La fiscalización abarcó negocios con diez entidades y halló pérdidas, controles débiles y expedientes incompletos.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) detener el uso de alianzas con empresas privadas para ejecutar contratos que otras instituciones públicas le adjudicaron directamente, tras concluir que ese esquema permitió eludir procedimientos ordinarios de contratación y redujo, en varios negocios, la participación del Instituto a funciones comerciales, administrativas y de coordinación.
El órgano contralor comunicó este lunes dos órdenes que examinan aspectos distintos, pero relacionados. La primera analiza contrataciones directas entre el ICE y diez entidades públicas, mientras que la segunda revisa el control interno, la rentabilidad y la gobernanza de 16 asociaciones empresariales vigentes en el sector de telecomunicaciones.
¿En qué consistió la irregularidad?
La Ley General de Contratación Pública permite que una institución contrate directamente a otra entidad estatal sin promover una licitación, siempre que la entidad contratada tenga la capacidad técnica para cumplir por sí misma la parte sustancial del servicio. La excepción parte de que el proveedor reúne las condiciones necesarias precisamente por su naturaleza, experiencia y recursos públicos.
Según la CGR, varias instituciones utilizaron esa excepción para adjudicar servicios al ICE, pero el Instituto incorporó posteriormente a compañías privadas mediante alianzas o acuerdos comerciales. Estas empresas asumieron tareas como el diseño técnico, la compra e instalación de equipos, la configuración de programas, el mantenimiento, el soporte y la sustitución de componentes.
El ICE, por su parte, concentró en varios acuerdos la relación con la institución contratante, la supervisión general, la facturación, el cobro y la distribución de una parte de los ingresos al socio comercial. Para la Contraloría, ese reparto convirtió al privado en un coprestador del servicio y no en un simple subcontratista encargado de labores accesorias.
La CGR sostuvo que este modelo desnaturalizó la contratación directa entre entidades públicas porque las compañías privadas accedieron a negocios estatales sin competir en una licitación. De esa forma, las instituciones contratantes tampoco pudieron comparar todas las opciones disponibles en un mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia.
Aunque la fiscalización no cuestiona la facultad general del ICE para formar alianzas empresariales al amparo de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, sino que señala que la restricción aplica cuando el Instituto obtiene un contrato mediante la excepción reservada para negocios entre entidades de derecho público.
La Contraloría tampoco prohibió que el ICE subcontrate servicios especializados. Sin embargo, ordenó que el Instituto ejecute directamente al menos el 70% del objeto contractual y limite la subcontratación al 30% restante, siempre que corresponda a labores especializadas o accesorias y que seleccione al proveedor mediante los procedimientos legales correspondientes.
Revisión a 10 instituciones que contrataron al ICE
La primera orden abarca contrataciones del ICE con la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense (MAC).
Los expedientes incluyen servicios de telefonía, conectividad, redes institucionales, centros de procesamiento de datos, ciberseguridad, equipos informáticos y plataformas vinculadas con la atención médica. En varios contratos, las instituciones conocían que un “empresario comercial” participaría junto con el ICE, pero la CGR señaló que no consta que verificaran quién ejecutaba realmente la parte sustancial del servicio.
La CCSS concentra varios de los ejemplos examinados. En 2013 contrató directamente al ICE para brindar infraestructura y soporte a un mínimo de 3600 puestos de trabajo con acceso al Expediente Digital Único en Salud (EDUS), mientras el Instituto suscribió un acuerdo con Corporación Font para aportar el diseño, la infraestructura, las licencias, la operación y el mantenimiento.
La Caja también contrató al ICE para administrar redes LAN y WLAN en 29 centros hospitalarios, así como para desarrollar la Red Digital Institucional de Imágenes Médicas (Redimed) en 50 establecimientos de salud. En esos negocios participaron Corporación Font y el consorcio SOIN-Siemens-CESA, respectivamente, con responsabilidades sobre equipos, programas, licencias, instalación y mantenimiento.
