Costa Rica inicia una nueva etapa política con la llegada de una nueva figura a la Presidencia de la República. Más allá de nombres o banderas partidarias, cada transición de poder representa una oportunidad para replantear prioridades, reconstruir confianzas y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones.
En un contexto marcado por desafíos estructurales —desigualdad, acceso a servicios, empleo y confianza institucional— el liderazgo político no solo se mide por sus promesas, sino por su capacidad de generar consensos. En distintos espacios públicos y debates políticos recientes, ha sido recurrente escuchar llamados a la transparencia, al diálogo nacional y a la necesidad de “gobernar para todas las personas”, principios que hoy adquieren una relevancia particular.
La llegada de una mujer a la presidencia, también representa un hito simbólico y social. No solo amplía la representación, sino que plantea una oportunidad concreta para impulsar agendas históricamente postergadas, como la equidad, la inclusión y el reconocimiento de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
No obstante, como en todo proceso democrático, también emergen voces críticas. Desde distintos sectores políticos se han señalado preocupaciones sobre la viabilidad de las propuestas, la conformación de equipos de gobierno o la claridad en las rutas de acción. Estas observaciones no deben entenderse como obstáculos, sino como parte esencial del equilibrio democrático: una ciudadanía vigilante y participativa es clave para el fortalecimiento institucional.
En ese sentido, el verdadero desafío de esta nueva administración no será únicamente ejecutar un plan de gobierno, sino construir legitimidad en el ejercicio del poder. Esto implica escuchar activamente, rendir cuentas y abrir espacios reales de participación.
Desde la sociedad civil organizada, particularmente desde organizaciones como la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO), existe disposición para aportar desde la experiencia territorial y el trabajo directo con poblaciones históricamente excluidas. La inclusión de personas con discapacidad, población migrante, adultos mayores y comunidades diversas no puede seguir siendo un elemento accesorio en la agenda pública: debe ser un eje transversal.
El país necesita avanzar hacia un modelo donde las decisiones no se tomen únicamente desde el poder central, sino en diálogo constante con quienes viven las realidades que las políticas buscan transformar. La construcción de puentes —entre gobierno, sociedad civil y ciudadanía— no es un discurso, es una necesidad.
Costa Rica ha demostrado, a lo largo de su historia, que su mayor fortaleza radica en su institucionalidad democrática y en la capacidad de su gente para dialogar incluso en medio de diferencias. Esta nueva etapa no debería ser la excepción.
Más que expectativas, lo que corresponde ahora es responsabilidad compartida. Gobernar es un acto colectivo, y el éxito de una administración dependerá tanto de su liderazgo como de la disposición del país para involucrarse activamente en su propio rumbo.
El momento no es de división, sino de construcción.