El proyecto de ley que permitiría el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte volvió a quedar bajo examen de la Sala Constitucional, luego de que 16 diputados presentaran una consulta facultativa contra el texto aprobado este lunes en primer debate.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.216, recibió 41 votos a favor y 10 en contra en el plenario legislativo. El proyecto reforma el artículo 12 de la Ley 9047 para levantar la prohibición vigente sobre el uso de marcas o nombres de bebidas alcohólicas en publicidad de equipos, federaciones, asociaciones y ligas deportivas.
La consulta sostiene que el texto mantiene vicios de fondo similares a los que ya llevaron a la Sala IV a declarar inconstitucional una propuesta anterior sobre patrocinio de alcohol en el deporte, mediante la resolución 27601-2021.
El principal cuestionamiento apunta a la protección de las personas menores de edad. Según las diputaciones consultantes, el proyecto solo prohíbe el uso de marcas de bebidas alcohólicas en uniformes de ligas menores, pero permitiría exposición publicitaria en otros espacios deportivos, como estadios, gimnasios, vallas, actividades y artículos vinculados con competencias de adultos.
El escrito afirma que esa apertura podría afectar el derecho fundamental a la salud, al relacionar la publicidad de alcohol con el inicio temprano del consumo en niños, niñas y adolescentes. La consulta cita criterios del IAFA, el Ministerio de Salud, OPS/OMS, PANI, UNICEF y organizaciones de salud pública.
Otro punto central es la falta de justificación técnica. Las diputaciones señalan que el expediente no demuestra con datos suficientes que el patrocinio de bebidas alcohólicas sea indispensable para financiar el deporte, ni pondera ese posible ingreso frente al riesgo para la salud pública.
La consulta también acusa una posible violación al principio de progresividad, al considerar que el texto reduce una protección ya existente. La legislación vigente impide la presencia de marcas alcohólicas en uniformes, transportes, artículos deportivos y actividades recreativas o culturales dirigidas a menores; la reforma restringe expresamente solo los uniformes de ligas menores.
Además, el documento plantea un posible roce con convenios internacionales sobre niñez, juventud y salud. Según ese argumento, Costa Rica debe prevenir el consumo nocivo de alcohol y proteger a menores de edad frente a estrategias de mercadeo, en lugar de ampliar su exposición en entornos deportivos.
Los defensores del proyecto sostienen que la reforma abriría una fuente de financiamiento para atletas, equipos, federaciones e infraestructura deportiva, en un contexto de limitaciones presupuestarias del Estado.
Sin embargo, quienes impulsaron la consulta alegan que el argumento económico no basta para reducir salvaguardas en salud pública, especialmente cuando la Sala IV ya había advertido que el interés superior de las personas menores debe prevalecer sobre beneficios financieros de corto plazo.
La decisión queda ahora en manos de la Sala Constitucional, que deberá resolver si el proyecto puede continuar hacia segundo debate o si mantiene los mismos problemas constitucionales que ya frenaron intentos anteriores por habilitar el patrocinio de alcohol en el deporte costarricense.