Esta semana ha vuelto a ser tema el proyecto de ley relacionado con el patrocinio de productos con contenido alcohólico en el deporte, iniciativa que recientemente fue aprobada en primer debate con el apoyo del oficialismo y una parte importante de la oposición. Independientemente del contenido específico del proyecto y de los eventuales cuestionamientos de constitucionalidad que algunos sectores han planteado, el debate de fondo merece ser nuevamente analizado a la luz de la realidad nacional.
En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, el deporte continúa siendo uno de los mecanismos preventivos más importantes para alejar a niños y jóvenes de la violencia y de las actividades delictivas que van en incremento en el país. Más allá de la competencia y el entretenimiento, el deporte representa disciplina, comunidad, oportunidades y, en muchos casos, un proyecto de vida.
Sin embargo, durante años el deporte costarricense ha operado con recursos limitados. Muchas disciplinas, incluso algunas con presencia olímpica, sobreviven gracias al esfuerzo personal de atletas, entrenadores y familias que terminan financiando de su propio bolsillo una parte importante de sus carreras deportivas. Mientras tanto, el apoyo estatal resulta insuficiente y las necesidades de infraestructura, formación y competencia continúan creciendo.
A nivel internacional, las empresas productoras de bebidas alcohólicas han sido históricamente aliadas relevantes del deporte. Basta observar el patrocinio de Corona en México, Heineken en competiciones europeas o Budweiser en eventos deportivos de alcance mundial. El motivo es sencillo: el deporte ofrece una enorme visibilidad para las marcas y, a cambio, estas aportan recursos que permiten fortalecer federaciones, clubes, infraestructura y programas de desarrollo deportivo.
Es cierto que existe una aparente contradicción entre la obligación del Estado de promover la salud pública y la posibilidad de permitir este tipo de patrocinios. Costa Rica cuenta con instituciones y programas orientados a prevenir el abuso del alcohol y a atender las consecuencias derivadas de las adicciones. A primera vista, podría parecer incoherente que el mismo Estado que impulsa estas políticas permita la presencia de marcas vinculadas a bebidas alcohólicas en actividades deportivas.
Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que ambas realidades no son necesariamente incompatibles. La mayoría de los países han optado por modelos de regulación que buscan un equilibrio razonable entre la protección de la salud pública y la participación del sector privado en el financiamiento del deporte. Restricciones orientadas a evitar publicidad dirigida a menores de edad, limitaciones sobre determinados espacios o eventos y otras medidas de mitigación permiten compatibilizar ambos objetivos.
Además, no existe evidencia concluyente de que la prohibición de los patrocinios deportivos, por sí sola, reduzca el consumo de alcohol en la población. Por el contrario, la realidad actual plantea una interrogante adicional sobre la efectividad de este tipo de restricciones.
En un mundo globalizado, millones de costarricenses ya consumen diariamente transmisiones deportivas internacionales, plataformas de streaming y contenidos digitales en los que el patrocinio de bebidas alcohólicas forma parte habitual del espectáculo. Desde la UEFA Champions League hasta la Fórmula 1, el rugby o las principales ligas de fútbol del mundo, la presencia de estas marcas es una realidad a la que el público costarricense ya está expuesto.
Paradójicamente, la consecuencia práctica de la prohibición vigente es que las marcas pueden patrocinar el deporte extranjero que consumen los costarricenses, pero no al deporte costarricense. La prohibición no impide que los ciudadanos vean estas marcas; únicamente impide que esos recursos lleguen a nuestros atletas, federaciones y organizaciones deportivas.
Por supuesto, lo anterior no significa que cualquier iniciativa deba aprobarse sin mayor análisis. Resulta indispensable revisar cuidadosamente el texto que actualmente se encuentra en conocimiento de la Asamblea Legislativa, a fin de asegurar que la eventual apertura a estos patrocinios mantenga un adecuado equilibrio entre la promoción del deporte y la protección de la salud pública. Las restricciones dirigidas a evitar publicidad orientada a menores de edad y otros mecanismos de protección deben formar parte de una discusión seria y responsable.
Sin embargo, la conversación no debería agotarse en este proyecto de ley. Costa Rica también debería abrir un debate más amplio sobre la manera en que el sector privado puede convertirse en un aliado estratégico del deporte nacional.
En numerosos países, empresas de distintos sectores participan activamente en el desarrollo deportivo mediante patrocinios, alianzas con federaciones, financiamiento de infraestructura y programas de formación para atletas jóvenes. España, el Reino Unido y Estados Unidos ofrecen múltiples ejemplos de colaboración entre el sector privado y las organizaciones deportivas, generando beneficios que trascienden el ámbito competitivo y se traducen en bienestar social, oportunidades para la juventud y fortalecimiento del tejido comunitario.
Nuestro país podría explorar la generación de incentivos para empresas que inviertan en programas deportivos juveniles, esquemas de patrocinio para disciplinas menos visibles, fondos mixtos para infraestructura deportiva o mecanismos que permitan al sector privado apoyar proyectos específicos en beneficio de comunidades y atletas. El objetivo no debería ser sustituir la responsabilidad del Estado, sino complementarla con la capacidad de inversión y alcance que posee la empresa privada.
En momentos en que Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, exclusión social y falta de oportunidades para muchos jóvenes, fortalecer el deporte debería constituir una verdadera política de Estado.
Porque, al final, la pregunta no debería ser cómo impedir que más actores apoyen al deporte, sino cómo lograr que ese apoyo se traduzca en más oportunidades para quienes hoy representan al país con recursos cada vez más escasos.
Y quizá la mayor paradoja sea esta: mientras el mundo discute cómo atraer más inversión privada al deporte, Costa Rica continúa discutiendo cómo restringirla.