Ente considera que la propuesta fortalecería el control tributario y reduciría la competencia desleal, aunque implicaría una nueva obligación de actualización de datos para las personas contribuyentes.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica manifestó su respaldo al proyecto de decreto ejecutivo que plantea adicionar un inciso al artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Tributario.
La propuesta, actualmente en consulta pública, obligaría a las personas contribuyentes a registrar ante la Administración Tributaria los números telefónicos asociados a medios de pago electrónicos utilizados en el desarrollo de su actividad económica. La medida incluiría los números empleados para recibir cobros por SINPE Móvil u otras aplicaciones tecnológicas similares autorizadas por las entidades competentes.
La iniciativa no crea un nuevo impuesto ni establece cobros o comisiones sobre las transferencias realizadas por SINPE Móvil. Sin embargo, sí incorporaría una obligación formal para las personas contribuyentes que utilicen esos medios de pago en su actividad económica.
El presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos, Luis Javier Porras, señaló:
El crecimiento del uso de SINPE Móvil para actividades comerciales hace necesario contar con herramientas que permitan una adecuada trazabilidad de las operaciones. Esta reforma fortalece la capacidad de la Administración Tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y favorece un sistema más equitativo para todos los contribuyentes".
Impacto para las pymes
El colegio considera que la medida tendría, en términos generales, un efecto positivo para las pequeñas y medianas empresas. Según la organización, uno de sus posibles beneficios sería reducir la competencia desleal de negocios que reciben pagos por medios electrónicos sin declarar los ingresos correspondientes, frente a aquellos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
Porras añadió:
La medida incentiva la formalización de las empresas, mejora la trazabilidad de sus operaciones y, a mediano plazo, puede facilitar el acceso a financiamiento, programas de apoyo y nuevas oportunidades de crecimiento".
El colegio reconoció que las empresas deberán realizar un proceso inicial de adaptación para identificar y registrar en el Registro Único Tributario (RUT) los números telefónicos que utilizan para recibir pagos comerciales. Esto podría ser particularmente relevante en los casos en que una misma línea telefónica se utiliza tanto para fines personales como para actividades empresariales.
El proyecto establece que Hacienda contaría con un plazo máximo de dos meses, a partir de la entrada en vigencia del eventual decreto, para ajustar los formularios y sistemas del RUT. Una vez realizadas esas adecuaciones, las personas contribuyentes ya inscritas tendrían hasta doce meses para registrar los números telefónicos vinculados a sus medios de pago electrónicos.
El texto propuesto establece que el incumplimiento de esa obligación, una vez vencidos los plazos, podría dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En ese sentido, el colegio recomendó a las pymes contar con el acompañamiento de un Contador Público Autorizado para actualizar sus datos de forma correcta y evitar eventuales inconvenientes.
Control tributario y medios de pago electrónicos
El colegio sostuvo que la propuesta permitiría a la Administración Tributaria identificar con mayor precisión ingresos comerciales que eventualmente podrían estar siendo omitidos en las declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado (IVA).
La agrupación indicó que una mayor trazabilidad de esos pagos podría fortalecer la recaudación sin establecer nuevos impuestos ni gravar las transferencias personales realizadas mediante SINPE Móvil.
Hacienda justificó la propuesta en el crecimiento del uso de plataformas electrónicas como medio de pago. Según los datos citados en el proyecto, al cierre de mayo de 2026 existían 4.801.297 suscripciones activas de teléfonos al sistema SINPE Móvil.
Además, durante 2025 se transaron por ese medio ₡12.527.728.879.067. El proyecto reconoce que no todas esas operaciones corresponden a actividades lucrativas, pero sostiene que el uso masivo de estas plataformas justifica reforzar los mecanismos de control y trazabilidad.
El colegio reiteró su disposición a participar en el proceso de consulta pública y señaló que respalda las iniciativas dirigidas a combatir la evasión fiscal y promover la formalización de la economía, siempre que su implementación se realice mediante reglas claras, plazos razonables, seguridad jurídica y respeto al debido proceso.