Costa Rica tiene una deuda pendiente con sus comunidades. No es una deuda nueva, ni se resuelve con discursos de campaña, giras presidenciales o promesas de escritorio. Es una deuda más profunda: hemos construido un Estado que muchas veces habla de participación ciudadana, pero desconfía de la ciudadanía cuando esta decide organizarse, administrar sus propios recursos y defender lo que ha construido con décadas de trabajo.
El caso del acueducto de Sonafluca, en La Fortuna de San Carlos, debe leerse mucho más allá de una disputa administrativa entre una ASADA y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Es, en realidad, una advertencia sobre el rumbo que está tomando el país: cada vez que una comunidad organizada es debilitada, intervenida o sustituida sin agotar antes todas las vías de fortalecimiento, Costa Rica pierde una parte de su democracia territorial.
Sonafluca no es solo un pueblo que defiende un acueducto. Sonafluca representa a muchas comunidades rurales que durante décadas hicieron lo que el Estado no pudo hacer: llevar agua potable a sus casas, abrir zanjas, donar pasos de tubería, cuidar nacientes, organizar juntas directivas, cobrar tarifas accesibles, reparar daños, planificar inversiones y sostener sistemas que nacieron del esfuerzo comunal.
En las zonas rurales, el agua no llegó por generación espontánea. Tampoco llegó únicamente por la acción de una institución central. Llegó porque hubo vecinos que donaron terrenos, fuentes de agua, servidumbres, tiempo, trabajo y organización. Llegó porque la comunidad entendió que esperar una solución desde San José podía significar quedarse sin agua por años.
Ese es el valor histórico de las ASADAS. Son una de las expresiones más claras de descentralización real que tiene Costa Rica. No son perfectas. Ninguna organización humana lo es. Pueden cometer errores administrativos, requerir asistencia técnica, mejorar controles, profesionalizar procesos o corregir debilidades. Pero de ahí a concluir que la solución natural es centralizar su administración hay una enorme diferencia.
La pregunta de fondo es sencilla: cuando una comunidad organizada enfrenta problemas, ¿la respuesta del Estado debe ser sustituirla o fortalecerla?
El Estado puede fiscalizar sin aplastar. Puede acompañar sin imponer. Puede corregir sin borrar la historia de una comunidad.”
La legislación costarricense no habla de descentralización como una ocurrencia romántica. La descentralización busca acercar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía mediante una gestión eficiente, transparente y con fiscalización social. También incorpora principios como subsidiariedad, gradualidad, equidad, democratización, integración regional y participación vecinal.
Esos principios no deberían quedarse en el papel. Si creemos de verdad en ellos, entonces debemos aceptar que las comunidades no son simples receptoras pasivas de órdenes institucionales. Las comunidades son sujetos activos del desarrollo. Conocen su territorio, sus necesidades, sus limitaciones, sus fuentes de agua, sus conflictos, sus prioridades y su historia.
En el caso de Sonafluca, la discusión ha escalado al punto de llegar a la Sala Constitucional. La Junta Directiva de la ASADA presentó un recurso de amparo para solicitar medidas cautelares ante el anuncio del AyA de asumir la administración del acueducto. La comunidad ha manifestado oposición a la medida, mientras el AyA sostiene que su objetivo es mejorar el servicio, garantizar inversiones futuras y permitir el crecimiento ordenado de la comunidad.
Es importante reconocer ambas cosas. Sí, el AyA tiene una función rectora. Sí, el agua potable es un servicio público esencial. Sí, el Estado debe garantizar calidad, continuidad, seguridad sanitaria y sostenibilidad de los sistemas. Pero también es cierto que la rectoría no debería confundirse con una lógica de sustitución automática de la organización comunal.
El Estado puede fiscalizar sin aplastar. Puede acompañar sin imponer. Puede corregir sin borrar la historia de una comunidad. Puede exigir estándares sin desconocer el valor de quienes han sostenido el servicio durante años.
La gestión comunitaria del agua ha permitido resolver el abastecimiento en lugares donde la institucionalidad no logró proveer oportunamente un servicio esencial. Ese modelo refleja compromiso social, responsabilidad, participación ciudadana y fortalecimiento democrático. Por eso, si el modelo comunitario ha sido clave para llevar agua donde el Estado no llegaba, la respuesta no puede ser debilitarlo cada vez que enfrenta una crisis. La respuesta debe ser construir capacidades.
También hay que hablar con honestidad de los desafíos. Existen ASADAS con limitaciones presupuestarias, carencia de personal y equipo, atrasos en créditos, problemas de inscripción de fuentes, dificultades con convenios de delegación, necesidades de mejora en acueductos y falta de relevo generacional en juntas directivas. Pero ese diagnóstico no debería usarse para justificar más centralismo. Al contrario: debería servir para diseñar una política pública seria de fortalecimiento comunitario.