En 2024, la CCSS volvió a seleccionar al ICE para servicios de comunicaciones WAN y monitoreo, luego de comparar cuatro ofertas y determinar que el Instituto presentó el menor precio. La CGR señaló que el ICE recurrió nuevamente a un socio privado para cubrir componentes relevantes del servicio.
El Inamu contrató un servicio administrado de telefonía por internet que contó con la participación de SONDA Tecnologías de Información. La empresa privada asumió, entre otras labores, el plan de implementación, el monitoreo permanente, la gestión de incidentes y el mantenimiento preventivo, mientras el ICE administró y fiscalizó el acuerdo.
El Ministerio de Hacienda contrató al Instituto para el arrendamiento de un centro secundario de procesamiento de datos, pero la empresa SWAT Consulting Services Latin America aportó, instaló y mantuvo el equipo, los programas y las licencias. El ICE revisó los planes, supervisó la instalación, coordinó con el Ministerio y trasladó al socio su participación económica.
En los casos del Minae y el Museo de Arte Costarricense, la CGR identificó la intervención del consorcio CESA-Anphora en servicios de conectividad y telefonía. El INS, por su parte, contrató al ICE para servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y conexiones seguras, mientras Componentes El Orbe aportó una parte considerable de los equipos y del trabajo técnico.
La fiscalización también determinó que el AyA contrató al ICE para un servicio en el que participó la empresa Continex. En marzo de 2026, la Dirección de Sistemas de Información del Instituto certificó que no encontró en el expediente el estudio de mercado ni la recomendación de adjudicación.
Órdenes al ICE y a las instituciones que la contrataron
La CGR instruyó al Consejo Directivo del ICE para que ordene a todas sus dependencias cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales o alianzas estratégicas con privados en contratos directos entre entidades públicas. El Instituto deberá acreditar esa instrucción ante la Contraloría antes del 28 de agosto de 2026.
El ICE también deberá establecer un mecanismo para demostrar, antes de aceptar una contratación directa, que cuenta con la capacidad técnica para ejecutar al menos el 70% del servicio. El Consejo Directivo tendrá hasta el 27 de noviembre para certificar la aprobación y divulgación de esos controles.
Las diez instituciones contratantes deberán crear mecanismos para verificar y documentar la capacidad técnica y legal de cualquier entidad pública que contraten directamente. La revisión deberá incluir la naturaleza del servicio, la idoneidad del proveedor, la relación entre las competencias institucionales y el objeto contratado, así como la forma en que ejecutará las obligaciones principales.
La Contraloría también les ordenó definir las acciones administrativas que correspondan para regularizar los contratos examinados y elaborar planes de transición que garanticen la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios. Las instituciones deberán certificar las decisiones adoptadas antes del 21 de setiembre y acreditar que ejecutan los planes de transición antes del 21 de octubre.
Contraloría identificó negocios con pérdidas y controles insuficientes
La segunda orden de la Contraloría analizó 16 asociaciones empresariales y concluyó que el ICE debilitó sus controles internos y la gobernanza de esos negocios. La CGR encontró acuerdos que funcionaron, en la práctica, como contrataciones de servicios tecnológicos, aunque el Instituto los tramitó como alianzas orientadas a compartir conocimientos, riesgos y beneficios.
En dos expedientes, por ejemplo, el ICE seleccionó a sus socios porque presentaron el menor precio, sin documentar las ventajas estratégicas, la innovación o las sinergias que justificaban una alianza. Para la Contraloría, ese criterio respondió a la lógica de una licitación ordinaria y no a la formación de un negocio conjunto.
El órgano contralor tampoco encontró sustento técnico suficiente para algunos porcentajes de distribución de ingresos. En distintos acuerdos, el ICE y sus socios pactaron repartos como 55% y 45%, 60% y 40%, o 54,5% y 45,5%, pero los expedientes no cuantificaron cuánto costaban los equipos, la infraestructura, el personal y los demás recursos que aportaba el Instituto.
