La Asociación de Universidades Privadas solicitó información sobre la validez técnica de la prueba, la integración de la comisión redactora y posibles vínculos con organizaciones que ofrecen servicios de preparación.
La Asociación de Universidades Privadas de Costa Rica (ASUPRI) solicitó al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica información técnica sobre la prueba de incorporación profesional, luego de que solo 13 de 1123 postulantes aprobaran el Examen de Excelencia Académica aplicado el pasado 29 de abril.
La solicitud consta en el oficio ASUPRI-JD-08-2026, fechado el 5 de junio y firmado por el presidente de la organización, Eddy José Cuevas Marín, dirigido al presidente del Colegio, Miguel Antonio Arias Maduro.
En el documento, ASUPRI indicó que, antes de asumir una posición sobre los resultados, considera necesario conocer con mayor detalle el proceso de medición educativa aplicado en la prueba.
La organización pidió al Colegio explicar cuál fue la metodología específica utilizada, qué tipo de validez fue considerada en el instrumento —incluyendo validez de contenido, de constructo o predictiva— y si se realizaron análisis de dificultad, poder discriminatorio de los ítems y medidas de confiabilidad estadística.
ASUPRI también consultó si participaron personas expertas en medición educativa en el diseño o validación del examen y, de ser así, cuál fue el alcance de esa participación.
Según la asociación, la validez de contenido permite verificar que la prueba evalúe competencias relevantes para el ejercicio profesional y no únicamente conocimientos teóricos desvinculados de la práctica. La confiabilidad estadística, añadió, aporta evidencia sobre la consistencia de los resultados y reduce el riesgo de que dependan de factores aleatorios o condiciones no controladas durante la aplicación.
La organización advirtió que, sin un proceso de medición educativa adecuado, una prueba de incorporación profesional podría carecer de fundamentación científica, resultar arbitraria o injusta y quedar vulnerable a impugnaciones que afecten el derecho al ejercicio profesional.
Otros cuestionamientos
ASUPRI también solicitó información sobre eventuales conflictos de interés relacionados con la elaboración o administración de la prueba.
En concreto, pidió al Colegio informar si algún miembro de la Junta Directiva o de los equipos elaboradores del examen ocupa simultáneamente roles como fundador, capacitador, profesor universitario o dirigente en organizaciones que ofrecen servicios asociados con la preparación de aspirantes para las pruebas de incorporación.
Entre esos servicios, ASUPRI mencionó cursos preparatorios, plataformas de capacitación, materiales de estudio o asesoría para la tramitación de apelaciones.
La asociación sostuvo que esa información es necesaria para verificar la ausencia de conflictos de interés que puedan comprometer la imparcialidad, transparencia y legitimidad del proceso de evaluación.
ASUPRI señaló además que la existencia de vínculos entre quienes diseñan o administran la prueba y entidades que comercializan servicios relacionados con esa evaluación podría generar una situación en la que se beneficie económicamente a actores específicos, en detrimento de la equidad del proceso de incorporación.
Nombramientos y secciones cuestionadas
El oficio también pide al Colegio aclarar si la Presidencia designó formalmente a la comisión redactora del examen y si se nombraron consultores o personas expertas para validar la calidad técnica de la prueba antes de su aplicación.
Asimismo, ASUPRI solicitó confirmar si es correcto que aproximadamente el 83% de las personas aplicantes aprobó el examen general, salvo en las secciones de Derecho Contencioso Administrativo y Derecho Constitucional, y si existe algún análisis técnico que explique ese comportamiento.
La organización también pidió conocer si existe algún costo para las personas examinadas por interponer recursos, solicitudes de revisión o gestiones de apelación ante el Colegio, y cuál sería el fundamento normativo o administrativo de ese cobro.
ASUPRI manifestó su disposición de participar en espacios de diálogo técnico o institucional para analizar oportunidades de mejora y solicitó ser considerada para integrar el Consejo Académico Consultivo.
Posición del Colegio
El Colegio de Abogados confirmó esta semana que, antes de resolver los recursos pendientes, 13 de 1123 postulantes aprobaron el Examen de Excelencia Académica. Arias Maduro defendió la prueba y sostuvo que fue elaborada por el Comité de Excelencia Académica, no por la Junta Directiva.
El presidente del Colegio también afirmó que la institución debe analizar los resultados junto con las universidades y revisar posibles factores asociados a la baja aprobación, incluyendo contenidos de carrera, programas de estudio, perfil docente y secuelas de la educación virtual.
La discusión ha generado reclamos de postulantes, pronunciamientos de juristas y solicitudes de transparencia sobre la metodología de la prueba, el proceso de apelaciones y la existencia de eventuales vínculos entre autoridades gremiales o elaboradores del examen con organizaciones privadas de formación jurídica.