Aprimotec advirtió que la iniciativa podría afectar el sustento de 35.000 familias y pidió a los diputados abrir espacios de diálogo antes de avanzar con la regulación.
La Asociación Privada para la Innovación, Movilidad, Tecnologías y Economías Colaborativas (Aprimotec) solicitó a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo detener el avance del proyecto de ley (expediente 23.736) que regula las plataformas digitales de movilidad, como Uber.
La organización sostuvo que la iniciativa, “lejos de ordenar la actividad, pretende ‘taxificar’ el servicio privado entre particulares y destruir el sustento económico de más de 35,000 familias costarricenses”. También cuestionó que el proyecto haya sido redactado, según su criterio, por sectores ajenos a los conductores de plataformas.
El comunicado añadió:
El texto que avanza a gran velocidad en La Asamblea Legislativa ignora por completo la naturaleza de esta actividad económica y la realidad de quienes la ejercen diariamente en la calle, habiéndose redactado bajo la única visión y presión política del sector taxista tradicional”.
El presidente de Aprimotec, Alfredo Román, afirmó:
Nos quieren recetar una ley cocinada a puerta cerrada, sin darnos un solo espacio para sentarnos en la mesa a explicar cómo funciona esta actividad en la vida real. Si nosotros no nos metemos en las reglas o el negocio de los taxis, ¿por qué ellos sí vienen a definir el futuro de un servicio que no es el de ellos?”.
Entre los principales cuestionamientos al proyecto de ley, la asociación destacó:
- Restricciones para ingresar a aeropuertos, muelles y zonas de alta conectividad turística. Aprimotec afirmó que esa medida representaría un retroceso logístico para el país, un monopolio artificial para un solo sector y un atropello al derecho del usuario y del turista a elegir cómo movilizarse.
- Inscripción obligatoria como trabajador independiente. La organización advirtió que el proyecto carece de reglas claras que impidan a la Caja Costarricense de Seguro Social aplicar cobros, multas e intereses de forma retroactiva por hasta 10 años. Según la asociación, sin una categoría especial y adaptada, miles de conductores terminarían cotizando bajo esquemas inviables para quienes trabajan a tiempo parcial.
- Vacíos en el registro ante Hacienda. Aprimotec señaló que el texto impone obligaciones tributarias bajo “actividades económicas pertinentes”, sin definir mecanismos de implementación claros.
- Reglas diferenciadas entre taxis y vehículos particulares. La asociación cuestionó que el proyecto permita a los taxis operar tanto en la modalidad pública como en la privada a través de plataformas, mientras endurece las reglas para vehículos particulares en antigüedad y rotulación fija.
El expediente 23.736 se encuentra en trámite en la Comisión de Gobierno y Administración, donde tiene 10 mociones de fondo vía artículo 137 pendientes de conocer, antes de pasar al plenario legislativo para el trámite de primer debate.
El comunicado instó a la Asamblea Legislativa a detener el avance del proyecto y añadió:
Legislar a ciegas sobre un servicio dinámico y complementario —del cual dependen miles de jefas de hogar, estudiantes y adultos mayores para redondear el mes— solo generará exclusión económica, desempleo y el encarecimiento inmediato de la movilidad para millones de usuarios”.
Aprimotec finalizó su comunicado reiterando su disposición a participar en la construcción de una regulación “justa”, pero advirtió que defenderá el derecho al trabajo y el bienestar de las familias de los conductores por las vías legales y de movilización pacífica que considere necesarias.