Cada cierto tiempo, Costa Rica vuelve a discutir el precio de los alimentos. Hablamos del arroz, la papa, la cebolla, los frijoles, las frutas, las hortalizas y de todo aquello que llega a la mesa de las familias. Nos preguntamos por qué suben los precios, por qué algunos productos escasean, por qué importar parece a veces más sencillo que producir y por qué cada vez más agricultores sienten que sembrar se parece menos a una oportunidad y más a una apuesta de alto riesgo.
Pero casi nunca hacemos la pregunta anterior, la más incómoda y quizá la más importante: ¿bajo qué condiciones están produciendo los agricultores costarricenses?
La seguridad alimentaria no empieza en el supermercado. Empieza mucho antes. Empieza cuando un productor decide si puede sembrar o no, si tiene acceso a insumos agrícolas, si logra proteger sus cultivos de plagas y enfermedades, si puede pagar la mano de obra, si cuenta con financiamiento, si tiene caminos, si el clima le da tregua, si los insumos llegan a tiempo y si las reglas del país le permiten competir.
Hoy esa cadena está sometida a una presión que no podemos seguir ignorando. El agro costarricense enfrenta una tormenta perfecta: altos costos de producción, eventos climáticos extremos, incertidumbre logística internacional, pérdida de competitividad, tensiones geopolíticas, dependencia de importaciones en insumos estratégicos y una presión creciente sobre quienes producen alimentos.
Esa tormenta no se ve completa desde la góndola de un supermercado. Se ve desde la finca.
Cuando los insumos agrícolas se encarecen, el productor no enfrenta únicamente un problema contable. Enfrenta una decisión productiva crítica. Puede reducir dosis, atrasar aplicaciones, sembrar menos, asumir más deuda o exponerse a menores rendimientos. Cuando un producto fitosanitario no está disponible, llega tarde o se vuelve inaccesible, no estamos hablando de un trámite comercial; estamos hablando de la capacidad real de proteger cultivos frente a plagas, enfermedades y pérdidas.
En agricultura, el tiempo importa. Una aplicación atrasada puede significar una cosecha perdida. Una nutrición deficiente puede significar menor productividad. Una plaga mal manejada puede destruir meses de trabajo. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no se quedan dentro de la finca. Se trasladan al empleo rural, al transporte, al comercio local, a las familias productoras y, finalmente, al consumidor.
Por eso es tan limitado hablar de alimentos solo cuando sube el precio final. Para cuando el consumidor siente el golpe, muchas decisiones difíciles ya ocurrieron tierra adentro.
Costa Rica necesita abrir una conversación seria sobre el abastecimiento de agroinsumos. No una conversación ideológica, ni una discusión reducida a consignas. Una conversación técnica, económica y país. Porque sin una cadena robusta, competitiva y accesible de insumos agrícolas, productos fitosanitarios, nutrición vegetal, herramientas tecnológicas y soluciones para el campo, la agricultura nacional pierde resiliencia.
Y perder resiliencia agrícola en tiempos de incertidumbre climática y geopolítica es un lujo que Costa Rica no puede darse.
Este debate tampoco puede reducirse a una falsa oposición entre productividad y sostenibilidad. El agricultor moderno necesita producir más y mejor, con criterios técnicos, responsabilidad ambiental, innovación, acompañamiento y acceso a herramientas seguras y eficaces. Para eso se requiere ciencia, tecnología, reglas claras y opciones disponibles.
Los productos genéricos y las alternativas competitivas, técnicamente respaldadas, deben formar parte de esa discusión. En momentos de presión sobre costos, ampliar opciones no es un capricho; puede ser la diferencia entre sembrar o no sembrar, entre sostener una finca o abandonarla, entre mantener empleo rural o perderlo.
Claro que el precio importa. Pero no es lo único que importa. También importan la disponibilidad, la continuidad operativa, la seguridad jurídica, la eficiencia regulatoria y la posibilidad de que el productor tome decisiones a tiempo. Un insumo aprobado tarde puede ser tan inútil como un insumo inexistente. Una regla confusa puede pesar tanto como un aumento de costos. Una cadena de abastecimiento frágil puede poner en riesgo todo el ciclo productivo.
El país debe entender que el agro no se sostiene solo con vocación. La vocación es indispensable, pero no alcanza. Nadie produce alimentos únicamente con buenas intenciones. Se necesita acceso real a tecnología, insumos agrícolas, productos fitosanitarios, asistencia técnica, crédito, infraestructura, mercados y condiciones mínimas para competir.
Cuando esas condiciones fallan, el mensaje al productor es devastador: siembre, pero asuma solo el riesgo; produzca, pero compita en desventaja; abastezca, pero sin herramientas suficientes; aguante, pero no reclame.
Esa no puede ser la política no escrita de un país que dice valorar su agricultura.
La discusión sobre seguridad alimentaria debe dejar de ser decorativa. No basta con repetir que queremos proteger al productor nacional si al mismo tiempo debilitamos las condiciones que le permiten producir. No basta con hablar de soberanía alimentaria si ignoramos la dependencia crítica de insumos importados, los costos logísticos, la vulnerabilidad frente a conflictos internacionales o la necesidad de contar con alternativas accesibles y reguladas.
Tampoco podemos seguir viendo al agro como un problema sectorial. El agro es empleo, territorio, arraigo, comercio, transporte, innovación, exportaciones, mercado interno y estabilidad social. Cada finca que reduce producción tiene un efecto que se multiplica. Cada productor que abandona la actividad deja una comunidad más vulnerable. Cada cultivo que se vuelve inviable nos acerca a una mayor dependencia externa.
Costa Rica tiene que decidir si quiere seguir produciendo alimentos o si se va a conformar con lamentarse cuando producirlos ya no sea viable.
Desde ASOAGRO creemos que este es el momento de abrir una conversación país. Una conversación que incluya a autoridades, productores, cámaras, academia, consumidores, comercializadores, formuladores, importadores y todos los actores vinculados con la cadena agroalimentaria.
Esa conversación debe abordar, al menos, seis temas urgentes: acceso oportuno a insumos agrícolas y productos fitosanitarios; reglas claras para importación, formulación y comercialización de agroinsumos; reconocimiento del papel de los productos genéricos y alternativas competitivas; comprensión real del impacto de los costos de producción en el precio final de los alimentos; políticas públicas que no debiliten la competitividad del productor nacional; y fortalecimiento de la resiliencia agrícola frente al clima, la logística y la incertidumbre internacional.
No se trata de defender intereses particulares. Se trata de reconocer una realidad básica: sin insumos agrícolas no hay cosecha, sin cosecha no hay abastecimiento y sin abastecimiento no hay seguridad alimentaria.
El país debe mirar más allá del precio final y preguntarse qué está ocurriendo antes de que los alimentos lleguen a la mesa. Debe mirar la finca, la cadena de abastecimiento, los costos, los riesgos y las decisiones que toma cada productor antes de sembrar.
Porque la comida no aparece por generación espontánea. La comida se produce. Y para producirla se necesitan condiciones reales, herramientas reales y decisiones públicas responsables.
Costa Rica aún está a tiempo de fortalecer su agricultura. Pero para hacerlo debe abandonar la indiferencia, escuchar más al campo y reconocer que la seguridad alimentaria no se decreta: se construye todos los días, desde la finca hasta la mesa.