Hacia la debida diligencia
Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo tomó posesión de las tierras en nombre de la Corona de Castilla, declarando que los territorios “descubiertos” quedaban bajo su soberanía unilateralmente, similar a lo que acontece hoy en día con la directiva y leyes europeas de debida diligencia.
Si bien esta corriente surgió en las burocracias de las instituciones internacionales (OIT, OCDE, ONU), desde las cuales se gestó un movimiento para introducir en el actuar de las empresas transnacionales un comportamiento ético en las cadenas de suministro, este hecho motivó que en el sector privado surgiera una gobernanza mediante certificaciones privadas, precisamente para asegurar el cumplimiento de determinados requisitos por parte de tales empresas.
Luego, en el seno de la Unión Europea empezó una evolución hacia normas de derecho público; primero se aprobaron leyes en Francia, Noruega, Alemania y otros países; luego se aprobó una directiva en la Unión Europea, la cual extenderá estas normativas al resto de países que la integran, lo cual, sin duda, implica un cambio en el paradigma para comerciar con la Unión Europea.
Contenido de la debida diligencia
Con base en estas normativas, las empresas europeas tendrán la obligación de supervisar las cadenas de suministro de las que forman parte, independientemente de su ubicación y extensión, creando en ellas un sistema de gestión de riesgo el cual implicará una tutela en materia ambiental y laboral de sus proveedores que producen en América Latina y otras partes del mundo.
En principio, esta disposición suena bien, siempre, la defensa de derechos es un tema que genera sentimientos a favor; sin embargo, detrás de tales estructuras normativas se esconde una visión del mundo eurocentrista, a partir de la cual solo los países europeos tienen derechos laborales y ambientales, mientras que en el resto del mundo, la periferia, las incumplen, sin considerar la historia de cada nación.
Más que leyes extraterritoriales
Estamos frente a un nuevo conjunto de barreras no arancelarias, propiciadas por leyes públicas europeas y aplicadas por sujetos privados como los supermercados europeos; por lo que, para hacer frente a este nuevo paradigma del comercio con la Unión Europea, se requiere una alianza entre los empresarios y las instituciones públicas costarricenses para buscar soluciones políticas y diplomáticas ante esta invasión de nuestra soberanía.
No solo se trata de leyes extraterritoriales que imponen derechos laborales y ambientales, lo peor es que hacen recaer el costo de gestión de las cadenas de suministro en nuestras empresas, sin preocuparse porque nuestros productores reciban un precio justo, reforzando el poder de los compradores y supermercados europeos. Esto, sin duda, impactará a las pequeñas y medianas empresas que tendrán más problemas para cumplir con los requisitos de las nuevas leyes.
Doble moral
Sumado a esto, estamos frente a una doble moral, pues cuando existe sobreoferta de productos aplican las leyes con precisión, pero cuando hay escasez, se hacen de la vista gorda, lo cual refuerza la idea de estas leyes como instrumentos de imposición neocolonial.
El acto de posesión de Cristóbal Colón se materializa hoy en día con estas leyes de debida diligencia que expanden su soberanía sobre nuestros países de América Latina, así como la Corona de Castilla lo hizo en su momento. Hoy no hay un Cristóbal Colón, sino 27.