. El argumento central es que el modelo actual, aunque exitoso en cobertura y matriz renovable, requiere adaptarse a nuevas demandas: almacenamiento, generación distribuida, electromovilidad, servicios auxiliares, grandes consumidores, mercado regional y expansión de capacidad.
Ese planteamiento no debe descartarse a priori. Costa Rica sí necesita discutir cómo garantizar electricidad suficiente, limpia, estable y competitiva para las próximas décadas. Un país que quiere atraer industria avanzada, centros de datos, manufactura sofisticada, logística moderna y servicios intensivos en tecnología no puede improvisar su política energética.
La pregunta que sigue en el aire es si este proyecto lo hace bien. Ahí aparece una zona intermedia que conviene escuchar con cuidado. En el programa de Canal 15, Eduardo Navarro Ceciliano, presidente del Consejo de Administración de CoopeSantos, planteó que el país debe conversar pausadamente sobre el modelo eléctrico que requiere para los próximos 25 años y dijo no tener claro si el expediente 23.414 satisface esa visión.
Ese tipo de reserva no cabe cómodamente en la caricatura en la que muchos caen de “comunistas contra empresarios” ni en la de “modernizadores contra alarmistas”. Es una preocupación legítima desde el mundo cooperativo: cómo lograr energía competitiva sin sacrificar continuidad, cobertura rural y equilibrio territorial.
Los puntos de choque
La discusión se concentra en cinco puntos.
El primero es ECOSEN. Sus defensores lo ven como un operador neutral, técnico e independiente. Sus críticos lo ven como una nueva institución que duplica funciones, extrae capacidades del ICE y abre la operación del sistema a presiones políticas o privadas. El texto vigente establece una junta directiva de cinco miembros: un representante técnico de Transmisión del ICE, uno de Energía del MINAE, uno de distribuidoras, cooperativas y municipales designado por CEDET, uno de la CNFL y uno del sector privado designado por UCCAEP. No es correcto decir que la junta estaría formalmente dominada por generadores privados. Sí es correcto decir que incorpora una silla empresarial y que eso genera cuestionamientos.
El segundo es el Mercado Eléctrico Nacional. Para sus defensores, permitiría ordenar transacciones, introducir competencia regulada y dar señales de inversión. Para sus opositores, sustituye planificación pública integrada por lógica de mercado.
El tercero son las subastas. El texto obliga a las distribuidoras a contratar al menos el 90% de su demanda mediante subastas anuales convocadas por ECOSEN. Para unos, eso puede mejorar eficiencia y transparencia. Para otros, puede abrir la puerta a concentración, coordinación de precios y pérdida de capacidad planificadora del ICE.
El cuarto es la exportación de excedentes. El proyecto permite que agentes habilitados participen en el Mercado Eléctrico Regional una vez cubierta la demanda nacional. Los opositores advierten que, si privados exportan, las ganancias no necesariamente se trasladarían a rebajas tarifarias como sucede cuando exporta el ICE. El texto, sin embargo, establece prioridad para la demanda nacional y sanciones por especulación, retención u ocultamiento de energía disponible para privilegiar exportaciones.
El quinto es la tarifa. Los defensores prometen eficiencia, competencia y menor costo posible. Los críticos advierten que nuevos cánones, servicios auxiliares, cargos de capacidad, pérdida de economías de escala del ICE y la salida de grandes consumidores podrían terminar trasladándose al usuario final. Esta es la discusión que podría importarle más al grueso de la ciudadanía, pero también la que requiere más modelación técnica y menos consigna.
El PLN, bajo presión política y aritmética
La conferencia de prensa del jueves tuvo un destinatario político evidente: el Partido Liberación Nacional.
Voceros de la Liga Cívica Nacional, FECON y sindicatos hicieron llamados directos a la fracción verdiblanca. La razón ya no es solo simbólica. Si prevalece el criterio de Servicios Técnicos según el cual el proyecto requiere 38 votos por crear una nueva institución autónoma, la posición del PLN puede ser decisiva para la viabilidad del expediente.
También hay una contradicción histórica particular: el ICE es parte del legado institucional del liberacionismo.
Ahí entra la novedad política de este sábado. Según dio a conocer Semanario Universidad, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, pidió a la fracción legislativa no acompañar el proyecto. Su frase resume el dilema interno: “Liberación Nacional no puede votar contra su propia historia”. La Juventud Liberacionista también difundió argumentos técnicos y políticos contra el expediente, señalando riesgos para la soberanía energética, el modelo solidario y el papel histórico del ICE.
Esa presión abre un frente dentro del propio PLN. No se trata solo de cómo votará una bancada ante un proyecto del Ejecutivo. Se trata de si el partido está dispuesto a respaldar una reforma que toca una de las instituciones asociadas a su propia identidad histórica.
Villalta dijo que, según entiende, la fracción liberacionista aún no había definido posición y que el Frente Amplio intentará convencer a otras bancadas de frenar el proyecto. También reconoció que el texto está en una etapa avanzada y con poco margen de modificación. Por eso mencionó como posibles rutas una retrotracción, si hubiera votos, o una consulta de constitucionalidad si el proyecto avanza.
La presión pública, entonces, tiene una lógica: si el expediente ya no tiene espacio ordinario para nuevas mociones, la disputa se traslada al voto político. Y en ese tablero el PLN podría ser central.
Qué viene ahora
Lo inmediato es la posible discusión en Plenario, la movilización convocada para el martes 26 y la definición de posiciones de las fracciones, especialmente Liberación Nacional, que por ahora ha sido “ambiguo”.
El Frente Amplio y las organizaciones opositoras ya anunciaron presión social y eventual consulta constitucional. Los sectores empresariales, por su parte, seguirán empujando el argumento de competitividad, inversión y modernización. El Ejecutivo, al convocar el expediente, ya dejó claro que quiere moverlo.
La ciudadanía merece algo mejor que propaganda en cualquiera de las dos direcciones.
No basta decir “Ley Apagón” como si eso resolviera el análisis. Tampoco basta decir “modernización” como si toda apertura fuera automáticamente virtuosa. El país tiene derecho a saber qué cambia, quién gana poder, quién asume riesgos, quién paga los costos y qué garantías reales existen para mantener continuidad, universalidad, solidaridad y tarifas razonables.
Costa Rica tiene un modelo eléctrico que ha dado resultados importantes: cobertura prácticamente universal, matriz mayoritariamente renovable y una institucionalidad pública que, con todos sus problemas, ha sido parte fundamental del desarrollo nacional. Pero también enfrenta retos reales: demanda creciente, presión climática, necesidad de inversión, nuevas tecnologías, competitividad productiva y adaptación al mercado regional.
Una reforma eléctrica debería partir de esas dos verdades al mismo tiempo. Ni nostalgia inmóvil ni fe ciega en el mercado. Ni defensa acrítica del ICE ni desmantelamiento disfrazado de eficiencia.
El expediente 23.414 vuelve a la agenda de golpe, con la intención de que pase en un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que un ajuste de esta naturaleza exige una discusión pública seria, técnica y honesta. La electricidad no es un tema sectorial. Es infraestructura de vida cotidiana. Está en la casa, en la escuela, en el hospital, en la industria, en la finca, en el comercio, en el teletrabajo, en la refrigeración de alimentos, en el futuro digital y en la promesa misma de desarrollo.
Cuando un país cambia las reglas de su sistema eléctrico, no está moviendo un cable. Está rediseñando una parte esencial de su pacto social. Ahí conviene leer despacio. Y votar con calma, transparencia y seriedad.