Si las ASADAS enfrentan trabas para acceder a crédito, acompañamiento técnico, inscripción de fuentes o aprobación de obras, entonces el Estado debe remover esas barreras. Si hay problemas de gestión, debe capacitar. Si hay riesgos sanitarios, debe intervenir técnicamente. Si hay conflictos comunitarios, debe facilitar mediación. Si hay falta de relevo generacional, debe promover participación.
Centralizar puede parecer eficiente en un documento administrativo. En el territorio, sin embargo, puede destruir confianza.
Y la confianza no se decreta. Se construye durante años, con presencia, diálogo, transparencia y respeto. Cuando una institución llega a una comunidad rural con una decisión tomada desde arriba, sin que la gente sienta que fue escuchada, lo que se activa no es cooperación: se activa defensa. Y esa defensa no nace de la necedad; nace de la memoria. La gente sabe cuánto costó tener lo que tiene.
Además, el agua se está convirtiendo en una de las principales tensiones del desarrollo territorial. En zonas de alta demanda turística, inmobiliaria y residencial, el agua se transforma en un recurso estratégico y en un punto de disputa entre comunidades, inversionistas, gobiernos locales e instituciones. Esto es fundamental para entender casos como Sonafluca. La discusión no es únicamente quién administra un acueducto. La discusión es quién decide el futuro del agua en una comunidad que crece, que recibe presión turística, que tiene valor inmobiliario y que necesita garantizar agua para las generaciones presentes y futuras.
Desde San Carlos sabemos que el desarrollo es necesario. Nadie está diciendo que las comunidades deban cerrarse al crecimiento. Pero el crecimiento no puede pasar por encima de quienes viven en el territorio. La disponibilidad de agua no puede definirse únicamente por la presión de nuevos proyectos. Primero deben estar las familias, la comunidad, la sostenibilidad del recurso y la capacidad real del sistema.
Por eso defiendo la descentralización. No como consigna política, sino como principio democrático. Descentralizar no significa abandonar a las comunidades a su suerte. Significa reconocer que el poder público debe ejercerse más cerca de la gente. Significa que las instituciones nacionales deben ponerse al servicio del territorio, no tratar al territorio como un problema que debe ser administrado desde lejos.
Descentralizar significa fortalecer ASADAS, asociaciones de desarrollo, consejos de distrito, municipalidades, comités comunales y organizaciones locales. Significa devolverle valor a la participación ciudadana. Significa entender que una democracia no se mide solo cada cuatro años en las urnas, sino todos los días en la capacidad de las personas para incidir sobre lo que afecta su vida.
El caso de Sonafluca debería servir para abrir una conversación nacional. ¿Queremos comunidades organizadas o comunidades dependientes? ¿Queremos instituciones que acompañen o instituciones que sustituyan? ¿Queremos ciudadanos activos o usuarios obedientes? ¿Queremos descentralización real o solo la palabra bonita en discursos oficiales?
No se trata de defender errores. Si una ASADA falla, debe corregir. Si hay problemas técnicos, deben resolverse. Si existen incumplimientos, deben atenderse. Pero el remedio no puede ser siempre quitarle poder a la comunidad. El remedio debe ser más apoyo, más transparencia, más fiscalización social, más capacitación y más respeto por la autonomía local.
Costa Rica nació desde sus pueblos. Desde turnos comunales, juntas de educación, asociaciones de desarrollo, comités de caminos, ASADAS, cooperativas, iglesias, escuelas y vecinos que se organizaron antes de que llegara una solución institucional. Esa Costa Rica comunitaria no puede seguir siendo vista como un obstáculo. Es, más bien, una de las pocas reservas de confianza que todavía nos quedan.
Sonafluca somos todos. No porque todos conozcamos su acueducto, sino porque todos dependemos de que el país vuelva a creer en sus comunidades.
Si dejamos que cada problema local se resuelva concentrando más poder en instituciones centrales, mañana habrá menos participación, menos arraigo y menos ciudadanía. Pero si aprovechamos este caso para fortalecer el modelo comunitario, entonces Sonafluca puede convertirse en algo más que una disputa por un acueducto: puede ser el punto de partida para recordar que el desarrollo empieza donde vive la gente.
La descentralización no es quitarle responsabilidad al Estado. Es obligarlo a cumplir mejor su tarea: servir, acompañar y respetar a las comunidades que durante décadas han sostenido al país desde abajo.
Y en el agua, como en la democracia, cuando la gente se organiza, el Estado no debería llegar a sustituirla. Debería llegar a fortalecerla.