La ausencia de esa información impidió determinar si el reparto resultaba proporcional, equitativo y rentable. La CGR indicó que varios convenios se declararon de “cuantía inestimable”, pese a que generaban ingresos y obligaban al ICE a destinar activos y recursos institucionales.
Uno de los principales señalamientos recae sobre el acuerdo AC-008-24 con Componentes El Orbe. Aunque el ICE proyectó inicialmente un margen neto de 10,23%, el negocio acumuló nueve meses consecutivos de pérdidas y trasladó cerca del 83% de los ingresos al socio comercial, sin que los informes demostraran que el Instituto cubría sus costos operativos.
Pese a esos resultados y a discrepancias detectadas en el servicio, el ICE otorgó al socio una calificación de desempeño del 100% durante el segundo semestre de 2025. La CGR explicó que la rúbrica utilizada no evaluó la implementación del servicio ante el cliente final y que los responsables tampoco emitieron alertas o recomendaciones correctivas.
Otro acuerdo redujo su margen neto proyectado de 23,19% a 3,27%, mientras un segundo negocio calculó una utilidad de 8,67% sin que los informes generaran alertas relevantes. El acuerdo vinculado con Redimed reportó inicialmente pérdidas cercanas al 8%, aunque su administrador atribuyó posteriormente ese resultado a un “error material” en una hoja de cálculo y a un ajuste relacionado con el impuesto al valor agregado.
Dos acuerdos más, suscritos con Corporación Font y el Grupo CESA, registraron durante 2025 un margen neto global del 6%, mientras los socios recibieron el 75,1% de los ingresos. La Contraloría indicó que los informes tampoco incluyeron recomendaciones sobre el desempeño financiero de esos negocios.
La fiscalización también encontró expedientes físicos, digitales e híbridos sin orden cronológico, incompletos o sin foliar. Parte de la documentación permanecía dispersa en carpetas y herramientas informáticas sin incorporarse formalmente al sistema institucional de gestión documental.
La CGR localizó, además, un acuerdo con Datasys Group dentro de un expediente físico que el ICE no había reportado entre sus alianzas vigentes. La institución indicó por correo electrónico que no tenía conocimiento del convenio, el cual tampoco mostraba ventas, ingresos o resultados que permitieran comprobar sus ventajas comerciales.
Los informes bimestrales de seguimiento utilizaron, según la Contraloría, plantillas principalmente descriptivas y omitieron recomendaciones, alertas tempranas y acciones preventivas. Esa práctica dificultó que la alta gerencia conociera oportunamente los márgenes negativos, los problemas operativos y el desempeño de los socios.
La CGR también cuestionó que los acuerdos recientes no incluyeran cláusulas anticorrupción específicas y detalladas, pese a que el reglamento interno del ICE incorporó esa obligación. Las referencias genéricas a prohibiciones legales o las declaraciones juradas aisladas, indicó el informe, no sustituyen los protocolos para prevenir, detectar y sancionar posibles sobornos, colusión u otras prácticas ilícitas.
La Contraloría ordenó al ICE establecer controles que definan con claridad los aportes técnicos, financieros y operativos de cada parte, mejoren la gestión de los expedientes, incorporen protocolos anticorrupción y conecten los resultados financieros con alertas dirigidas a la alta gerencia.
El Instituto también deberá elaborar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes, identificar los negocios que amenacen su patrimonio y adoptar medidas correctivas. Estas acciones podrán incluir ajustes, renegociaciones u otras decisiones administrativas según las condiciones de cada acuerdo.
La CGR indicó que dará seguimiento al cumplimiento de ambas órdenes por medio del Área de Seguimiento para la Mejora Pública. La Ley Orgánica de la Contraloría permite reiterar las instrucciones incumplidas y considerar como falta grave una desobediencia injustificada que persista, lo que puede dar lugar a la suspensión o destitución del funcionario responsable.